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¿Magistrados suplentes y/o liquidadores?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G. / La Paz

01:00 / 09 de diciembre de 2011

Como es sabido, entre los cambios establecidos por la Constitución y las leyes especiales respecto al Órgano Judicial se prevé la modalidad de los “magistrados suplentes”. En el sistema antes vigente, aquellos ya existían en el Tribunal Constitucional en forma permanente, o sea, además de los magistrados titulares. En cambio en la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, aquella figura nunca existió.

Para cumplir las funciones de “suplencia” se creó a los “conjueces”, designados por la Sala Plena de la misma Corte y cuyas funciones recaían en abogados escogidos por aquella. Eran convocados en los casos previstos por ley, para facilitar la actuación de la Corte ante la ausencia o impedimento legal, enfermedad, licencia y otras causas que no hacían posible la actuación de los ministros titulares.

En el Consejo de la Judicatura, que ahora se llama Consejo de la Magistratura, al no cumplir funciones de Tribunal Ordinario solo disciplinario, no estaba prevista aquella figura.

En definitiva, en los casos en que la suplencia tenía vigencia práctica se trataba del reemplazo del titular respectivo, según reglas establecidas en las mismas leyes especiales. Aquella figura, no podía obviamente tener otras características que no le corresponden.

En las nuevas disposiciones constitucionales y de leyes especiales, como la del Órgano Judicial y la que corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo primero que se determinó fue el sistema de elección por voto popular y directo de todos los magistrados de las diferentes instancias del Órgano Judicial, previa preselección por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Pero también se dispuso que esa elección comprenda, en todos los casos, a los magistrados titulares y a los suplentes.

En cuanto al Tribunal Constitucio-nal, aquel sistema está dispuesto en el artículo 197, numeral II, de la Constitución Política del Estado (cpe) que establece la existencia de magistrados suplentes. A su vez, el artículo 13 de la Ley 027 del 6 de julio del 2010, señala que ese Tribunal estará integrado por siete magistrados titulares y otros siete suplentes.

A su vez, la Ley 025 del Órgano Judicial, del 25 de junio del 2010, dispone en su artículo 33 que el Tribunal Supremo de Justicia se integrará por nueve magistrados titulares y otros nueve suplentes, elegidos por circunscripción departamental y no de carácter nacional, como se ha dispuesto para todos los demás casos.

La misma ley, en su artículo 134, establece para el Tribunal Agroam- biental que  lo conformarán siete magistrados titulares y otros siete suplentes.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, el artículo 174 habla de la elección de cinco magistrados titulares y otros cinco, suplentes.

Queda establecido, por lo tanto, que en todas las instancias superiores del Órgano Judicial existirán magistrados suplentes, quienes, además, ya fueron elegidos. Hay que suponer, por la naturaleza de la suplencia, que los magistrados que tengan aquella calidad actuarán SOLO EN REEMPLAZO DE LOS TITULARES y en los casos expresamente señalados por la ley especial. No está abierta, por tanto, la posibilidad de ejercer competencias en otros casos o cuando pudiera determinarlos por sí misma esa instancia del Órgano Judicial.

Lo decimos porque, antes de la dictación de la llamada Ley de Transición para el Órgano Judicial, aún en debate cuando formulábamos el presente trabajo, se adelantó la posibilidad de otorgar a los magistrados suplentes, sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, una función nueva y/o añadida a la inicial de solo suplentes.

Aquellos se convertirían en magistrados “liquidadores”. O sea, ante el enorme número de causas rezagadas, en muchos casos durante varias gestiones, se afirma que mientras los titulares estarían cumpliendo su tarea normal de despachar causas “nuevas”, aquellos otros se abocarían a resolver exclusivamente las causas en mora procesal, es decir, las que estén rezagadas en diversas materias, en cuanto al Tribunal Supremo y en cuanto al Tribunal Constitucional, sobre todo las que quedaron en un porcentaje del 84 por ciento, referidas a las consultas en los recursos de amparo constitucional y Hábeas Corpus.

Aparentemente, la idea al menos tendría un objetivo interesante y positivo, pero, jurídicamente y de acuerdo al esquema creado por la Constitución y las leyes especiales y que se ejecutará desde el 2012, no es posible.

Aunque se dictara una ley expresa que establezca la vigencia de aquellas funciones de “liquidadores de causas anteriores”, este hecho desvirtúa la propia naturaleza jurídica de la función de suplencia. No podría, por otra parte, mantenerse esta última junto con la otra. Se trataría de algo inaceptable, como es el ejercicio de una doble competencia.

Se trata de funciones absolutamente distintas y el ejercicio práctico de la competencia, en ambos esquemas, tiene también orígenes absolutamente disparejos.

Asimismo, nos preguntamos, ¿con tal función va a desaparecer en el futuro inmediato, la mora procesal? Obviamente que no. Por solo esa tarea, peor todavía, se requiere poner en práctica un esquema integral en cuanto a las leyes procedimentales, que por ahora solo es posible vislumbrarlo.

Hay que insistir en que su vigencia no es fácil ni es para mañana mismo, pero es absolutamente imprescindible. De otra forma, los tribunales superiores seguirán atosigados de causas y la mora procesal, lacra fundamental de la administración de justicia, no se habrá modificado.

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