La Gaceta Jurídica

La Magistratura y las denuncias

…los formularios deben ser recabados en la misma instancia donde se encuentran las ánforas, mecanismo que en otras experiencias como los bancos o empresas de servicios básicos provoca que las personas no se atrevan a concretar su denuncia por temor a otros problemas que posterguen más su causa.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 22 de febrero de 2013

Sin lugar a dudas, la administración de justicia continúa bajo el estigma de la corrupción y los malos manejos como la retardación, dilación de atención de casos o el tráfico de influencias, entre otros. De esta forma, la población mantiene una imagen de que los actos irregulares o ilegales perpetrados por algún juez o funcionario dependiente del Órgano Judicial en los departamentos del país se atribuye a todo el sistema, cosa que no debiera ser de ese modo, pues los actos ilegales de unos no pueden ser generalizados para la totalidad.

En este sentido, el Consejo de la Magistratura, como ente encargado del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, según establece la Constitución Política del Estado en su artículo 193, se encuentra promoviendo la transparencia en el distrito de La Paz con la instalación de ánforas para que los usuarios de los servicios de justicia hagan su denuncia cuando sientan que sus derechos son vulnerados y se cometen irregularidades.

En el artículo 179.I, esta misma ley fundamental señala que “la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces”, por lo que estos actores deben trabajar de acuerdo a las normativas nacionales. Al respecto, en una alusión a otra parte del artículo constitucional 193, que establece que “el Consejo de la Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana”, la titular del Consejo, Cristina Mamani, “pidió a los abogados y a la población que si son víctimas de maltrato, extorsión o uso indebido de influencias denuncien a los jueces y a los funcionarios judiciales”, según reportó La Razón Digital.

Sin discusión, esto es muy útil para un mejor funcionamiento del sistema judicial, pues, para la magistrada, si no se denuncia “no nos ayudan, porque nosotros no sabemos quién es el que extorsiona, quién es el que causa retardación”. De este modo, las ánforas están instaladas en las oficinas de Derechos Reales, en el Consejo Departamental de la Magistratura y en los juzgados de La Paz y de El Alto. Sin embargo, el procedimiento todavía se muestra muy formal y, tal vez, poco práctico, debido a que se debe llenar un formulario de dos partes, aunque con la facilidad de hacer seguimiento personal de la denuncia.

La dificultad podría encontrarse en que –se supone– los formularios deben ser recabados en la misma instancia donde se encuentran las ánforas, mecanismo que en otras experiencias como los bancos o empresas de servicios básicos provoca que las personas no se atrevan a concretar su denuncia por temor a otros problemas que posterguen más su causa. En este sentido, la Magistratura debe cumplir una labor de orientación para los denunciantes.

Asimismo, hace años que se ha promovido que las quejas contra funcionarios de Derechos Reales sean presentadas como denuncia, instancia que ahora es incluida en esta iniciativa de las ánforas, con lo que se supone que el espectro de acción está ampliado. Este empuje tiene el mérito de buscar la probidad de jueces y funcionarios, por lo que (no se informa de esto) tendrá que ser replicado en todo el país, como sucede con los 21 juzgados disciplinarios en todo el territorio, que ya han alcanzado frutos.

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