La Gaceta Jurídica

Marco de la Convención Americana de Derechos Humanos

Panel

La Gaceta Jurídica / Oscar E. Alba Salazar

00:00 / 06 de noviembre de 2012

La Convención Americana de Derechos Humanos (1), más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, firmada en febrero de 1993, en vigencia internacional desde el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Bolivia por Ley No. 1430 con el debido depósito de la Ratificación ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (oea), forma parte del Sistema Jurídico Internacional y Nacional de los Derechos Humanos (ddhh).

El Derecho Interamericano de los Derechos Humanos (regional) debe ser entendido como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (general), ya que su relación es de subsistema a sistema en el ordenamiento jurídico normativo internacional positivizado.

Esa verificación es necesaria para la adecuada aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales nacionales relacionadas con derechos humanos o derechos fundamentales, de acuerdo a las propiedades del sistema.

La comprensión del sistema jurídico y sus subsistemas normativos, con sus propiedades típicas como son las de la unidad, coherencia, completitud (2), forma parte de la hermenéutica necesaria para la verificación de la validez y aplicabilidad de las normas del Subsistema Interamericano de Derechos Humanos por las autoridades judiciales y administrativas del país, la descripción del sistema desde el Pacto de San José parece uno de los modos de constatar esas propiedades.

Un recuento desde la información de la Organización de Estados Americanos (oea) (3) muestra que Bolivia es parte de 30 instrumentos jurídico internacionales generales de ddhh (4), de los que el Estado forma parte originalmente o por adhesión y de igual modo en 13 instrumentos interamericanos de la materia.

Estos textos formarían parte del universo de los instrumentos normativos que rigen la materia, específicamente porque a esos textos deben sumarse los que contienen la jurisprudencia tanto general como regional sobre la materia y las decisiones o resoluciones de las instituciones internacionales que resuelven controversias o las reuniones o conferencias interestatales que desarrollan los diferentes tópicos de la materia.

Esto quiere decir que en materia de ddhh tenemos un universo normativo complejo, que requiere de los conceptos de vigencia, validez, alcance y vinculatoriedad para ser adecuadamente usados e interpretados como ocurre con el Pacto de San José como parte de ese ordenamiento.

En cuanto a la vigencia, deben tenerse en cuenta las fechas de su entrada en vigor para ante la comunidad internacional, puesto que estas marcan su vigencia en el viejo sistema jurídico dualista. En el ordenamiento jurídico republicano de Bolivia (dualista), era importante su incorporación al derecho nacional por la vía de la respectiva Ley de aprobación y sanción legislativa, por lo que internamente tenía mucha importancia la fecha de su promulgación, con la anomalía jurídica de que en algunos casos se aprobaron mediante decretos supremos, V. gr., D.S 16575 de 1979, por el que Bolivia se adhiere a Pacto de San José, textos normativos que aparentemente fueron objeto de saneamiento legislativo para su aprobación por la respectiva Ley.

En el sistema internacionalizado de la Constitución Política del Estado Plurinacional (cpep) vigente, la incorporación de los instrumentos internacionales al subsistema jurídico interno se produciría de modo automático, puesto que la Constitución prescribe que forman parte del bloque de constitucionalidad (artículo 410 de la cpep).

Los instrumentos jurídicos como el Pacto de San José, tienen plena validez jurídica sistémica, avalada tanto desde los derechos y obligaciones insertos en el texto de la Convención (artículo 1,1), como en los artículos de la cpep (artículos 13, 156, 410 y cc).

El alcance que hace referencia a los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales e internacionales, queda indudablemente referido por artículos como el 2 de la Convención y varios de los ya citados en la Constitución.

Es cierto que desde un punto de vista positivo, el texto de la Convención establece obligaciones jurídicas para los Estados que la firmaron, ratificaron o se adhirieron (res inter alios) y no para quienes no aceptaron su vigencia, sin embargo, al estar relacionada con el Derecho Internacional General  (erga omnes), el alcance de la convención regional estaría validado por el derecho internacional imperativo (jus cogens) inclusive desde su vertiente consuetudinaria.

El sentido vinculante de los instrumentos normativos internacionales se halla determinado por ellos mismos en el marco de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969, en la medida en que las partes en la Convención aceptan plenamente sus contenidos, en caso de no ser así debe observarse lo referido a las reservas normativas autorizadas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, teniendo en cuenta que en materia de Derechos Humanos, la doctrina reivindica la imposibilidad de hacer reservas en contenidos esenciales referidos al objeto y fin de los tratados como ocurre con la Convención Interamericana.

En América Latina, en variados círculos profesionales del derecho, existe la percepción de que el desarrollo del Derecho General y el Interamericano de los Derechos Humanos corresponde a la concepción de lege ferenda o el derecho programático, venidero en contraposición a la lege lata o derecho vigente, aplicable y útil, en especial en la época de los regímenes autoritarios, siempre dispuestos a disminuir la importancia de las reivindicaciones jurídico-políticas ligadas a los derechos humanos que implican garantías al derecho a la vida, la libertad, la dignidad y otros valores implícitos en la Convención Interamericana de Dere- chos Humanos como parte del subsistema jurídico interamericano.

Notas

1. Parte del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos, conformado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La Carta Social Interamericana y otros.

2. Que se puede entender también como pertinencia.

3. Según información, disponible en http://www.google.com.bo/#hl=es&biw=1440&bih=755&sclient=psyab&q=ratificaciones+de+bolivia%2C+convencion+americana&oq=ratificaciones+de+bolivia%2C+convencion+americana&gs_l=hp.3..33i21.31.10287.0.10461.41.29.9.0.0.3.2277.8203.1j7j16j3j91.28.0...1.0...1c.1.3ZqK695ETJg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d083b6f6a706ff2

4. Con la denominación de instrumentos internacionales, tenemos en este caso a convenciones, convenios, pactos, protocolos, declaraciones y acuerdos.

*    Es abogado con Maestría en Derecho Corporativo y en Docencia Superior por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Mayor de San Simón (IDEI).

Tomado de: Revista Idei Nº 47, septiembre de 2012.

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