La Gaceta Jurídica

Martes violento

…es necesario que se desarrolle políticas y mecanismos adecuados de fiscalización para que el aprovechamiento de los recursos mineros beneficie a toda la población nacional y al erario estatal y departamental.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 21 de septiembre de 2012

Esta semana, el centro de la sede de gobierno se convirtió en el campo de batalla de dos sectores enfrentados para mantener de su lado los recursos minerales de Colquiri, sin embargo, esta situación va más allá del interés del control económico sobre un yacimiento de potencialidades incalculables con exactitud y de los delitos y violaciones contra los derechos humanos que se perpetraron en esa jornada. Esto último tiene que ver con varias tipificaciones, entre ellas portar elementos peligrosos, amenazar la seguridad de las personas que se encontraban fuera del conflicto, atentar contra la vida de los mineros asalariados y de otros ciudadanos, provocar la muerte de un trabajador minero y causar heridas de diversa magnitud a varios otros, además de afectar propiedad privada y comunal y perjudicar el libre tránsito.

Esta situación, responde también a la falta de tratamiento oportuno y adecuado al tema de la minería en el país, puesto que continúa en vigencia una normativa sectorial que no corresponde a las características de la actual Constitución Política del Estado (cpe), lo que describe sin duda un descuido de grandes dimensiones de la actual administración de gobierno, situación agravada por la falta de acciones adecuadas y oportunas para que la disyuntiva entre bandos no llegue hasta donde lo hizo. Ya con anterioridad los órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado debieron avanzar con paso firme en lo que aún es un proyecto de ley discutido a tropezones y con lapsos muy espaciados.

El caso es que las autoridades nacionales deben incidir en la temática minera de una manera diferente, asumiendo que el Estado es responsable de promover la actividad minera en el país con seguridad y responsabilidad, debido a que este rubro es todavía de gran importancia para nuestra economía, incluyendo en este acápite políticas amoldadas a la explotación, industrialización y exportación de minerales, tomando en cuenta que el consumo interno de éstos es bastante reducido. Por otra parte, el Estado es responsable de apoyar al desarrollo del sector cuidando que las inversiones sean efectivas, los procedimientos adecuados y la aplicación de tecnologías pertinente a la época, lo que significa que sea conveniente para el medio ambiente; junto a estos puntos es necesario que se desarrolle políticas y mecanismos adecuados de fiscalización para que el aprovechamiento de los recursos mineros beneficie a toda la población nacional y al erario estatal y departamental.

El caso que se presenta es una disyuntiva para el gobierno, puesto que los mineros cooperativistas que presuntamente desataron la violencia son aliados del régimen, sin embargo, también se existen como un obstáculo para las políticas de nacionalización y de recuperación soberana de los recursos naturales. Por otra parte, este sector se ha convertido en uno de los más peligrosos para la salud ambiental, debido a que su accionar es errático y de magnitudes descontroladas y sin aportes reales para el Estado, puesto que las operaciones de los cooperativistas responden a formas de explotación rudimentarias que dañan la salud de los propios mineros, la de la población cercana a estas operaciones y de los ecosistemas que tienen procesos delicados para los seres vivos. En resumen, la administración tiene el reto de regular esta actividad y potenciar las formas legales y ampliadas de minería, promoviendo el bien general sobre el de algunos grupos.

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