La Gaceta Jurídica

Materia policial

Si se pretende depurar sin atacar las raíces del problema, ha quedado demostrado que no se avanza mucho, más todavía cuando las relaciones de poder y el juego de intereses permanece dominando discernimientos y es alimento de los ritos de conveniencia, muchas veces bajo influencia de la extorsión.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 10 de septiembre de 2013

Hace muchos años que la Policía Boliviana es objeto de dudas sobre su actuar institucional debido a los actos de corrupción que de una parte de ella se saben y que son perpetrados desde algún agente de parada hasta jefes de alta graduación. Esta situación es por demás bochornosa para el Estado a nivel internacional (da vergüenza ajena, dirían algunos), más aún cuando la última detención en Estados Unidos de uno de estos uniformados ha llevado a varios entredichos y contraacusaciones de otros miembros de la entidad verde olivo. 

La memoria se hace corta debido a los repetidos casos de corrupción, sin embargo, es posible rescatar los más recientes y graves para establecer muestras que describan el estado en el que se debate, por lo menos, una parte del organismo policial. Hace más de dos años que el general retirado René Sanabria Oropeza, quien era jefe antidrogas del presidente Evo Morales y, luego, asesor de los servicios de inteligencia de Bolivia fue apresado en el extranjero acusado de ser parte de una organización de narcotraficantes con alcance internacional que operaba en el país.

Posteriormente, el general Óscar Ciro Farfán fue destituido como Comandante Nacional debido a una acusación de clonado de placas de vehículos; en otro periodo de similares escándalos, el general Víctor Hugo Escóbar, excomandante policial, fue acusado de adquisición ilícita de un inmueble. Y, como colofón hasta este momento, el 31 de agosto el mayor de Policía Fabricio Ormachea fue detenido en Estados Unidos por agentes del FBI cuando extorsionaba al empresario Humberto Roca, quien se encuentra en Miami mientras es investigado por la quiebra de la compañía de transporte AeroSur y por el delito de enriquecimiento ilícito.

Más allá de la relación que puede ser más amplia en cuanto a casos de “menor o mayor” corrupción que involucran a uniformados verde olivo, el caso dramático es que la institución del orden y una de las encargadas de aplicación de las leyes y luchar contra los actos ilegales se encuentre en una crisis de dimensiones cada vez más abiertas y palpables en el parámetro moral y ético.

Entre tanto las circunstancias no son nada alentadoras, además de que no se vislumbra soluciones afectivas, el entramado policial se hace más oscuro e incierto porque no se apliquen políticas de transformación institucional; aunque más de un dictamen de personas de a pie y de líderes de opinión señala que será muy difícil cambiar el estado de cosas sin la revolución moral voluntaria y consciencial, no sólo en ésta, sino en muchas instancias del Estado.

Si se pretende depurar sin atacar las raíces del problema, ha quedado demostrado que no se avanza mucho, más todavía cuando las relaciones de poder y el juego de intereses permanece dominando discernimientos y es alimento de los ritos de conveniencia, muchas veces bajo influencia de la extorsión. Asimismo, la vigencia de las “escuelas” de la corrupción juega su papel trascendental en la formación de caldos de cultivo y relaciones interpersonales que pueden ser inicialmente involuntarias, pero con el riesgo de convertirse en atrapantes y sin posibilidades de salida.

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