La Gaceta Jurídica

Medida supletoria en lo municipal

La norma debe servir para guiar parte de los contenidos de las cartas orgánicas que aún se elaboran, para que estos documentos no contradigan los postulados que benefician a la estabilidad y buen funcionamiento de los gobiernos ediles…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 10 de enero de 2014

El gobierno promulgó esta semana la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que en su función principal es una norma que cumple las oficios de las cartas orgánicas ediles, que no han avanzado casi nada en su elaboración, aprobación y consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) para que éste corrobore la conformidad de estos documentos con la Constitución Política del Estado de 2009.

Según datos oficiales difundidos después de la promulgación de esa norma, de los 339 municipios que existen en Bolivia sólo uno tiene su carta orgánica aprobada por el tcp, entre tanto, otros 89 están a la espera de revisión de su documento, lo que quiere decir que los 249 gobiernos municipales restantes no han terminado de elaborar sus cartas orgánicas o que ni siquiera han empezado a hacerlo.

De hecho, al tratarse de una medida que suple a estos documentos, la misma establece que quedará inservible para cada municipio que cuente con una carta orgánica aprobada por el Tribunal Constitucional, sin embargo, antes de que esto suceda, la nueva ley evitará confusiones sobre atribuciones en los concejos municipales y la destitución forzada de autoridades elegidas por voto popular.

Según el presidente del Estado, Evo Morales, y la ministra de Autonomías, Claudia Peña, esta legislación servirá también para mejorar la gobernabilidad en los municipios y consolidar la autonomía de estos niveles de gobierno local. De este modo, se puede destacar que la norma imposibilita la destitución de alcaldes mediante acción o presiones de los concejos municipales, salvo en casos determinados específicamente. En caso de suceder, las autoridades municipales deben presentar su renuncia de manera personal ante el concejo de su jurisdicción y ante el Tribunal Supremo Electoral (tse).

Mientras esto parece garantizar que no continuarán los llamados “golpes municipales” para destituir autoridades, la legislación remediará también las bajas ejecuciones presupuestarias entretanto determina de forma exacta la organización y atribuciones del Concejo Municipal como órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador del gobierno jurisdiccional, también determina que estos entes ediles deben generar espacios formales de participación y control social.

Otro aspecto que debe merecer mucho énfasis al aplicarse la nueva ley es la obligación de que las autoridades ejerzan su mandato desde su municipio, seguramente en atención a que muchas de éstas tienen domicilio en ciudades grandes mientras mantienen un cargo en un municipio chico. Lo mismo ocurre con la determinación de evitar que los alcaldes actúen desconociendo a los concejos municipales, además, los municipios que tengan más de 50.000 habitantes deben funcionar con autonomía administrativa del concejo frente al ejecutivo.

En todo caso, garantizar la gestión, la ejecución adecuada del presupuesto y el cumplimiento de funciones de las autoridades municipales al mismo tiempo de reducir la corrupción y la centralización de decisiones, la norma debe servir para guiar parte de los contenidos de las cartas orgánicas que aún se elaboran, para que estos documentos no contradigan los postulados que benefician a la estabilidad y buen funcionamiento de los gobiernos ediles, instancias que no dejan de presentar conflictos cada inicio de año.

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