La Gaceta Jurídica

Mirada en retrospectiva al Derecho Ambiental Internacional

(Parte final) Los Estados reguladores establecen las “reglas del juego”. Posición de Cuba

Mirada en retrospectiva al Derecho Ambiental Internacional

Mirada en retrospectiva al Derecho Ambiental Internacional FOTO: worldraider.com

La Gaceta Jurídica / Joao Domingos Víctor*, Yomisel Galindo Rodríguez, Alcides Antúnez Sánchez**

00:00 / 08 de enero de 2013

Corresponde a los Estados establecer las pautas y condiciones para la actividad pesquera, así como el régimen sancionador para los infractores de las normas jurídicas. En este sentido, Cuba constituye un país en avanzada.

A partir de la Ley No. 81 sobre protección al medio ambiente, se han desprendido normas jurídicas entre las que se destacan el Decreto Ley No. 164 (1), Reglamento de Pesca que, en su capítulo I, la define como el acto de extraer, capturar, colectar o cultivar por cualquier procedimiento o medio acuático, especies o elementos biogenéticos cuyo medio de vida parcial, total o temporal sea el agua así como los actos previos y posteriores relacionados con ella.

En este Decreto se define a la Comisión Consultiva de Pesca como el máximo órgano consultivo en materia de ordenamiento y administración de los recursos acuáticos de las aguas marítimas y terrestres. La actividad pesquera puede ser realizada de varias maneras, sin embargo, se requiere autorización a excepción de la realizada desde el litoral a la orilla, sin asistencia de medios flotantes y mediante varas, carretes, cordel y anzuelo, salvo en aquellas áreas sujetas a regímenes especiales. Las restantes modalidades y la explotación acuícola requieren de la autorización del Ministerio facultado.

Corresponde al Ministerio de la Industria Alimenticia, como organismo de la Administración Central del Estado conceder, renovar, modificar y cancelar las autorizaciones de pesca.

Estas comprenden concesiones, licencias o permisos, estableciendo los requisitos y mecanismos correspondientes para su otorgamiento y control. Este ministerio está obligado a tener en cuenta los intereses de la defensa nacional y acordará con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de la Reserva Estatal, aquellos sitios que, dentro de las zonas autorizadas no tendrán libre acceso o el acceso estará completamente prohibido.

La autorización, como técnica de la Administración Pública para la garantía y ejercicio de sus funciones, es la base fundamental para el ordenamiento de la actividad pesquera.

La emisión, renovación y cancelación de cualquier tipo de autorización de pesca deberá ser formalizada por las oficinas provinciales de inspección pesquera, aprobada luego por el Ministro de la Industria Alimenticia como máximo órgano rector de esta actividad en Cuba.

Desde el triunfo de la Revolución cubana existen preocupaciones por la preservación del medio ambiente. Esta preocupación se ha visto materializada a partir de la entrada en vigor de normativas que se encaminan a ese fin. Una muestra es la Resolución No. 33 (2), puesta en vigor el 10 de mayo de 1996, por Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Este cuerpo normativo designa al centro de Gestión e Inspección Ambiental como autoridad administrativa facultada para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

Establece los límites máximos de captura de la especie coral negro, así como las zonas a las que se limita nacionalmente dicha actividad.

Por su parte la Resolución No. 456 (3), de 28 de noviembre de 1996, la cual se encuentra vigente, creada por el Ministerio de la Industria Pesquera mientras dirigía la política de la actividad pesquera en Cuba, establece la metodología para la aplicación de la política de otorgamiento de autorizaciones de pesca en la República, política que responde a la necesidad de regular el acceso a esta actividad con métodos más actualizados, dinámicos y fáciles de controlar, ya que en muchos casos la misma está localizada en áreas poblacionales donde constituye la principal fuente generadora de empleos, y por ello la aplicación de un esfuerzo de pesca desmedida puede provocar la sobre explotación de los recursos acuáticos y conducir a una gestión económica deficiente (4).

El Ministerio de la Industria Alimenticia hereda, además, la responsabilidad de establecer el sistema de autorizaciones para una explotación ordenada y sostenible de los recursos pesqueros.

Asimismo, promover que las personas que practiquen la pesca alcancen los objetivos deseados, ya sean comerciales o de esparcimiento, sin causarle pérdidas económicas al Estado.

Teniendo en cuenta que la autorización es un acto mediante el cual la Administración le permite a un particular o grupo la realización de una actividad determinada (5), el profesor Ramón Parada, la califica como un acto reglado que libera la prohibición del ejercicio de un derecho o libertad preexistente, por lo que la autorización trata de determinar si la actividad o el ejercicio del derecho o libertad en cuestión cumple las exigencias legales o reglamentarias (6).

Así puede afirmarse que la autorización otorga el permiso de hacer algo por encima de una prohibición legal.

Tampoco confiere propiedad ni derecho contractual que pueda ser legalmente vendido o transferido. Es solamente el privilegio de hacer algo, bajo determinados términos y condiciones. A partir de ahí, la autorización de pesca constituye el documento oficial mediante el cual el Ministerio de la Industria Alimenticia de Cuba otorga permiso a una persona natural o jurídica (nacional o extranjera) para capturar una o más especies acuáticas en las aguas marítimas y/o terrestres del territorio nacional; con sujeción a las condiciones consignadas en dicho documento.

Este permiso no es permanente; el que recibe la autorización adquiere un privilegio de pesca limitado más que un derecho absoluto. A partir de las normas, la autorización de pesca es intransferible, solamente pudiendo disfrutar de ese privilegio la persona a quien le ha sido otorgada.

Por este motivo, la transferencia a cualquier otra persona será considerada un acto ilegal, perdiendo su titular el privilegio que le concede. Los objetivos básicos para el otorgamiento de las autorizaciones de pesca en Cuba son:

-              Conservación. Ayudar a la conservación de los recursos acuáticos. Viabilidad económica. Promover la estabilidad y viabilidad económica de las operaciones pesqueras.

-              Distribución. Promover una distribución equitativa del acceso o los recursos pesqueros.

-              Desarrollo de la flota pesquera. Promover el desarrollo ordenado de la flota pesquera controlando el número, tamaño y tipo de nuevos barcos.

-              Administración pesquera. Facilitar la colecta de datos para propósitos de administración, control y planificación. Las autorizaciones de pesca estarán categorizadas de la siguiente manera:

-              Licencia de pesca.

-              Las licencias para la pesca comercial según lo establecido en el capítulo III, artículo 16 del Reglamento de pesca, se emiten anualmente y podrán ser renovables.

-              Las licencias para la pesca comercial se otorgarán de forma individual a las embarcaciones pesqueras pertenecientes a las entidades armadoras adscriptas al actual Ministerio de la Industria Alimenticia, previa solicitud de la dirección de dichas Organizaciones Económicas Estatales.

-              Dicho trámite se aplicará igualmente a las embarcaciones dedicadas a la pesca para el autoconsumo social, perteneciente a otras entidades estatales.

-              Excepcionalmente y de acuerdo con el Consejo de Administración Provincial y la Asociación Pesquera Territorial, podrán concederse licencias de pesca comercial a particulares.

-              En tales casos se requerirá que el propietario de la embarcación acredite el registro de ésta en la Capitanía del Puerto correspondiente.

-              Los trámites para la solicitud y obtención de la licencia de pesca comercial, se harán a través de la Oficina Provincial de Inspección Pesquera de cada territorio.

-              La aprobación de las licencias para la pesca comercial, incluyendo la de autoconsumo, es facultad del Ministro de la Industria Pesquera, quien ha delegado esta atribución en las Oficinas Provinciales de Inspección Pesquera de cada territorio, subordinadas a la Oficina Nacional que está adscripta al referido Ministerio.

-              La licencia para cada una de las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial será expedida para los siguientes tipos de pesquerías y sujeta a las tarifas anuales.

Las pesquerías comerciales en embalses de agua dulce no requerirán por el momento de la licencia de pesca.

El reglamento establece además las correspondientes licencias para la pesca deportivo–recreativa a personas naturales o jurídicas propietarias de embarcaciones, siendo indispensable presentar la certificación de registro de la embarcación en la Capitanía del Puerto y tener el correspondiente certificado de navegabilidad.

También podrán ser otorgadas a extranjeros y turistas que deseen practicar la pesca deportivo-recreativa y a las instituciones estatales que realizan pesca de investigación. Otra cuestión que puede ser objeto de violación y, por lo tanto, considerarse pesca ilícita, lo constituye la cantidad en kilogramos como unidad de medida en el pesaje.

En este asunto se estableció por el Ministerio de la Industria Alimenticia (7), la cantidad de hasta 15 kilogramos (33 libras) como cuota máxima de captura permisible para la práctica de la pesca deportiva-recreativa en las zonas de gran interés económico-pesquero, establecidas en el Reglamento de Pesca, para el caso de las zonas abiertas de menor interés económico-pesquero, igualmente reguladas en el citado Reglamento, la cuota máxima de captura permisible será de hasta 30 kilogramos (66 libras).

Todo pescador deportivo-recreativo autorizado para la práctica de esta modalidad de pesca tendrá derecho a dichas cuotas por cada salida al mar.

Por otro lado, se prohíbe en todo el territorio nacional la captura, desembarque, transportación y comercialización de especies acuáticas de la plataforma marina cubana cuyas tallas mínimas se encuentran por debajo de las consignadas en el anexo a ésta, la prohibición se hace extensiva a la captura y el desembarco del producto de la pesca deportivo-recreativo (8).

Cuba cuenta con un régimen contravencional, el cual forma parte de su derecho positivo. En este régimen se regulan las faltas o violaciones de la legalidad no refrendadas como delitos o consideradas infracciones administrativas, cuyo tratamiento se ha caracterizado por la aplicación de sanciones pecuniarias como sanción principal, acompañadas de sanciones accesorias.

El Código Penal establece el comiso como sanción accesoria, lo que constituye un avance en concordancia con el principio de mínimo acceso penal de tanta utilización en la teoría y práctica actuales.

La pesca ilícita aparece regulada en el Código Penal Cubano en el artículo 242, el cual plantea: “el extranjero que, sin la debida autorización, con cualquier clase de embarcación, penetre en las aguas territoriales o en la Zona Económica de la República, adyacente a su mar territorial, con el fin de practicar la pesca, incurre en sanción de multa de mil a diez mil cuotas” (9).

De igual forma, el Decreto Ley No. 164 (10) de 22 de julio de 1996, en su capítulo viii, artículo 50 y siguientes, establece las sanciones aplicadas a las infracciones y violaciones de lo preceptuado en el Reglamento de Pesca, en este caso se hace referencia al comiso como una de las sanciones accesorias.

Merece especial atención cómo Cuba ha establecido un sistema de normas cuyo fin fundamental es la preservación del medio ambiente, sin embargo, aún no se ha logrado eliminar por completo la actividad ilícita de pesca por la magnitud y características que tiene, por este motivo debemos unirnos a los criterios de algunos autores y especialistas en la materia para afirmar que el sistema contravencional, en muchos casos no es aplicado y, de serlo, adolece de la necesaria severidad para lograr que los individuos rectifiquen las actitudes violatorias de la legalidad.

Las “reglas del juego” en el caso de Angola

En la nueva Ley de Pesca de Angola, que tiene como finalidad asegurar el desarrollo sostenible de los recursos biológicos acuáticos, se establece que el gobierno angoleño o el ministerio competente, en este caso el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, debe elaborar los planos de ordenamiento de la pesca marítima y continental, así como los planos de desarrollo de la acuicultura. Sin embargo, hasta el momento en que es llevada a cabo esta investigación, en materia de protección se ha realizado el mayor énfasis en la acuicultura, correspondiendo tal vez con la actividad pesquera más realizada en este país.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca debe coordinar con los ministerios relevantes y los Gobiernos de las Provincias la formulación del plan de desarrollo de la acuicultura nacional y de cada provincia. Asimismo se otorgan licencias para la actividad de acuicultura.

Las licencias para el ejercicio de la actividad de acuicultura en Angola se clasifican en:

-              Licencia de acuicultura comunal o de subsistencia.

-              Licencia de acuicultura comercial.

-              Licencia de acuicultura de investigación.

Por otra parte, quienes deseen llevar a cabo las actividades de acuicultura comercial deberán presentar una solicitud de licencia, de conformidad con el modelo y datos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, pudiendo en algún momento este propio ministerio denegar alguna licencia cuando:

-              La instalación no cumple con los requisitos establecidos, en especial con las normas técnicas de prevención de la contaminación, higiene y seguridad, así como con las normas urbanísticas aplicables.

-              Las actividades de acuicultura pudieran atentar con la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, el ambiente y la salud pública.

-              Las actividades de acuicultura pudieran perturbar el ejercicio de derechos de terceros sobre los recursos naturales, en especial de las comunidades rurales y costeras (11) y podrá ser revocada la licencia cuando:

-              No se haya iniciado el funcionamiento del establecimiento dentro de un año posterior a la emisión de la licencia.

-              Se haya comprobado la paralización de las actividades del establecimiento durante un año.

-              Se hayan modificado las características del establecimiento consignadas en la licencia correspondiente, sin la debida autorización.

-              No se hayan cumplido con las obligaciones relacionadas con el pago de las tasas anuales de licencia.

No sólo puede ser revocada o denegada una licencia por parte del órgano competente, sino que la licencia puede ser objeto de caducidad. Esto sucede cuando llega al vencimiento del plazo otorgado y siempre que no se haya solicitado una renovación correspondiente.

El régimen angoleño carece de determinados medios jurídicos que conlleven al buen ejercicio de la actividad pesquera dentro y fuera del territorio aún y cuando es importante destacar que es parte como bien se anunció anteriormente del primer y único tratado sobre pesca ilícita y protección.

De este análisis comparado entre las legislaciones cubana y angoleña se desprende que resultan claras las carencias normativas en el contexto de Angola, en lo que el precitado derecho positivo cubano, pudiera servir de referente, por la existencia de una regulación adecuada, si bien no extensa, y un complejo institucional definido para garantizar la protección de esta actividad.

Situación en Angola como consecuencia de la pesca ilícita

La pesca es para Angola importante en la actividad económica y una de las principales fuentes de alimentación para la población y el consumo animal. Esta actividad resulta de un marcado interés comercial no sólo por los pobladores de la región.

En este sentido, este país define estrategias para la protección de las especies marinas con la ampliación de planos de gestión que incluyen a la limitación de capturas y de los esfuerzos de la pesca y del establecimiento de áreas de pescas.

Angola es uno de los países ricos en especies acuáticas con elevado valor monetario en el mercado. Esto lo hace un país vulnerable a la pesca ilícita al ser codiciado por las potencias industriales en esta materia.

Estos actos ilegales son practicados en gran medida por una parte por los extranjeros en aguas territoriales e internacionales cercanas a las costas marítimas de Angola. Mientras por la otra, algunos angoleños que las comercializan en las zonas costeras así como en otras provincias.

A pesar de los esfuerzos que el país realiza por resolver el tema de la pesca ilícita, esto no se concreta por cuestiones que deben ser resueltas primero y que corresponden a la administración. Una es la falta de embarcaciones de fiscalización o control.

Hasta este momento en que se lleva a cabo la investigación se ha podido conocer sólo sobre el déficit para el control y fiscalización producto de la cantidad de embarcaciones disponible (12). Esta deficiencia resulta ser una oportunidad propicia para aquellos que se dedican a la actividad pesquera ilícita, lo cual se equipa con embarcaciones de gran porte, los llamados aristones, que arrasan toda la fauna marítima.

En este sentido, es compartible el criterio de Carlos Martini (13) cuando refiere que, para asegurar una gestión eficaz y sustentable de los recursos pesqueros, es preciso potenciar el órgano de fiscalización con hombres capaces y medios adecuados. Sólo existe una oportunidad para eliminar o en su defecto al menos disminuir la pesca ilegal.

Con una fiscalización llevada a cabo por embarcaciones equipadas con tecnología de punta; con un personal equipado, bien entrenado, capacitado para llevar a cabo la tarea y sobre todo comprometido con la actividad que realiza; será la única manera de ver reducido o terminado el elevado índice de la pesca ilegal.

Todo eso no garantiza el éxito si no está acompañado del esfuerzo de las entidades y organismos encargados como: la Marina de Guerra de las Fuerzas Armadas Angoleñas, la Policía Fiscal del Ministerio del Interior que trabajan en coordinación con la propia Dirección de Fiscalización del Ministerio de la Pesca y la flota de inspección, fiscalización y vigilancia marítima.

Afortunadamente, ya se ve los primeros pasos con la compra de 10 embarcaciones de punta por el país angoleño, apropiadas para el servicio de fiscalización y control de las zonas costeras, las que se unirán a las existentes. A pesar de eso resulta insuficiente por la gran extensión de la zona marítima y costera. La situación en Angola es más difícil de lo que parece, a diario hay pesca ilícita.

El resultado de la pesca de captura llevada a cabo trae resultados no deseados para los ecosistemas, lo que los pone en peligro y en riesgo de contaminación. Ejemplo de ello es la captura de especies no deseadas, constituyendo desperdicios vivos ya capturados, conocidos como descarte.

Por otra parte, se encuentra la captura de tallas no permitidas, con la cual las especies no se recuperan. En determinadas ocasiones estas se pierden o, a veces, son devueltos al mar en condiciones paupérrimas, lo que provoca que el animal pueda convertirse en el mejor de los casos en alimento para otras especies, de lo contrario será un agente contaminante del medio. Por último, se muestra la degradación del suelo marino y el medio acuático, representando una preocupación para la opinión mundial.

Notas

1. Resolución No. 33 de 10 de Mayo de 1996, Protección del Coral Negro, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 15 pág. 255 y ss.

2. Resolución No. 456 de 28 de noviembre de 1996, Metodología para la aplicación de la política de otorgamiento de autorizaciones de pesca, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 40 pág. 637 y ss.

3. Antúnez Sánchez, Alcides Francisco y Ballester Nápoles Luis. Los problemas medio ambientales que afectan la actividad pesquera en el Golfo del Guacanayabo. Granma, 2009, Especialidad en Asesoría Jurídica, Facultad de Derecho. Universidad de Oriente. Cuba.

4. De Ahumada Ramos, F., Las formas de actuación de las administraciones pública. htpp://www.premium.vlex.com/doctrina/materiales-estudio-derecho-Económico-Administrativo/ NH306.

5. Parada, Ramón, Derecho Administrativo, 9na. Edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, parte general I, p. 430.

6. Resolución No. 519 de 9 de diciembre de 1996, Cuota máxima de captura para la pesca deportivo-recreativa, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria No. 44 pág. 703 y ss.

7. Resolución No. 561 de 31 de diciembre de 1996, Regulaciones sobre las tallas mínimas de peces, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 51 pág. 812 y ss.

8. En apartado anterior se regula que en el caso a que se refiere el apartado anterior puede imponerse como sanción accesoria, además de la que corresponda, el comiso de los avíos de pesca y de las especies capturadas.

9. Ibídem No. 20.

10. Artículo 207 de la Ley de Recursos Biológicos Acuáticos y del Reglamento de Acuicultura.

11. Benguela constituye un ejemplo de déficit para fiscalizar y controlar la pesca. Posee un único medio para cubrir la extensión territorial.

12. Actual director provincial de la pesca en Benguela. República Popular de Angola.

13. Informe realizado por el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña.

*             Es licenciado en Derecho, Angola.

**          Son profesores de la carrera de Derecho. Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Granma, Cuba. Tomado de: urbeetius.org

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