La Gaceta Jurídica

Modelos éticos para una mejor acción periodística

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 10 de octubre de 2014

Nuestro país cuenta con normas deontológicas importantes, pero dispersas. La última corresponde al Consejo Nacional de Ética. No obstante, son insuficientes. En la actualidad observamos faltas éticas que nadie sanciona; esto motivó que en diferentes ocasiones el sistema político quiera regular el funcionamiento de los medios de comunicación social.

En el marco de la autorregulación, los periodistas deben dotarse de un código deontológico en un gran congreso donde estén todos, absolutamente todos. Para ese fin servirán las compilaciones, v. gr., elaboradas por Porfirio Barroso o Hugo Aznar. Nosotros proponemos que se tome como punto de referencia el Código de Ética de Canadá.

Este código canadiense afirma, por ejemplo, que “NUESTRA INFORMACIÓN DEBE SER JUSTA, EXACTA y comprensiva. Cuando incurrimos en equivocaciones debemos corregirlas”. Este valor, la imparcialidad, es fundamental en un sistema democrático. En los últimos años, los periodistas, en especial los que cubren el área judicial –llamada seguridad– casi siempre se parcializan con una de las partes. Al final, el periodista tiene sentimientos y, generalmente, se parcializa con la víctima.

El 2000, la Asociación Canadiense de las Pautas de Ética de los Periodistas afirmó que la imparcialidad es que respetemos los derechos de la gente implicada en las noticias y seamos responsables ante el público POR LA IMPARCIALIDAD Y LA CONFIABILIDAD de nuestra información. No permitamos que “nuestros propios prejuicios influencien la información justa y exacta”.

En el caso boliviano casi siempre partiremos de prejuicios que subyacen en nuestro esquema mental, aunque pueden ser muy ciertos y evidentes. La víctima es nuestra fuente, estamos obligados a brindarle la entrevista, también el supuesto delincuente lo es (a pesar de que no nos guste). Suele ocurrir que el “delincuente” sea otro, pero el periodista ya atribuyó el delito a un tercero que resulta ser inocente. No somos imparciales.

En la vida política partimos de la idea de que, v. gr., el opositor tiene la razón y construimos la nota de información sobre la base de una sola fuente; o, al revés, estamos convencidos de que el oficialismo tiene la razón y no entrevistamos al opositor. Es muy difícil, lo sabemos, pero la nota debe ser armada sobre la base de dos fuentes (no lo decimos nosotros, lo sostiene Amparo Canedo, directora de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica).

El mismo código deontológico continua y dice: “respetaremos los derechos de cada persona a un juicio justo, IDENTIFICAREMOS LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN, excepto cuando haya una clara y apremiante razón para proteger el anonimato. Cuando ESTO OCURRA EXPLICAREMOS LA NECESIDAD DEL ANONIMATO”.

Lo que pasa es que en los últimos años el periodista pretende sustituir al juez y fiscal. Curiosamente, de buena fe, el periodista y fundamentalmente los presentadores de televisión son los que todos los días en los informativos tienen listas sus “sentencias”. A veces el periodista no lo advierte, pero podría ser manipulado o instrumentalizado por la fuente, ésta puede estar guiada por intereses malévolos (no siempre se actúa de buena fe).

Sucesivamente, el Código de Ética canadiense sostiene que daremos a las compañías y organizaciones acusadas públicamente o rápidamente censuradas la OPORTUNIDAD DE RESPONDER. Haremos un esfuerzo genuino y exhaustivo para contactarlas y lo diremos si declinan comentar. El autor de esta columna no conoce un caso donde públicamente el periodista reconozca que se ha equivocado, v. gr., Enrique Salazar.

En el fondo estamos hablando del Derecho de Réplica y, según este código, no habría que esperar una petición, sino que, por iniciativa propia, el periodista rectifique la información y se disculpe por el error.

La norma en cuestión dice: “identificaremos claramente las noticias y las opiniones de modo que los lectores, los espectadores y los oyentes vean cuál es cuál”. Con seguridad, esto no ocurre en la práctica; por eso, apoyados en Margarita Riviere dijimos que es el mal de estos tiempos.

El código canadiense es claro y categórico cuando sostiene que debemos advertirle al televidente cuándo se informa y desde qué momento es mi opinión. Esta norma rige en el mundo democrático; no así para los modelos socialistas ni regímenes totalitarios.

Uno de los temas ausentes de nuestros códigos de ética es la EXACTITUD. En cambio, el código que glosamos sostiene que “los reporteros son responsables de la exactitud de su trabajo. Los editores deben confirmar la exactitud de las historias antes de la publicación. Los editores deben conocer en detalle la documentación para apoyar las historias y la confiabilidad de las fuentes. Corregiremos los errores de hecho o del contexto puntualmente y, DE BUENA GANA. Publicaremos o difundiremos correcciones, clasificaciones o apologías de una manera constante. NO ENGAÑAREMOS AL PÚBLICO sugiriendo que un reportero es algo que él o ella no es”.

Esto no suele ocurrir en el país. Lo más grave es que se invente fuentes o se escriba notas sobre la base de fuentes inexistentes.

Sobre el derecho a la intimidad, es bueno afirmar que el Código Nacional de Ética es mucho más revolucionario porque determina que el hombre público tiene este derecho (esto debe ser copiado por otros países). El servidor público o la mujer u hombre de relevancia pública tienen derecho a la privacidad; v. gr, el periodista no es servidor público pero es hombre o mujer de relevancia pública y tiene derecho a la privacidad.

Con grata sorpresa el código canadiense afirma que “debemos utilizar encuestas prominentemente solo cuando conocemos el contexto completo de los resultados; LOS NOMBRES DEL PATROCINADOR y de la agencias encuestadoras; la población de la cual la muestra fue dibujada; el tamaño de la muestra; margen del error; tipo de entrevista; las fechas cuando la encuesta fue tomada y la fraseología y el orden exacto de las preguntas. Las encuestas comisionadas por los grupos de interés particulares y patrocinadas políticamente piensan que los centros de investigación y los institutos son especialmente sospechosos”.

Cuán pertinente sería que en el periodismo boliviano haya una norma ética que copie al modelo canadiense.

Un acápite importante es el vinculado a columnistas y los artículos de éstos en los medios escritos. “Los columnistas deben ser libres para expresar sus opiniones, incluso cuando esas visiones sean controladas a las vistas editoriales de su organización, MIENTRAS EL CONTENIDO ENCUENTRE LOS ESTÁNDARES PERIODÍS- TICOS generalmente aceptados para LA IMPARCIALIDAD y la EXACTITUD Y NO VIOLE LA LEY”.

Nuestro país debe imitar el canon. Ocurre que, por ejemplo, a un funcionario estatal o a un militante de la oposición no le podemos pedir imparcialidad. Por eso es recomendable que los medios no den cabida a militantes o autoridades como columnistas. ¿Puede pedirle usted imparcialidad a un masista o a un demócrata?

Finalmente, el modelo canadiense dice que “en nuestro papel como periodistas justos e imparciales debemos estar libres para comentar respecto a las actividades de cualquier poder público. No es posible si tenemos un conflicto de interés evidente, si somos miembros activos de un grupo que estamos cubriendo”.

Vea como ejemplo que una periodista es relacionista pública en el aparato estatal y ella misma debe cubrir su fuente laboral y conduce un programa de televisión ¡vaya dilema!

Es experto en Derecho de la Información.

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