La Gaceta Jurídica

Mujer y abogacía en la Roma antigua: tres casos célebres

(Parte final)

Foto: almacendeclasicas.blogspot.com

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Ana Lucía Truque Morales

00:00 / 09 de septiembre de 2014

Si bien el caso de las matronas es muy interesante, tanto por las circunstancias en que se desarrolló como por su desenlace favorable a las aspiraciones de las mujeres, la actuación de Hortensia como abogada parece haberse limitado, por lo que sabemos, a este único caso, ya que de lo contrario, posiblemente, Valerio Máximo u otro de los escritores que se refirieron a él hubiesen comentado otras de sus actividades forenses.

Caya Afrania

Aunque el caso de Hortensia y las matronas es el mejor conocido y documentado, sin duda tuvo mayor trascendencia para el ejercicio forense por parte de las mujeres romanas, y no ciertamente para favorecerlas, lo ocurrido con la restante de las protagonistas de las historias de Valerio Máximo, Gaya o Caya Afrania.

Caya Afrania parece haber sido la única de las tres mujeres mencionadas por Valerio Máximo que sí se dedicaba a la abogacía de modo habitual.

En los otros dos temas, el de Amesia Sentia y el de Hortensia, el escritor dejó consignado que ambas actuaron en defensa de sus propios intereses en situaciones que podríamos llamar excepcionales. La primera ante una grave acusación en su contra y la segunda para evitar un impuesto abusivo.

En ambos casos se trató de una única actuación judicial. Por el contrario, Caya Afrania, al parecer, recurría con frecuencia a los tribunales, según veremos.

Afrania fue contemporánea de Hortensia, ya que murió en el año 49 a.C. Estaba casada con un senador llamado Lucio Bución y también se ha indicado la posibilidad de que fuera hermana de Lucio Afranio, quien  fue Cónsul en el año 60 a. C, combatió en el bando de Pompeyo en la guerra civil que lo enfrentó con Julio César y murió asesinado en el año 46 a.C (Smith, Sir William, 2005, I, pp. 54-55).

En tono furibundamente machista, Valerio Máximo dice: “Pero Afrania mujer de Licio Bución Senador, apercibida para traer pleitos, siempre habló por sí delante del Pretor.

No porque le faltaban abogados, sino porque era muy desvergonzada. Y así ejercitando los tribunales a menudo, con voces no acostumbradas en la plaza, salió por ejemplo muy conocido de afrenta de las mujeres, en tanta manera, que el nombre de Afrania se dé en rostro a las malas costumbres de las mujeres, en lugar de delito: pero vivió hasta que fueron segunda vez cónsules Cayo César y Publio Servilio, porque más se ha de entregar a la memoria, en qué tiempo haya muerto tal monstruo, que en qué tiempo haya nacido”.

En el original el texto señala: “C. Afrania vero Licinii Bucconis senatoris uxor prompta ad lites contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod aduocatis deficiebatur, sed quod inpudentia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine inprobis feminarum moribus C. Afraniae nomen obiciatur. prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum P. Seruilium consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.”  (Valerio Máximo, 1688, 8.3.2).

Dejando aparte los misóginos comentarios del escritor y el hecho de que el nombre de la protagonista del párrafo terminase por convertirse en un insulto para las romanas, lo que se puede deducir de este párrafo es que Afrania acudía con frecuencia a los tribunales y ante ellos actuaba con voces vehementes y que podían considerarse inusitadas, aunque no sabemos si eso se debía a que efectivamente estaban fuera de lugar o si lo dicho de “no acostumbradas” se debía a que las profiriera una mujer.

El sucinto párrafo de Valerio Máximo no nos permite saber nada sobre la naturaleza de los asuntos que defendía Caya Afrania ante los tribunales. ¿Eran de terceras personas, o Afrania se dedicaba exclusivamente a defender sus propios intereses?

La frase inicial del escritor al describirla, señala: “uxor prompta ad lites contrahendas”, es decir, mujer aprestada para llevar pleitos, no nos aclara el punto.

La frase siguiente, que dice que Afrania actuaba ante los tribunales no porque le faltaban abogados, sino porque era muy desvergonzada, parece indicar que los casos que llevaba eran sobre sus propios intereses, ya que de lo contrario quizá hubiera dicho que no porque le faltaran abogados a sus clientes.

Sin embargo, hay algo que indica que Caya Afrania sí ejercía la abogacía como actividad profesional y no solamente para defender sus propios derechos y es la prohibición surgida a raíz de sus enfrentamientos con un pretor.

En el Digesto del Emperador Justiniano se reproduce un fragmento referido a Caya Afrania, que se tomó del libro VI de la obra de Cneo Domicio Annio Ulpiano Sobre el Edicto.

Al comentar la segunda sección del Edicto, en la que se enumeraba a quiénes no podían representar judicialmente a otros, Ulpiano dijo que el Pretor, “por razón del sexo, prohíbe a las mujeres representar a otros, y la razón para esta prohibición es para impedirles que interfieran a los casos de otros, en contraposición a lo que se está convirtiendo en la pudicia de su sexo, y a fin de que las mujeres no puedan ejercer funciones que pertenecer al hombre. El origen de esta restricción se derivó del caso de una tal Carfania (sic), una mujer extremadamente desvergonzada, cuyo descaro y la molestia del magistrado dieron ocasión a este edicto” (Justiniano, 1932, Libro III, título I, 1 (5)).

La referencia de Ulpiano (170-228 d.C), uno de los juristas de mayor prestigio en toda la historia del Derecho Romano y cuyos textos fueron los más utilizados para preparar el Digesto, indica con claridad que la disposición contenida en el Edicto del Pretor fue emitida para que las mujeres no pudieran representar judicialmente a otras personas y que esa restricción había surgido precisamente del caso de “Carfania” cuyo “descaro” había provocado una extrema molestia en el pretor hasta llevarlo a formular la prohibición.

El nombre de “Carfania” se debe posiblemente a un error de transcripción por la abreviatura romana habitual de Caya Afrania, “C. Afrania”. El poeta Juvenal, que vivió del siglo I al II d.C, en su Sátira II, verso 69, menciona brevemente a una mujer llamada Carfinia, que al parecer también es Caya Afrania (Juvenal, 1965, 22).

En otras palabras, del texto de Ulpiano se puede concluir que Caya Afrania sí llevaba casos de terceras personas y que, hasta su enfrentamiento con el magistrado en cuestión, esa había sido una actividad lícita para las mujeres romanas.

Si Afrania se hubiera limitado a defender personalmente sus propios intereses, lo lógico es que el edicto atacara justamente eso, es decir, la posibilidad de que las mujeres se representasen a sí mismas judicialmente.

Como quiera que sea, lo cierto es que en la época del Principado, al parecer, había desaparecido toda actividad forense de las mujeres romanas, sin que las fuentes de que disponemos recuerden siquiera nuevos casos de actuaciones aisladas como las que habían protagonizado Amesia Sentia y Hortensia.

Bauman plantea la pregunta de qué era realmente lo que preocupaba a los juristas romanos del siglo I a.C al prohibir la abogacía a las mujeres:

“¿Era la necesidad de protegerse contra la competencia que tres mujeres habían demostrado que podía asumir proporciones alarmantes o fue solamente que la sabiduría convencional enfatizaba que las mujeres eran débiles de mente? O, para plantearlo de otro modo, ¿fue lo segundo utilizado para lograr lo primero?

Esto no puede afirmarse expresamente, pero ciertamente había un divorcio entre su percepción de las mujeres y la realidad. Los abogados nunca se cansaban del tema de la sexus infirmitas, imbecillitas, la debilidad de las mujeres, su susceptibilidad a la seducción y a la persuasión y, sobre todo, su ignorancia de la ley. Necesitaban ser protegidas contra sí mismas… La sociedad romana, condicionada a aceptar como axiomática la ignorancia de la ley por parte de las mujeres, tuvo que ser especialmente advertida cuando resultó que ese no era el caso” (Bauman, Richard A., 1994, p. 51).

El profesor costarricense Sáenz Carbonell, al referirse en su obra Elementos de Historia del Derecho al enfrentamiento de Afrania con el pretor, hace ver que:

“En realidad, no se sabe si esto ocurrió realmente, o si simplemente esa mujer actuaba en forma demasiado independiente y fue vista como una amenaza para la androcracia dominante. Como quiera que fuese, las mujeres quedaron en lo sucesivo excluidas de la actividad forense” (Sáenz, Jorge Francisco, 2009, p. 193).

Después de Caya Afrania

Es muy interesante que, a pesar de la prohibición legal para que ejercieran la abogacía, hubo mujeres de la élite romana que siguieron manifestando interés por los temas jurídicos.

Bauman recuerda que en las postrimerías de la República mujeres como Celidón y Clodia sabían mucho sobre el Derecho y los litigios y que en los inicios del Principado lo mismo ocurría con la emperatriz Livia, tercera esposa de Augusto, su amiga Urgulania y la escandalosamente célebre emperatriz Mesalina (Bauman, Richard A., 1994, p. 51).

El poeta Juvenal, en su Sátira VI, se refiere burlescamente a este asunto diciendo: “Apenas si hay causa judicial en la que no sea una mujer quien mueve el litigio. Manilia, si no es la parte demandada, es la acusadora. Ellas por sí mismas componen y ordenan los expedientes. Incluso las verías dispuestas a dictar a Celso el exordio y la argumentación” (Juvenal, 1965, VI, 242-245, p. 61).

Algunos destacados juristas, como Paulo y Gayo, consideraron que impedir a la mujer el desempeño de la función judicial no estaba fundada en una incapacidad natural, sino simplemente en una convención establecida en la ley (Feldner, 2002).

Sin embargo, el ordenamiento jurídico romano nunca levantó la prohibición para que las mujeres ejercieran la profesión forense y más bien fue reiterada en constituciones imperiales de 207, 294/305 y 315 (Agudo, Alfonso, 2006, pp. 16-20).

El Digesto de Justiniano la consagró definitivamente al recoger los textos ya comentados de Ulpiano sobre el particular y reproducir otros que prohibían a las mujeres el ejercicio de cargos públicos en general (Cantarella, Eva, 1997, p. 141).

La prohibición romana se reprodujo en el Derecho castellano gracias a la introducción del los principios del Derecho Común en las Siete Partidas  de Alfonso X. La obra del Rey Sabio repitió la prohibición de que la mujer representase judicialmente a otras personas, aunque con unas contadas excepciones:

“Otrosí dezimos, que muger non puede ser personera en juyzio por otri. Fueras ende, por sus parientes, que suben, o descienden por la liña derecha, que fuessen viejos, o enfermos, o embargados mucho en otra manera. E esto quando non oviesse otri en quien se pudiessen fiar que razonasse por ellos. E aun dezimos, que puede la muger, ser personera para librar sus parientes de servidumbre, e tomar, e seguir alcada de juyizio de muerte, que fuesse dado contra alguno dellos” (Siete Partidas, Partida II, tít. V, ley V).

En su obra Ilustración del Derecho Real de España  (1803), el jurista Juan Sala, catedrático de la Universidad de Valencia, recordó a Caya Afrania al referirse a que las mujeres podían ejercer la abogacía en asuntos propios, pero les estaba prohibido hacerlo en asuntos ajenos:

“… por dos razones: la una, porque no conviene, ni es cosa honesta que tomen oficio de varón, estando públicamente envueltas con estas para razonar; y la segunda porque ya lo prohibieron los Sabios antiguos, por una mujer llamada Calfurnia, Ulpiano la llama Carfania y otros Gaya Afrania, sabia; pero tan desvergonzada, que enojaba con sus voces a los Jueces que no podían con ella…” (Sala, Juan,1832, II, p. 163).

La prohibición de las Partidas se mantuvo vigente en Costa Rica durante toda la dominación española y fue posteriormente reproducida en la legislación nacional hasta que la joven Ángela Acuña Braun, pionera del feminismo costarricense, logró que en una ley aprobada mediante el Decreto N° 11 de 7 de junio de 1916 se suprimiera la prohibición (Calvo, Yadira, 1989, pp. 79-88). El texto de esa ley decía literalmente:

“El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica

Decreta:

Artículo 1°.- Las mujeres que de acuerdo con las leyes vigentes obtengan las licencias necesarias para el ejercicio de la abogacía podrán ser mandatarias judiciales, conforme lo establece el artículo 1289 del Código Civil.

Artículo 2°.- Les serán aplicables asimismo las disposiciones contenidas en los artículos 3° y 4° de la Ley de Procuradores.

Artículo 3°.- Podrán ser también testigos instrumentales. Modificase al efecto el inciso 1° del artículo 734 del Código Civil.Comuníquese. Al Poder Ejecutivo. Dado en el salón de Sesiones del Congreso.- Palacio Nacional.- San José, a los seis días del mes de junio de mil novecientos dieciséis. Manuel Coto Fernández Vicepresidente.- Ad. Acosta, Secretario.- Tobías Gutiérrez V., Secretario.

San José, a los siete días del mes de junio de mil novecientos dieciséis. Ejecútese. Alfredo González. El Secretario de Estado en el Despacho de Justicia, Julio Acosta” (Colección de leyes y decretos. Año 1916. Primer semestre, 1916, 282-283).

En 1925 Ángela se convirtió en la primera mujer centroamericana en graduarse como licenciada en Leyes. No obstante, la primera que ejerció la abogacía en los tribunales costarricenses fue la licenciada Virginia Martén Pagés, cuyas actuaciones cerraron en nuestro país el capítulo misógino escrito en Roma casi dos mil años antes como reacción contra Caya Afrania.

Bibliografía

Fuentes impresas

Agudo Ruiz, Alfonso (2006). El advocatus fisci en Derecho Romano, Madrid, Editorial Dykinson, SL, primera edición.

Alfonso X de Castilla (1985). Las Siete Partidas del sabio Rey Don Alonso el Nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López, Madrid, Boletín Oficial del Estado, primera edición, 1985, 3 volúmenes.

Bauman, Richard A. (1994). Women and Politics in Ancient Rome, Nueva York, Rutledge, primera edición.

Calvo Fajardo, Yadira (1989). Ángela Acuña, forjadora de estrellas, San José, Editorial Costa Rica, primera edición.

Camus, E. F. (1941). Historia y fuentes del Derecho Romano, La Habana, Universidad de La Habana, segunda edición.

Cantarella, Eva (1997). Pasado próximo: mujeres romanas de Tácita a Sulpicia, Madrid, Ediciones Cátedra, SA, primera edición.

Colección de leyes y decretos. Año 1916. Primer semestre (1916). San José, Tipografía Nacional, primera edición.

Fustel de Coulanges, Numa Dionisio (1952). La ciudad antigua, Barcelona, Editorial Iberia, SA, primera edición.

Iglesias, Juan (1999). Derecho Romano, Barcelona, Editorial Ariel, SA, 12ª edición.

Juvenal (1965). Sátiras, Madrid, Espasa-Calpe SA, primera edición.

Manavella C., Carlos A. (1989). Curso de Derecho Romano, San José, Editorial Nueva Década, primera edición.

Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (2009). Elementos de Historia del Derecho, San José, Editorial ISOLMA; primera edición.

Fuentes en internet

Fuentes consultadas del 15 al 22 de agosto de 2010.

Apiano (1913). The Civil Wars, en: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/4*.html.

Feldner, Birgit (2002). Women’s exclusion from the Roman officium, en: http://fhi.rg.mpg.de/articles/0209feldner.htm.

Justiniano (1932). The enactments of Justinian. The Digest or Pandects, en:

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/.

Quintiliano, Marco Fabio (2007). Institutes of oratory, en:

http://honeyl.public.iastate.edu/quintilian/1/chapter1.html#1.

Sala, Juan (1832). Ilustración del Derecho Real de España, Madrid, Imprenta Real, 3ª. edición, en: www.googlebooks.com.

Smith, Sir William (2005), A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, en:

http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/0144.html, en www.googlebooks.com.

Valerio Máximo (1655). Los nueve libros de los exemplos y virtudes morales de Valerio Máximo, traducidos y comentados en lengua castellana por Diego López, maestro de

Latinidad y Letras Humanas, Madrid, Imprenta Real, primera edición, en: www.googlebooks.com.

Es licenciada en Derecho y máster en Derecho Notarial, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Tomado de: Revista Estudios N° 23, anual, 2010, estudiosgenerales.ucr.ac.cr

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