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Mujeres y cumplimiento

Las dos féminas en las cámaras deberán lidiar para hacer que la constitucional protección de áreas fundamentales para la vida, la consulta previa, el respeto a los pueblos indígenas y sus territorios y la ley corta de protección al Tipnis sean respetadas por el resto, además de que tendrán que velar por circunstancias de verdad necesarias.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 27 de enero de 2012

La asunción de dos mujeres a la presidencia de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) es una decisión que ha repercutido de varias formas entre la ciudadanía, pues se trata de un tema que causa sensaciones de gusto y, a la vez, de conjeturas. En primer término, el asunto obliga a pensar en una posibilidad de que ahora las cosas pueden avanzar con mejores pasos, debido a que las damas tienen fama de buenas administradoras y, lo que es más importante, honradas ejecutoras y gestoras. Por otra parte, debido a los antecedentes del actual régimen de gobierno, acostumbrado a rimbombantes representaciones, el hecho puede ser considerado un toque de atracción sin resultados muy convincentes, tal cual ha sucedido con otros como la presunta asunción de los indígenas al gobierno, el proceso de cambios estructurales o los alcances de la Constitución Política del Estado (cpe).

En todo caso, las legisladoras convertidas en la tercera y cuarta personas más importantes del país, con la posibilidad constitucional de reemplazar al titular de la primera magistratura, si se diera el caso, tienen un gran desafío para hacerse creíbles para la población o únicamente responder a los premisas emanadas del Órgano Ejecutivo. Entre los principales eventos de prueba se encuentran el apego a las leyes y el respeto constitucional, actitudes tan puestas en duda en los últimos años. Y no es que la Constitución haya sido respetada en el pasado, sino que en este periodo de gobierno de apariencia popular debe reivindicarse de manera principista la ley fundamental, ya que es hechura propia de la administración y sirve de constante propaganda para la misma.

Las demandas sectoriales, en este periodo, están concentradas, en especial, en el cumplimiento de las promesas electorales y el programa de gobierno, las cuales se han plasmado o parecen haberse extendido a los contenidos constitucionales, pues la esperanza sobre el respeto a los derechos de cada persona o grupo, la inclusión de las organizaciones para decidir acerca de su futuro y sus territorios y sentirse parte del Estado cuando se les pregunta y se cumple su parecer son fundamentales en la coyuntura; sin embargo, son ausentes en la práctica.

En este panorama, las dos féminas en las cámaras deberán lidiar para hacer que la constitucional protección de áreas fundamentales para la vida, la consulta previa, el respeto a los pueblos indígenas y sus territorios y la ley corta de protección al Tipnis sean respetadas por el resto, además de que tendrán que velar por otras circunstancias que sean de verdad necesarias y no discursivas. Al respecto, ambas presidentas recibieron en días pasados un paquete de cuatro proyectos de leyes a favor de las mujeres, que serían discutidos con prioridad en las próximas semanas. La acción es por demás loable y merece trabajo inmediato para el apoyo y protección a este sector poblacional tan vulnerable, tan vapuleado por la violencia de diversa procedencia, económica, física, psicológica y, ahora también, medioambiental. Las mujeres son las más indicadas para entender el proceso de la vida, por ello, en un proceso necesario de empatía, las asambleístas podrán ver que la violencia contra las mujeres se ejerce también desde los planes inviables del desarrollismo.

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