La Gaceta Jurídica

Multas de la empresa OAS

…los argumentos, que han pasado en buena medida al tema económico, servirán para que la población en general asuma posiciones divididas entre la defensa de un ecosistema y la defensa de los derechos indígenas contra la presunción de que camino en esta región servirá para la integración y evitar la pérdida de recursos con las multas que exigiría la empresa.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 10 de abril de 2012

El problema de la construcción de una carretera por el territorio con protección constitucional del parque Isiboro Sécure (Tipnis) se encuentra en otras fases que involucran a la empresa contratada para ello, la brasileña oas, que habría recibido una nota del Órgano Ejecutivo con la determinación de suspender los futuros trabajos para el tramo II, mientras se aplique la Ley 222 de “Consulta previa” a los pueblos que habitan la zona. Al momento se encuentran en obras los tramos I y III, mientras el gobierno aplica todos sus mecanismos para firmar tratos por separado con los pobladores del Tipnis y para desmovilizar la nueva marcha que se prepara en rechazo a estos trabajos.

Sin embargo, a través de ministros de Estado se supo que el gobierno respetará momentáneamente la Ley corta 180 que prohíbe construcciones en el Tipnis, al tiempo que prepara aplicar la 222. En ese mismo escenario, se tiene como anuncio de influencia en la opinión pública la posible aplicación de multas de la empresa oas por la suspensión de las obras en ese tramo. Los funcionarios del gobierno comunicaron que esta situación tendría que ser asumida por el Estado mientras no se tenga las definiciones del conflicto.

Además, a esta maraña de elementos que hacen a las diferencias por el Tipnis, el presidente Morales ha señalado que se encuentra disconforme con la actuación de la compañía brasileña y que estaría dispuesto a revisar el contrato; simultáneamente, el Movimiento Sin Miedo (msm) ratificó que el problema no se encuentra en el cumplimiento de trabajo, sino en el sobreprecio de 100 millones de dólares. Entre tanto, continúa vigente el argumento de los ex aliados del gobierno y de otros grupos que ven con ojos críticos la intención de perforar un ecosistema de importancia nacional de que la Ley 222 de consulta previa está aplicada a destiempo, pues la consulta previa no se hizo en su momento y se planificó esta carretera sin medir consecuencias.

Ahora, los argumentos, que han pasado en buena medida también al tema económico, servirán para que la población en general asuma posiciones divididas entre la defensa de un ecosistema y la defensa de los derechos indígenas contra la presunción de que camino en esta región servirá para la integración y evitar la pérdida de recursos con las multas que exigiría la empresa.

En este sentido, el gobierno otra vez tendrá que replantearse la validez y verdad de su discurso, pues la utilización de algunos grupos de indígenas no tiene validez cuando se sabe que el camino no pasaría por todos los asentamientos humanos, sino solo por una parte, lo cual no significa desarrollo, integración ni posibilidades para la salida de productos, pues quienes ahora están a decenas de kilómetros de un camino lo estarán de la misma forma con la carretera.

En esta revisión también se tendrá que asumir que las manipulaciones nunca han sido buenas, más con la experiencia de los dirigentes masistas cuando tuvieron que enfrentar otrora similares actitudes y argumentaciones para convencer de eufemismos. La situación es todavía incierta, los errores para este proyecto darán mucho que hablar, pues todavía está pendiente la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional que con su respuesta sobre la inconstitucionalidad de La Ley 222 deberá convencer al pueblo.

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