La Gaceta Jurídica

Naturaleza jurídica del Amparo en la Jurisprudencia Constitucional

“(…) esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no solo de los servidores públicos, sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima**

00:00 / 09 de marzo de 2016

De acuerdo al criterio del maestro José Antonio Rivera, la Acción de Amparo Consti- tucional es un proceso de naturaleza tutelar, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en los casos en que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones ilegales o indebidos de autoridades públicas o particulares (1).

En esto hay excepción en el derecho a la libertad física, que es tutelado por la Acción de Libertad; en el derecho a la autodeterminación informativa, que es protegido por la Acción de Protec- ción de Privacidad; y en los derechos colectivos, que son tutelados por la Acción Popular.

En el mismo sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional (scp) Nº 002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que el orden constitucional boliviano, dentro de las Acciones de Defensa, instituye en el artículo 128 la Acción de Amparo Constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

“Del contenido del texto constitucional de referencia –dice la Sentencia– puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la Acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.

Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no solo de los servidores públicos, sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

En este contexto, cabe agregar que el Amparo Constitucional boliviano, en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales –frente a los actos u omisiones ilegales provenientes de los servidores públicos o particulares–.

La Sentencia Constitucional referida precisa con claridad que “el término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

Finalmente, cabe señalar que, dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’.

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.

Por otro lado, cabe recordar que la Acción de Amparo Constitucional, en su dimensión procesal, se divide en cuatro fases específicas: a) La de admisibilidad; b) la de debate, es decir, del desarrollo de la audiencia pública; c) la de decisión, por parte del juez o Tribunal de Garantías Constitucio- nales; y d) la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En efecto, en la fase de admisibilidad a ser sustanciada ante los jueces y tribunales de garantías, deben ser examinados los llamados requisitos habilitantes para la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de la Acción de Amparo Constitucional.

En ese orden, esos requisitos se encuentran específicamente disciplinados en los artículos 33 y 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los cuales han sido clasificados como requisitos de forma y causales de improcedencia reglada.

En ese marco, debe establecerse que los requisitos de forma esenciales versan sobre los siguientes aspectos: 1) Identificación del accionante y acreditación de su personería (art. 33.1 del CPCo); 2) Identificación de la parte demandada (art. 33.2 del CPCo); 3) el patrocinio de abogado y, en su caso, la solicitud de defensor público (art. 33.3 del CPCo); 4) relación de los hechos (art. 33.4 del CPCo); 5) identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados (art. 33.5 del CPCo); 6) los medios probatorios pertinentes que se encuentren en poder del accionante o el señalamiento de lugar donde se encuentren (art. 33.7 del CPCo); y, 7) la petición (art. 33.8 del CPCo).

Por otro lado, el mismo Código Procesal Constitucional plasma en su artículo 53 las causales de improcedencia para la acción de amparo constitucional, que se encuentran regladas de manera específica en los cinco numerales de la misma disposición y que, asimismo, han sido ampliamente desarrolladas en la Sentencia Cons- titucional Plurinacional (scp) N° 0030/2013, de 4 de enero.

Nota

1. Cfr. José Antonio Rivera Santiváñez. Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Tercera Edición Actualizada con la Constitución y la Ley Nº 27, Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial KIPUS, 2011, pág. 377.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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