La Gaceta Jurídica

Naturaleza jurídica y alcances de la objeción de conciencia

…es preocupante si proviene del Juez Constitucional que elaboró la Sentencia que deniega la tutela a la objeción de conciencia invocada por el ciudadano; desconociendo, injustificadamente, que el artículo 109 de la CPE expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales…

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima**

00:00 / 30 de marzo de 2016

La pasada semana el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) rechazó el amparo constitucional que interpuso el pasado año José Ignacio Orías Calvo, de 18 años, contra el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, alegando su derecho a la objeción de conciencia como alternativa para evitar el servicio militar obligatorio (1) y pidiendo se respete sus creencias religiosas y ser exonerado de dicho servicio.

La sentencia fue comunicada por el magistrado Oswaldo Valencia en la ciudad de Sucre (sede del tcp), quien señaló: “El Tribunal Constitucional ha denegado la tutela al joven José Ignacio Orías Calvo, por cuanto, en todo el análisis hecho y aplicando la jurisprudencia comparada, se tiene experiencias (de) que este derecho no se tutela a sola invocación (es decir, invocó la objeción de conciencia pidiendo que lo exoneren del servicio militar obligatorio), sino tiene que haber una normativa de requisitos a través de la cual ese joven que invoca ese derecho tiene que demostrar de qué forma esa condición tiene su manifestación externa, cómo esa conciencia en sí rige su vida cotidiana”.

Valencia advirtió que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 265/2016 fue aprobada por los integrantes de la Sala Segunda del tcp, a la vez, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) a redactar una ley que establezca los alcances y fines del derecho a la objeción de conciencia (2).

“Implica también un trabajo con otras instituciones involucradas como el De- fensor del Pueblo, Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y otras instancias para crear esta normativa en este periodo legislativo”, afirmó la autoridad.

Esta afirmación es preocupante, mucho más si proviene del Juez Constitucional que elaboró la Sentencia que deniega la tutela a la objeción de conciencia invocada por el ciudadano; desconociendo, injustificadamente, que el artículo 109 de la Constitución Política del Estado (cpe) expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir, a) la igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos; b) la directa aplicabilidad de todos los derechos, y c) la directa justiciabilidad de todos ellos a través de las acciones de defensa que el texto constitucional prevé.

En este caso, es importante hacer énfasis en que la directa aplicabilidad de los derechos significa que ninguno de ellos requiere de un desarrollo legislativo para su cumplimiento y concretización (vale decir, que no existe reserva legal para su libre ejercicio y efectivo cumplimiento), dado que, por su reconocimiento constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, estos se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando que la Constitución es una norma jurídica cualitativamente distinta de las demás y situada por encima de ellas.

Por esto, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos/as, gobernantes y gobernados, lo que concuerda con el valor del “vivir bien” establecido por la misma Cons- titución para lograr el pleno desarrollo de las personas, libres de cualquier imposición arbitraria.

Sin embargo, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la objeción de conciencia? La objeción de conciencia, básicamente, consiste en la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos.

Desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales.

De alguna manera, entronca con otras figuras de desobediencia al Derecho, en especial con la desobediencia civil y mucho más con el derecho de resistencia a la opresión, proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la Revolución Francesa (1789).

En principio, puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico, como normas médicas u obligaciones tributarias. El supuesto más destacado, no obstante, es la objeción de conciencia al servicio militar.

La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga un hacer y la norma ética o moral que se opone a esa actuación. En ese caso, el objetor de conciencia se decanta por el no a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia (3).

La objeción de conciencia al servicio militar es el rechazo a la realización del servicio militar, obligatorio en muchos países, por razones éticas o religiosas.

Para muchas personas es un derecho que deriva de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Así, muchos Estados recogen esta posibilidad en sus ordenamientos y el trámite para declararse objetor de conciencia suele consistir en escribir una carta con las razones que llevan al individuo a negarse a hacer el servicio militar y entregarla a alguna autoridad pertinente, como el Ministerio de Defensa. Cabe hacer notar que la objeción de conciencia es invocada principalmente por antimilitaristas, personas que se oponen a cualquier tipo de fuerzas armadas, además de testigos de Jehová y menonitas, entre otros (4).

De ahí la necesidad de que exista una prueba suficiente, objetiva, fehaciente e idónea que demuestre que una persona tiene ciertas convicciones que son parte esencial de su vida y su conciencia íntima y que son claramente opuestas al uso de las armas o al servicio militar (que, precisamente, prepara al ciudadano en el manejo de las armas para la defensa del Estado).

Sin embargo, es evidente también que nadie puede obligar a una persona a tener formación militar en su desarrollo individual, lo que impide restringir o limitar derechos esenciales del ser humano, más aún si se considera que los cuarteles en Bolivia se han convertido en lugares donde, de manera abierta, se viola derechos humanos de las personas.

Notas

1. En noviembre de 2015, José Ignacio Orías (18 años) presentó un amparo constitucional alegando la vulneración de su derecho a la objeción de conciencia a prestar el servicio militar, porque su vocación pacifista no está de acuerdo con la ideología y las prácticas que llevan adelante las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Amparo de la ciudad de La Paz abrió la posibilidad de que el accionante pueda obtener su libreta militar sin prestar su servicio de un año; condicionó esta posibilidad a tres requisitos, esa decisión fue remitida en revisión al TCP. Ahora el TCP decidió quitarle a Orías y a todos los jóvenes que piensan como él el derecho a anteponer razones concienciales a una imposición que es de principio autoritaria. Se argumentó que, si se deja de asistir al servicio militar a sola objeción de conciencia, “se armaría una inseguridad y caos” y se dijo que se tomó en cuenta otros aspectos “menos subjetivos” que la objeción de conciencia.

2. El Decreto Ley 7755 del Servicio Nacional de Seguridad del 1 de agosto de 1976 era el único reglamento que regía sobre el servicio militar en lo referido a la objeción de conciencia, pero en 2006 fue retirado del ordenamiento jurídico por la Sentencia Constitucional 0007 del 31 de enero, por ser inconstitucional en su origen, ya que fue aprobado en el gobierno de facto del general Alfredo Ovando.

3. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Objecion_de_conciencia

4. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Objecion_de_conciencia_al_servicio_militar.  Puede verse un Documento de las Naciones Unidas sobre Objeción de Conciencia en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_sp.pdf

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia