La Gaceta Jurídica

Naturaleza y objetivos del Ministerio Público

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 20 de septiembre de 2013

En el curso de los últimos años, una de las instituciones más controvertidas, por decirlo de alguna manera, ha sido sin duda la del Ministerio Público. Es que, en definitiva, las críticas han ido surgiendo en aumento en torno al rol que aquél no está cumpliendo o el que está siendo desvirtuado.

Al final de cuentas y como consecuencia de este panorama, la credibilidad del Ministerio Público se ha ido por los suelos. Por eso aquí trataremos de hacer un análisis de cuáles podrían ser las causas que han originado este panorama tan negativo.

Comencemos por la parte fundamentalmente institucional. El artículo 225 de la actual Constitución Política del Estado (CPE) afirma en su segunda parte: “…El Ministerio Público, tiene AUTONOMÍA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA…”

Lamentablemente, en los hechos no ejerce ninguna de las tres. Las ha ido perdiendo. Así resulta que estamos frente a mismo panorama que se presenta en torno a lo dispuesto por el artículo 12 de la misma Constitución, respecto de la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, que tampoco existe.

De este detalle se desprende una buena parte de los males de la institución, esta que no consigue el cumplimiento cabal de sus fines. O sea, tampoco es cierto que el Ministerio Público pueda cumplir sus tareas con la autonomía de la que habla el artículo 225.II de la citada cpe. Queda frenado.

Lo anterior es una prueba, además, de que no basta los preceptos legales si éstos no cuentan con los mecanismos apropiados para su efectivo cumplimiento y ejecución. A su vez, la Ley especial, destaca que el Ministerio Público es un “Órgano constitucional”, que no es decir nada, y reitera, al igual, obviamente, que la Constitución, que “goza de independencia funcional”. Pero, repetimos, es el esquema legal que lamentablemente no se cumple.

En cuanto a la forma de elección de la cabeza del Ministerio Público, que es el Fiscal General del Estado, las determinaciones constitucionales pudieran ser correctas, mas, tampoco se ha creado los mecanismos más apropiados e idóneos para que se cumplan a cabalidad.

En efecto, el artículo 227 dice: “La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará (debería decir “se elegirá”) por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de CONCURSO PÚBLICO”.

Es bien sabido que esa última parte del citado artículo constitucional, nadie podría afirmar con absoluta certeza, es generalmente obviado o que sencillamente no se cumple. La naturaleza esencialmente política de la Asamblea, no convierte a la misma precisamente en el órgano más capacitado para cumplir aquella tarea.

En cuanto a los objetivos o funciones básicas de la institución, el mismo artículo constitucional 225, en su primera parte, anota: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública…”

La Ley Especial, por su parte, destaca que la institución tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del estado y la sociedad, representándolos conforme a lo establecido en la constitución y en las leyes de la república…”

La Constitución limita los objetivos básicos del Ministerio Público a la defensa de la LEGALIDAD Y LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, a más de ejercer la ACCIÓN PENAL PÚBLICA. Su Ley Especial, empero, le añade la defensa de los “intereses del Estado y, además, de representarlos” (es decir, al Estado y a la sociedad). Añade que esta “representación” se hará según lo que disponen la Constitución y las leyes.

La Sección Segunda del Capítulo II, Título V, de la Constitución vigente no hace referencia a tales temas.

¿Qué ha ocurrido en este acápite referido a los objetivos básicos del Ministerio Público? Que, lamentablemente, se confunde la “defensa de los intereses del Estado” con la defensa de los intereses del Gobierno, los que incluso llegan a convertirse en defensa a los intereses de los gobernantes de turno o del partido de Gobierno.

Aquí se ha continuado con la práctica de no entender o ignorar que el GOBIERNO (PODER) es uno de los componentes del Estado, junto al territorio y a la población. Mas, en ningún caso se debe confundir.

El mismo detalle de decir “defensa de los intereses generales de la sociedad” resulta algo bastante vago. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio apunta que “sociedad”, en una de sus varias aceptaciones, es una “agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación de sus integrantes, un fin general de utilidad común…”

Nos preguntamos, ¿cuándo y cómo se decidirá la actuación de los fiscales en “DEFENSA de los INTERESES GENERALES de la SOCIEDAD”? y ¿Cuáles son esos intereses generales?

Lo mismo o algo muy parecido puede afirmarse en relación a los INTERESES DEL ESTADO. Volvemos a insistir que, en este caso, ante la inexistencia y reglas detalladas y precisas, siempre existirá la tentación de actuar finalmente en defensa de los intereses del Estado, confundiéndolos, a su vez, con los intereses del Gobierno.

El problema no está, por lo tanto, en el contenido de la normativa existente sobre el tema, sino en la forma de actuar de quienes componen la institución.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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