La Gaceta Jurídica

Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales

Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales. Foto: educacionenred.pe

Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales. Foto: educacionenred.pe

La Razón (Edición Impresa) / Marco Gerardo Monroy Cabra*

00:00 / 29 de mayo de 2016

Naturaleza de los tribunales constitucionales (TC). A partir de la Segunda Guerra Mundial hay un renacimiento de la justicia constitucional. Ello obedece, según Álvarez Conde (1), a estas consideraciones:

a) La justicia constitucional surge como reacción ante la crisis del concepto clásico de la Constitución. Se acepta que la Constitución deje de ser una simple declaración de principios y se convierta en norma directamente aplicable.

b) La justicia constitucional es consecuencia del principio de la supremacía de la Constitución, por lo cual la doctrina ha dicho que solo es posible en aquellos sistemas políticos dotados de Constitución rígida.

c) La justicia constitucional debe ser considerada manifestación del Estado de Derecho, en cuanto supone la consagración del principio de legalidad constitucional, la tutela de los derechos y libertades y la aceptación del principio de división de poderes, tanto en su aspecto horizontal como vertical.

Nosotros agregaríamos que los TC son el instrumento de defensa de la Constitución por excelencia. Pero debe entenderse que la Constitución comprende el Preámbulo, las normas constitucionales y los principios y valores constitucionales, todo lo cual forma una unidad sistemática.

La interpretación constitucional de los TC vincula a los ciudadanos y a los poderes públicos. Estos tribunales son órganos constitucionales.

En efecto, tienen competencia constitucional; su existencia, funciones y estructura básica son establecidas por la Constitución. Por tanto, el juez constitucional se diferencia del ordinario.

En cuanto a su naturaleza, los TC son concebidos como órganos estrictamente judiciales desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero hay varias teorías. Algunos autores (Tesauro y Lavagna) afirman la naturaleza jurisdiccional; otros (Calamandrei, Kelsen y Villari) sostienen su cariz legislativo; y unos pocos señalan la naturaleza administrativa (Balladore Pallieri).

Parte de la doctrina hace hincapié en que son órganos de justicia política (Mortati, Martinres y Cheli). Louis Favoreu (2) expresa:

La cuestión de la composición no puede plantearse de manera neutral, ya que, habida cuenta de la repercusión de sus decisiones, el juez constitucional desempeña necesariamente un papel o una función política. (...) toda jurisdicción constitucional, incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiene un carácter político, pues si no, no se trata de una verdadera jurisdicción constitucional.

El profesor Martínez Sospedra (3) enumera seis razones del carácter jurisdiccional de los tc: 1. la sujeción de su función a un método jurídico de interpretación; 2. el carácter reglado de la acción del tribunal constitucional (tc) en cuanto la actividad de conocimiento jurídico y no de oportunidad política; 3. su actuación que solo opera a instancia de parte; 4. la vinculación de su actividad a un proceso jurisdiccional especial y contradictorio; 5. los principios de neutralidad e independencia a que está sujeta la actividad jurisdiccional y 6. su posición de tercero súper partes.

Por ejemplo, en Colombia la Corte Constitucional forma parte del Poder Judicial y las funciones que se le adscribieron en el artículo 241 de la Constitución Política son jurídicas. Sin embargo, el análisis jurídico no es puro, sino que debe tener en consideración la realidad constitucional que incluye aspectos político-económico-sociales. Los tribunales constitucionales, como dice Pablo Lucas Verdú, (4) deben tener como fundamento lo que denomina la “fórmula política de la Constitución”. Este autor sostiene que las normas constitucionales expresan una ideología jurídicamente organizada en una estructura social.

Verdú, como Rotteck y Welcker, habla de política constitucional y aun de ingeniería constitucional. Esto significa que la Constitución tiene en cuenta el proceso político que se ajusta a los acontecimientos políticos. El autor define política constitucional como:

(...) el proceso político que conduce a la elaboración de las normas y a la configuración de institutos, de acuerdo con un instrumento jurídico, codificado y sistemático (Constitución) y con su legislación complementaria que configuran la organización y ejercicio del poder y el resguardo de los derechos humanos (5).

Se ha dicho que la justicia constitucional está viciada por su naturaleza política. La crítica más dura respecto a la ausencia de legitimidad de los TC la formuló Carl Schmitt (6), quien, en 1929, se hizo eco de la afirmación de Guizot de que, en tales casos, “la justicia tiene todo que perder y la política nada que ganar”.

Schmitt creía que la defensa de la Constitución no se debía encomendar a la justicia constitucional, sino, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución de Weimar, al presidente de la República. Dijo que los TC con jurisdicción concentrada se aproximan al papel del Senado en la Constitución napoleónica, que no dice el derecho sino que lo hace.

Hans Kelsen refutó la tesis de Schmitt en su libro ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? (7). Sostuvo que toda sentencia del TC tiene la fuerza de una ley posterior que deroga otra anterior, lo cual lo convierte en una suerte de “legislador negativo”.

Si bien es innegable que la justicia constitucional puede conocer de conflictos de carácter político, como dice Pedro José González-Trevijano Sánchez (8), “nada de ello impide que estos se resuelvan de conformidad con un criterio jurídico y una metodología jurídica, cualesquiera que sean los concretos métodos utilizados”. Bachof (9) expresa:

El carácter político de un acto no excluye un conocimiento jurídico del mismo ni el resultado político de dicho conocimiento lo despoja de su carácter jurídico. (...) Con ello no puede desconocerse que el juez puede estar vinculado a prejuicios propios de su origen social, de su concepción política o de su visión del mundo; que de ningún hombre se puede eliminar un último resto de subjetividad.

Pero el juez experimentado conoce los peligros del trasfondo emocional e irracional de su actividad y, precisamente, por regla general sabe eliminarlos. Toda su formación profesional, la necesidad de un continuo enfrentamiento con otras opiniones, el ininterrumpido “diálogo” al que ya hemos referido; todo esto garantiza un nivel de objetividad que, aunque no sea absoluto, es muy elevado. Si se necesitase aún otra prueba, la jurisprudencia del tc la ha aportado y eliminado todas las especulaciones iniciales sobre las tendencias políticas de sus salas. Francisco Tomás y Valiente (10), refiriéndose a la realidad política y la independencia de los TC, expresa la siguiente conclusión:

La realidad política es conflictiva y el TC, que resuelve en forma jurídica conflictos de contenido siempre político, no puede hacerse nunca la ilusión de estar situado, ante la opinión pública, por encima de contiendas que él mismo ha de juzgar.

Su posición es eminente, la propia de un juez. Pero su imparcialidad objetiva y la independencia de criterio de sus magistrados no son garantía intangible a los ojos de muchos, porque, afectando sus resoluciones a temas clave de la organización del Estado y de la esfera de libre acción de los ciudadanos en la sociedad, es inevitable que los conflictos salpiquen al órgano que los resuelve. Lo esencial es que la politización del litigio jurídico y del paralelo debate social no influyan en la resolución del tribunal.

Lo imposible es que la sentencia, adoptada con plenitud de independencia, satisfaga a todos los contendientes, es decir, a quienes litigaron como partes procesales y a quienes lo hicieron libre, pero desinteresadamente, en el gran foro de los medios de comunicación.

Misión de los tribunales constitucionales

La misión principal de los tc es la defensa de la Constitución. En su famoso ensayo de 1928 sobre la jurisdicción constitucional, Kelsen expresó: “Una constitución a la que le falta la garantía de anulabilidad de los actos inconstitucionales no es plenamente obligatoria en su sentido técnico”.

Y agregó: “Una constitución en la que los actos inconstitucionales y, en particular, las leyes inconstitucionales se mantienen válidos –no pudiéndose anular su inconstitucionalidad– equivale más o menos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, a un deseo sin fuerza obligatoria” (11).

A esta aseveración hay que agregar que tal garantía no existe sino cuando la declaratoria de inconstitucionalidad corresponde a un órgano completamente diferente e independiente de aquel que produjo la norma inconstitucional.

Smend (12) asigna a los tribunales constitucionales una triple tarea:

Por una parte, crea orden en el amplio espacio de las cuestiones jurídico-constitucionales, en las que solo puede crear un orden auténtico una justicia independiente del más alto rango. En segundo lugar, fortalece las bases de nuestra existencia política, en la que nos permite experimentar la vivencia de la condición de Estado de Derecho de nuestra comunidad y de la dignidad garantizada de ciudadanos libres. Tercero, lucha por el imperio de los derechos y los bienes al tomar como motivación expresa de sus decisiones estos más altos valores de la tierra.

Klaus Richter (13) afirma: La jurisdicción constitucional se puede apoyar en el Estado de Derecho, en el principio constitucional de la sujeción del poder del Estado al derecho y a la ley. En esto, la norma fundante es la constitución del Estado de Derecho, que constituye también la base para la labor del tc.

La doctrina se ha preguntado: ¿Quién controla al control? La respuesta es que existen dos medios para controlar el arbitrio judicial: a) el juicio como procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces y b), en forma indirecta, las “cláusulas programáticas” de la Constitución que integran la parte ideológica de las normas del Estado.

El tratadista Vanossi (14) dice al respecto: “Estamos frente a un problema análogo al de la cuadratura del círculo: o no hay control y, entonces, podemos desembocar en la ilimitación del ejercicio de los poderes, que significa el quebrantamiento de las competencias y limitaciones establecidas por la Constitución; o establecemos el órgano de control, pero enseguida se plantea el problema de quién controla al control, al surgir el riesgo de que dicho órgano asuma una verdadera “dictadura” interpretativa de los textos constitucionales, y descalifique todos aquellos actos o normas que no se compadezcan con las valoraciones que él explicita.

Como vemos, todos los caminos conducen a la interpretación; y la enorme importancia de esta queda en evidencia cuando percibimos que toda la función de control está finalmente subsumida en la tarea de interpretación que cumple el órgano especializado”.

La segunda misión de los tribunales constitucionales es la defensa de los derechos fundamentales de las personas, para lo cual, no solo se hace un amplio catálogo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino que se regulan los mecanismos de protección como las acciones de amparo (en Colombia se denomina acción de tutela), las acciones populares, las acciones de grupo y las acciones de cumplimiento. Además, los TC tienen como misión aplicar los principios y valores constitucionales.

La justicia constitucional tiende a estas características:

a) Defiende la Constitución. Ha dicho la doctrina que Constitución y TC son categorías interdependientes (15).

García Enterría (16) afirma que “una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una Constitución herida de muerte”.

b) La justicia constitucional vela por la protección de los derechos fundamentales de las personas y el sistema democrático.

c) El TC vela por el mantenimiento del núcleo duro de los derechos fundamentales que garantiza en condiciones de igualdad la Constitución.

d) La justicia constitucional es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho que hoy conlleva el principio de constitucionalidad, porque la Constitución es la norma suprema. Van Der Meersch (17) ha señalado: “no existe Estado de Derecho sin Tribunal Constitucional”.

e) La justicia constitucional es un poder de cierre del propio sistema. La justicia constitucional garantiza la supremacía de la Constitución. Además, se asegura la limitación y sujeción del poder al derecho.

Importancia de los TC en un Estado social de Derecho

Dentro de un Estado social de Derecho, los TC no solo son necesarios, sino que son trascendentales para la realización de los objetivos de una democracia que conlleva la existencia de controles, el más importante de los cuales es el control constitucional. La existencia de los TC supone la aceptación de la supremacía de la Constitución y el reconocimiento de que esta es una norma suprema que está en la cúspide del ordenamiento jurídico.

Dice el profesor Pedro de Vega (18): Si jurídicamente el control de constitucionalidad solo se concibe desde la definición previa de la Constitución como ley suprema, política y científicamente solo es lícito sostener la existencia de una justicia constitucional cuando la Constitución se entiende como realidad normativa y no como una mera configuración nominal y semántica.

Proceder de otro modo supondría condenar la teoría constitucional y la labor de los constitucionalistas al más menesteroso y errante de los quehaceres.

Hans Kelsen (19), quien fue el artífice de la justicia constitucional, dice que la garantía de la Constitución presupone, para resolver una noción clara de Constitución, entenderla como la cúspide de la teoría escalonada del orden jurídico (Stufenbauttheorie), es decir, la Constitución como norma suprema. Sin embargo, reconoce que “la Constitución expresa, jurídicamente, el equilibrio de las fuerzas políticas en un momento determinado”.

Los tribunales constitucionales que creados inicialmente y los que los posteriores tienen, en esencia, estas funciones: control constitucional de las leyes (abstracto o en concreto); resolución de conflictos constitucionales, de atribuciones y competencias, y protección de los derechos fundamentales mediante la acción de amparo o de tutela.

La importancia de los tc se fundamenta en las funciones que cumplen en orden a preservar el equilibrio de poderes y sus atribuciones, proteger los derechos funda- mentales y garantizar la supremacía de la Constitución.

Se trata de órganos límites en materia constitucional y, por eso, la interpretación que hagan de las normas constitucionales es considerada integrada a la

Constitución y constituye el precedente que deben seguir los mismos tribunales y que se impone a los jueces en la aplicación de las normas.

Los tc interpretan con autoridad la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico debe interpretarse según los principios y valores constitucionales como han sido interpretados por el respectivo tc.

Estos tribunales son órganos autónomos, se autogobiernan y son independientes de los otros poderes públicos, aunque pueden formar parte del Poder Judicial –es el caso de la Corte Constitucional colombiana–. Expresa Pablo Lucas Verdú (20):

La doctrina es unánime en considerar que la jurisdicción constitucional es la máxima expresión del Estado de Derecho (...) mediante la justicia cons- titucional, se cumple y asegura el orden fundamental en la medida en que se aplican a casos concretos las normas constitucionales, se esclarece el ámbito de aplicación de todas las normas, se garantiza el cumplimiento de la ley fundamental, que prevalece sobre la norma ordinaria, e incluso se va integrando el Derecho constitucional.

Se ha dicho que el Estado de Derecho supone limitación de poder, garantía de los derechos fundamentales y supremacía de la Constitución. El órgano que garantiza el cumplimiento de los propósitos del Estado de Derecho es el tc.

Refiriéndose a la conexión entre el Estado de Derecho y el tc en España, el presidente de este tribunal, Manuel García Pelayo (21), expresó que la función de este órgano es “perfeccionar la vigencia del Estado de Derecho en el que se constituye la Nación española en virtud de una decisión fundamental expresada en el preámbulo y en el artículo 1.1 de la Constitución”.

Continuará

*    Es jurista, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.     Tomado de: juridicas.unam.mx

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