La Gaceta Jurídica

Necesidad de investigar el escándalo

Las varias oposiciones se juegan su última carta con esta acusación, pero también con la posibilidad de hacer un buen papel en la comisión indagadora y en la fiscalización a la investigación que hará la Contraloría. En todo caso, la esperanza es que las mentiras de cualquiera de los lados sean juzgadas…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 14 de febrero de 2016

Las campañas por el Sí y el No del Referéndum Constitucional del 21 de febrero han salido del respeto, y no precisamente de un respeto normado, que sería difícil de ejercer desde el Tribunal Electoral debido a que sus atribuciones no incluyen acciones antidemocráticas como la censura a los medios de comunicación o a las redes sociales. En este descontrol, dentro de lo que podría ser calificado como libertad de expresión, se difundió un tema con la apariencia de denuncia.

En este enfrentamiento, la guerra sucia ha sido rebasada por actitudes antiéticas y hasta de violencia psicológica a una mujer. El caso es que días antes de carnaval, de la mano de un comunicador de un medio local de Santa Cruz, surgió la información de que el presidente Evo Morales había tenido un hijo con una persona que trabaja en una compañía extranjera con operaciones comerciales en Bolivia. Por confirmación del primer mandatario se completó el informe con los datos de que él y la persona en cuestión se conocieron en 2005 y la relación de pareja surgida a partir de ello había concluido en 2007, luego de la muerte del descendiente de ambos.

Por otra parte, la “información”, que cuenta con documentos sobre el vínculo emocional de la mujer y el presidente, se convirtió en el “marco referencial” para una suposición de tráfico de influencias, capítulo del asunto que fue considerado denuncia debido a que presentó como pruebas solo los contratos del Estado con la firma asiática. En todo caso, representantes del Gobierno y de la empresa confirmaron la veracidad de la relación comercial del país con la corporación en varios proyectos, además de que la entidad ahora se encuentra en pleito con el Estado debido a que no cumplió sus compromisos.

Mientras que el tema sigue en supuestos hasta que no se demuestre las acusaciones, se puede considerar como positivo que la Contraloría General y una comisión mixta de la Asamblea Legislativa investigarán por separado el caso para establecer cuántos de los contratos que se adjudicó la empresa fueron firmados antes de que la expareja del Presidente sea funcionaria de la institución china; a partir de ello se debe establecer el presunto tráfico de influencias.

Asimismo, la administración de Gobierno, como lo ha hecho al pedir la investigación, debe insistir en que las averiguaciones culminen, pues dejarlas inconclusas provoca problemas mayores y recelo como los causados en los sumarios de corrupción con la estafa en el Fondo Indígena y de acciones controversiales como la intervención del bloqueo en Caranavi y en la marcha por el Tipnis.

Asimismo, desde los bancos de la oposición y del oficialismo,  en el Legislativo se debe actuar con el decoro necesario para aportar en la investigación y dejar en claro el entredicho, aunque, sea cual sea el resultado, la manipulación político-mediática para cambiar el desenlace del referéndum puede tener éxito en parte con este escándalo y eso será poco remediable.

Las varias oposiciones se juegan su última carta con esta acusación, pero también con la posibilidad de hacer un buen papel en la comisión indagadora y en la fiscalización a la investigación que hará la Contraloría. En todo caso, la esperanza es que las mentiras de cualquiera de los lados sean juzgadas por quien corresponda, la población, las leyes o la historia.

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