La Gaceta Jurídica

Necesidad de políticas de gestión judicial

Como parte del el Ciclo de Conversatorios rumbo a la Cumbre Judicial, el Consejo de la Magistratura desarrolló el segundo encuentro el 11 de marzo en su sede de Sucre. Al evento también asistieron representantes de varias instituciones nacionales y de la sociedad civil.

La intervención de representantes de instituciones académicas  y sociales aportó a las conclusiones.

La intervención de representantes de instituciones académicas y sociales aportó a las conclusiones. FOTO: magistratura.organojudicial.gob.bo

La Razón (Edición Impresa) / Unicom Magistratura/redacción

00:00 / 23 de marzo de 2016

Al inicio de la primera jornada, el 3 de marzo, el presidente del Concejo de la Magistratura, Wilber Choque Cruz, recordó que la Cumbre Judicial convocada por el presidente Evo Morales está planificada para el 16 y 17 de abril y que de ella “se espera la reforma integral del sistema judicial”.

Además estableció los objetivos de este ciclo desarrollado por esta instancia del Órgano Judicial, debido a que la cumbre es un evento que requiere una etapa previa de preparación entre todas las representaciones interesadas en el tema de la justicia.

“El Consejo de la Magistratura, buscando aportar a la suficiente información, discusión y elaboración de propuestas en la Cumbre Judicial y la reforma integral del sistema de justicia, propone una etapa intensiva de realización de espacios informativos y comunicacionales, conversatorios y talleres que posibiliten el objetivo planteado de propiciar la participación informada y propositiva de la población”, dijo choque en esa ocasión.

Segundo encuentro

En el conversatorio del 11 de marzo se registró nuevamente gran participación de diferentes sectores de la sociedad y, en especial, de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad estatal.

La primera de las disertantes, Fátima Tardío, directora de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (usfxch) expresó contundentemente que la universidad también se responsabiliza por no atender a los componentes de la crisis del sistema judicial.

Esto debido a que se trata del espacio académico en el que se forman los recursos humanos con deficiencias, es decir, los abogados que luego son los profesionales que operan en el Órgano Judicial o en el oficio de jurista libres.

Explicó que, después de la realización de estudios serios y diagnósticos, esta carrera concluyó que la formación impartida es anacrónica y descontextualizada de la realidad circundante debido a la concepción decimonónica del siglo XVIII.

En esa concepción predominó el excesivo formalismo, el dogmatismo y el positivismo; además, en el ejercicio de la profesión de abogados, se alentó una cultura de controversia o pleitista para resolver las diferencias entre ciudadanos y ciudadanas. En la actual formación de la carrera de Derecho están  ausentes los ejes y componentes modernos de la formación como son los derechos humanos, el género y la interculturalidad, puntualizó la académica.

Por todas esas razones, explicó que esa importante instancia de educación superior elaboró una nueva currícula en remplazo de la actual que tiene 25 años de vigencia y al momento quedó obsoleta.

El nuevo diseño curricular pretende subsanar las debilidades y ausencias detectadas a partir de nuevos paradigmas que incluyen materias y perspectivas como los derechos humanos, el Derecho Internacional de los derechos humanos, la equidad de género y la formación axiológica –y no moralista– que contemple los valores de igualdad, solidaridad, equidad, puntualizó.

Se debe recuperar el sentido primordial para la academia universitaria, el sentido de la “meritocracia” y de la solidez ética que hagan de los estudiantes, a futuro, personas imbatibles frente a la corrupción, enfatizó Tardío para agregar que “un estudiante aplicado a quien le ha costado esfuerzo sacar su profesión, al que le enseñaron habilidades cognitivas y valores éticos, cuando sea profesional difícilmente podrá ser tentado para caer en la corrupción y hará valer más su capacidad que su color”.

Formación de excelencia

La universidad, a propósito de la formación de cada uno de los estudiantes, y la nueva currícula de la carrera de Derecho otorgan preponderancia de lo micro frente a lo macro, admitiendo que son las personas quienes estructuran el sistema y no al revés, por ello se insistirá en una formación completa y de excelencia, con “conocimientos y habilidades contextua- lizados, sistema axiológico de valores, no sirve la formación antigua en códigos modernos y tampoco es útil si sucede al contrario”, manifestó la directora.

En la última parte de su exposición la Fátima Tardío ponderó el escenario de alianzas que se forma con instituciones como el Consejo de la Magistratura, institución con la que se mantiene coincidencias, por ejemplo, la de proponer un nuevo paradigma multidimensional, compuesto por varios ejes uno de los cuales, “sin duda, es la formación de los recursos humanos del sistema judicial, principalmente abogados que estudian en las carreras de Derecho del país”.

Asimismo, para finalizar destacó que el proceso de socialización y discusión de diferentes posiciones en los conversatorios del Consejo de la Magistratura permite aunar propuestas y no asistir de manera aislada a la Cumbre.

Formación y gratuidad

A su turno, César Suárez Saavedra, presidente de la Célula de Docentes de la Carrera de Derecho de la usfxch, coincidió con la doctora Tardío en que la deficiencia en la formación de los estudiantes llega hasta el ejercicio de la profesión de estos y que, además, se trata de una de las causas de la crisis del sistema de justicia.

Acotó que el Órgano Judicial, como se encuentra ahora, solo sirve a un grupo reducido de personas con recursos económicos que pueden pagar un juicio, pues no se cumple la gratuidad declarada por la Constitución Política del Estado (cpe).

Insistió en que el acceso al derecho a la justicia no se cumple para todos, por ejemplo, “en el caso de una víctima de violación del área rural, ella debe venir hasta la ciudad a denunciar; por el tiempo transcurrido, difícilmente puede presentar pruebas del hecho y no tiene dinero para pagar un abogado, por tanto, ese delito queda en nada, pues la afectada no puede continuar el proceso”.

Entre las deficiencias y limitaciones más importantes, Suárez señaló la falta de presupuesto que garantice el funcionamiento del Órgano Judicial, “una universidad del sistema universitario nacional, entre las más pequeñas, por ejemplo, la de Siglo XX, tiene más dinero asignado”.

Indicó que antes existía la carrera de la judicatura, los jueces se formaban en el Instituto de la Judicatura, ahora su capacitación es menos exigente.

Otro de los aspectos que identificó es que la carga procesal para los jueces es demasiada, como dato, “en la ciudad de El Alto, donde existen 20 jueces, aproximadamente, el requerimiento por el número de demandas sería de 200; ellos y ellas agendan 40 audiencias por día cuando solo pueden realizar seis”.

El andamiaje jurídico es obsoleto, añadió el presidente de los docentes, pues se hicieron cambios y nuevas leyes en la parte adjetiva de la ley, que es el procedimiento, pero no en la parte sustantiva; así, en la universidad se continúa enseñando antiguas normas, algunas datan de los años 50 del siglo pasado o pertenecen a los códigos Banzer.

Citó como ejemplos de esta situación los delitos contra la función judicial. En cuanto a los recursos humanos, opinó que las autoridades del Órgano Judicial fueron elegidas por voto popular, pero llegaron a los cargos sin la suficiente experiencia.

Pasos propuestos

El Órgano legislativo debe formular un nuevo andamiaje jurídico, coherente y articulado y acorde con la cpe que evite normas con la función de parches. También se debe analizar la descentralización de la justicia, ahora se observa un desborde de los municipios que exigen juzgados en sus territorios, “probablemente es tiempo de dejar los palacios (así se llamaba antes a los tribunales) para ir a los juzgados”, expresó Suárez.

“Consecuentemente, se debe descolonizar la justicia, hay formalismos y nominaciones como la de llamar hasta hoy ‘vocal’ al juez de apelación. Vocales existían en los tiempos de la Colonia, donde los consejeros del Rey eran los ‘vocales’”, finalizó el presidente de la célula de docentes de la carrera de Derecho de San Francisco Xavier.

La participación

Lo que caracterizó como positivos a estos eventos denominados conversatorios fue la habilitación de espacios para la retroalimentación, en los que participó gran cantidad de estudiantes, abogados en ejercicio libre y representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve).

En el marco del diálogo, desde sus diferentes perspectivas, estas personas expresaron sus opiniones sobre los temas expuestos. En síntesis, la participación del público señaló como responsables de las limitaciones en la formación de los estudiantes no solo a la currícula obsoleta, sino también a la falta de cualificación de los catedráticos y catedráticas.

Otra de las conclusiones de los asistentes, ratificada por la expositora Tardío, fue que sin políticas de gestión la ley puede convertirse en letra muerta.

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