La Gaceta Jurídica

Negligencia en las casas de acogida

…las determinaciones de la legislación quedan sin aplicación debido a la dejadez de las entidades y funcionarios encargados de ello, por lo que, no solo en este caso, sino para otros de carácter diferente, se debe accionar los mecanismos pertinentes de seguimiento…

La Razón (Edición Impresa)

13:10 / 20 de abril de 2016

Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son un mecanismo establecido en la legislación nacional para neutralizar este flagelo que afecta a miles de personas del género femenino en el país. Según la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y su reglamento, estas locaciones están destinadas a promover el empoderamiento, facilitando el acceso de las mujeres a la educación, capacitación laboral, trabajo, etc., además de que deben constituir refugios seguros, por eso su ubicación solo tendrá que ser revelada a personas autorizadas para llegar hasta ellas.

Asimismo, en estos centros se obliga a mantener el anonimato y la privacidad de las mujeres que necesitan de esta protección, aunque la misma norma establece que las víctimas pueden permanecer en las casas un máximo de tres meses, salvo que existan condiciones especiales como que la violencia sufrida sea muy grave. Al respecto, en declaraciones al matutino La Razón, la directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Tania Sánchez, recordó que para construir las casas de acogida “los nueve gobiernos departamentales tienen un total de 26 millones de bolivianos, provenientes del idh (Impuesto Directo a los Hidrocarburos)”, establecidos mediante la Ley 348.

Pero lo lamentable de la información es que estos montos solo fueron utilizados para este fin por las gobernaciones de La Paz y Cochabamba, lo cual representa solo el 4 por ciento en la ejecución del monto total. Esto demuestra la negligencia o descuido de las administraciones departamentales, además de que esta situación perjudica en la aplicación de la medida de protección para las mujeres víctimas de violencia.

Al mismo tiempo, las instancias que han utilizado sus recursos no pueden quedar exentas de la crítica, puesto que Cochabamba ejecutó apenas el 21,16 por ciento de sus recursos (878.854 bolivianos) en la habilitación de un refugio en un edificio de propiedad de la Gobernación, mientras que La Paz alcanzó a invertir el 6,83 por ciento (165.990 bolivianos) y solo para elaborar proyectos sobre la construcción de albergues.

Si bien, como ya se dijo, los albergues constituyen un paliativo o neutralizan los delitos de violencia intrafamiliar, en el tiempo en que tal vez las casas de acogida podían funcionar se hubiese evitado que muchas mujeres sean víctimas o que vuelvan a vivir con sus victimarios. En este sentido, las especificaciones legales están determinadas, pues, aparte de las ya detalladas, se tiene que en 2015 debió haberse construido los albergues y en este 2016 dotar de equipamiento para el funcionamiento adecuado, luego destinar por año el 10 por ciento de los recursos de cada gobernación para el mantenimiento de los inmuebles y la contratación de personal profesional y de servicio, detallado también en la normativa.

Otra vez las determinaciones de la legislación quedan sin aplicación debido a la dejadez de las entidades y funcionarios encargados de ello, por lo que, no solo en este caso, sino para otros de carácter diferente, se debe accionar los mecanismos pertinentes de seguimiento para que las normas sean cumplidas, puesto que las denuncias y la preocupación de la ciudadanía no logran resultados para que la legislación sea efectiva.

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