La Gaceta Jurídica

Normativa y San Juan

…la población no ha alcanzado el grado de conocimiento necesario para dejar estas prácticas nocivas no solo para el medio ambiente, sino también para la salud humana. Así, la evasión de la norma es parte de una ausencia de reflexión.

Editorial

00:00 / 26 de junio de 2015

Según se dice, la normativa nacional vigente es una de las más completas en la protección ambiental, aunque, tal vez, una de las menos acatadas desde los niveles más altos de la administración estatal hasta los más sencillos del tejido social de la población. De este modo, para la contaminación ambiental, la Constitución Política del Estado (cpe) de febrero de 2009, en su artículo 299 inciso II, establece que las “competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”.

Por otra parte, la vigente Ley 1333 del Medio Ambiente, promulgada el 27 de abril de 1992, en el artículo 1 señala que “la presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza (…)”.

Son precisamente estos acápites de la ley fundamental y de la otra norma los que pueden ser tomados en cuenta para lo que corresponde a la celebración de la noche de San Juan en gran parte del país, incluso en algunas regiones de oriente en las que la costumbre de la quema no era conocida hace algunas décadas. Es sabido que las fogatas sanjuaneras eran realizadas en toda la región occidental y en los departamentos vallunos a título de “tradición”, pero cuando en el mundo y en Bolivia surgió la alarma de que la emisión de gases contaminantes y humos estaba provocando la aceleración del calentamiento global y el efecto invernadero por la polución del aire, se decidió la prohibición de esta actividad.

Esta determinación, que tenía que ver con los gobiernos municipales en primera instancia, tuvo sus contradicciones evidentes en momentos como, por ejemplo, cuando el ejecutivo edil de La Paz prohibió las quemas del 23 de junio, su similar de El Alto no lo hizo, vulnerando la determinación constitucional de contribuir a la protección del medio ambiente desde el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Asimismo, en la problemática se debe considerar que la población tiene también la responsabilidad de coadyuvar y proteger el medio ambiente.

Para sustentar estas estipulaciones, en esta gestión el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas emitió la Resolución Administrativa 10/2015 con la prohibición del uso de juegos pirotécnicos o fuegos artificiales en el territorio nacional en la fiesta de San Juan, este dictamen emitido por primera vez fue incorporado a la prohibición de la quema que se lanzó en 2013. Si bien el precepto ha coadyuvado a que las acciones contaminantes en esta fecha no tengan las dimensiones anteriores, ha sido aún perceptible la violación de la disposición con el encendido de fogatas y la venta y utilización de juegos pirotécnicos que contienen elementos más dañinos para la salud como metales pesados y compuestos bioacumulables (que no se disuelven ni se degradan), como explicó el técnico Alejandro Valdez de la Red MoniCa (monitoreo de la calidad ambiental).

En esta perspectiva, es claro que la población no ha alcanzado el grado de conocimiento necesario para dejar estas prácticas nocivas no solo para el medio ambiente, sino también para la salud humana. Así, la evasión de la norma es parte de una ausencia de reflexión.

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