La Gaceta Jurídica

Normativa ignorada

El desconocimiento de las normas o leyes que garantizan los derechos y promueven la buena convivencia ciudadana perjudica las relaciones adecuadas entre personas y de estas con el medio ambiente y con las otras especies (…), las reacciones políticas debieran formar parte del interés por mejorar la convivencia y el cumplimiento de normas.

Editorial

00:00 / 18 de mayo de 2016

Entre los factores que perjudican el desarrollo social del país está, sin lugar a dudas, el desconocimiento de las normas o leyes que garantizan los derechos y promueven la buena convivencia ciudadana, es decir, las relaciones adecuadas entre personas y de estas con el medio ambiente y con las otras especies. Este descuido hace que las normas no sean acatadas de manera general, aunque habrá de considerarse que existen gremios como el del trasporte que, pese a conocer la legislación, no les interesa el mejoramiento de la conducta y de las relaciones humanas.  

Los aspectos fundamentales contemplados en la Constitución Política del Estado de 2009 y la legislación específica son la prevención de la violencia familiar y la garantía para las personas del sexo femenino a una vida libre de violencia (Ley 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia del 9 de marzo de 2013); el respeto y consideración a los adultos y las adultas mayores (Ley 369 del 1 de mayo de 2013); el ejerció pleno de los derechos de las personas con discapacidad (Ley General para Personas con Discapacidad del 2 de marzo de 2012); el cuidado a los niños, niñas y adolescentes (Ley 548 del 17 de julio de 2014) y del medio ambiente (Ley 1333 de 27 de abril de 1992 y la  Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien del 15 de octubre de 2012), entre otros tópicos en plena vigencia.

Al respecto, es preocupante la reciente información de dos temáticas enmarcados en la normativa nombrada y que deben merecer inmediata atención. Una trata de que la ciudad de La Paz se ubica entre las capitales de América Latina más contaminadas (y no es la única del país con graves niveles de polución). En este particular, los municipios ni las autoridades del gobierno central se ocupan de controlar las fuentes de emisión de contaminantes y tampoco estas asumen la responsabilidad social que les cupe, de tal manera que, a falta de aplicación de las sanciones normativas, tampoco existe posibilidad de revisión de conciencia.

Por otra parte, la actividad realizada por miembros de la universidad policial en la sede de gobierno (que debería ser replicada en todas las ciudades grandes y pequeñas del país) para concientizar acerca de la gravedad de la violencia familiar y de la necesidad de acatar las normas de tránsito, se hace importante debido a que nuestras urbes principales, las capitales de departamento y las ciudades intermedias se han convertido en concentraciones humanas cargadas de desconsideración.

Si bien se conoce que un proyecto de nuevo Código de Tránsito permanece en instituciones policiales sin que se concluya su estudio hace mucho, es preciso advertir que nuestras ciudades son centros agresivos en cuanto se refiere a la circulación de vehículos. De este modo, los cuestionamientos no se reducen a: ¿hasta cuándo los transportistas no acatarán las reglas de tránsito, que bien son conocidas para ellos?, ¿hasta cuándo las aceras serán estacionamientos en todos los barrios?, ¿hasta cuándo los conductores de transporte público y privado no respetarán los pasos de cebra, las esquinas y los lugares de estacionamiento y las otras normas de circulación?

En general, para un desarrollo humano, las reacciones políticas debieran formar parte del interés por mejorar lo social, en esto se incluye la convivencia y el cumplimiento de normas.

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