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Normativa municipal

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 27 de enero de 2012

En un reciente programa radial nacional, el Presidente del Concejo Municipal de Tarija, hizo una afirmación que nos parece importante y que origina el presente trabajo.

Afirmó que, respecto a las municipalidades del país, la normativa que está en vigencia no sólo es ampulosa, sino excesiva y, por eso, en muchos casos se ha vuelto confusa e incluso contradictoria.

Hagamos un análisis del tema. Este comienza por el texto constitucional. El actualmente vigente, en el campo municipal no ha tenido mayores variantes, salvo el referido a la elección de alcaldes como cabeza del órgano ejecutivo municipal, en forma directa y separada de los concejales municipales.

El Título referido a la Organización Territorial del Estado, en la Tercera Parte del texto constitucional, nos habla de las siguientes instituciones:

Autonomía Departamental, que bien pudo haberse llamado “Gobiernos Departamentales” (léase miedo a acabar con el centralismo); Autono- mía Municipal, aquí sí el artículo 283 de la Constitución Política del Estado (cpe) habla de “gobierno autónomo municipal”.

Finalmente, Autonomía Indígena Originario Campesina. Pero antes, destaca la Autonomía Regional, que es uno de los elementos que contribuye a la confusión desde el punto de vista territorial.

Por lo demás, el texto constitucional, se remite a lo que pudiera establecerse en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Veamos qué detalles contiene esta última, que ya es el segundo conjunto de leyes sobre el tema.

Aquella Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, en el tema que nos ocupa, sigue añadiendo más “espacios institucionales”, que tienen relación con las municipalidades. En efecto, el artículo 25 nos habla de la Región Metropolitana, el artículo 27 de los Distrito Municipales; el artículo 28 de los Distritos Municipales Indígena, Originario, Campesinos. El artículo 29 establece la posibilidad de crear mancomunidades.

El artículo 34 respeta lo señalado en la Constitución, al hablar de Gobierno Autónomo Municipal. Finalmente, existirán las denominadas “Cartas Orgánicas” aprobadas por referendo, detalle que entendemos hasta  el momento no ha cumplido ninguna Municipalidad.

Pero, ¿y qué fue de la Ley de Municipalidades? Aquella de 28 de octubre de 1999 solo ha sido derogada en algunos artículos expresamente señalados por una de las Disposiciones Derogatorias de la Ley Marco de Autonomías. Por lo tanto, se trata de un tercer conjunto de leyes sobre el tema, y cuanto existan Cartas Orgánicas, éstas vendrán a ser el cuarto instrumento legal. Y todo esto sin contar con las muchas resoluciones y ordenanzas municipales ya dictadas y por dictarse.

Todo lo anterior conforma un auténtico exceso de normas legales de distinta jerarquía y naturaleza que es inadmisible.Urge, por lo tanto, dar inicio a una tarea que no tendría que ser muy corta para que en el Régimen Municipal o, mejor, la Autonomía Municipal se rija en lo básico, como es inevitable por el texto constitucional y luego por una ley forme parte de una mayor. A la Ley de Autonomías solo le faltaba incluir otro capítulo referido a la autonomía universitaria.

Para dar un ejemplo concreto que pueda ilustrar lo que venimos señalando, nos referimos a continuación a lo sucedido recientemente en la Municipalidad de Sucre.

Elegido el Alcalde, tras un año y ocho meses de interinato del anterior (alcaldesa en realidad) por renuncia forzada del titular elegido en abril del 2010, se desata la polémica sobre la posesión del nuevo ejecutivo, o, mejor dicho, sobre quién tenía competencia para ese efecto.

Lo anterior, teniendo en cuenta que incluso el alcalde renunciante tomó posesión ante la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca.

Lo anterior, en virtud de que la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, al igual que la anterior, publicada el 23 de marzo de 1992 detallaba en su artículo 103 que entre las atribuciones de las cortes superiores figuraba aquella.

Pero el problema es que la Ley Orgánica de Municipalidades (lom), es posterior a la Ley de Organización Judicial, porque es del 28 de octubre de 1999; no solo es eso, posterior, sino que en el tema resulta ser la “ley especial” que tiene siempre validez sobre la “Ley General”. Por lo tanto, sin necesidad de que aquella Ley Orgánica lo destaque en forma expresa, aquella atribución de las cortes superiores quedaba derogada.

Todo aquello, en razón de que el artículo 39 de la lom, en su inciso 4) coloca entre las atribuciones del Presidente del Concejo Municipal “posesionar, con el juramento de rigor, al Alcalde Municipal”.

Es evidente que puede quedar alguna duda teniendo en cuenta que aquella fue dictada cuando los alcaldes eran elegidos por el Concejo Municipal y no en forma directa como ahora. Pero, pensamos que no existe otra forma legal o si se quiere más lógica para la posesión de un Alcalde Municipal. En el futuro, éste es un detalle que no deja de tener importancia, que deberá ser aclarado en definitiva en los textos que se aprueban para formar parte de las llamadas Cartas Orgánicas Municipales.

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