La Gaceta Jurídica

Notas sobre la Constitución Política chilena de 1980

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 18 de mayo de 2016

Caminando por las calles de Santiago en la primera semana de mayo, encontré una edición actualizada de la Constitución Política de Chile de 1980 (Decreto Su- premo Nº 100, actualizado por la Ley Nº 20.644 de 15 de diciembre de 2012) (1).

Se trata de una edición muy interesante porque en sus páginas preliminares incluye: a) una breve historia constitucional de Chile; b) el origen de la Constitución de 1980; c) un resumen del contenido de la Constitución de 1980 y d) la historia resumida de las constituciones de Chile.

Esto brinda una calidad especial a esa edición por la confiabilidad de la información que contiene y que resulta muy útil a la hora de conocer y comprender la Ley Fundamental de un país, que, además, se encuentra disponible en varios puntos de aquella ciudad.

Para conocer resumidamente el contenido de sus cláusulas fundamentales, se puede señalar, por ejemplo, que en su capítulo dedicado a las bases de la institucionalidad contiene una serie de principios elementales de un Estado de Derecho y resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto se refiere a la relación del hombre con el poder.

Así, establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y reconoce la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, así como el “respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dispone, expresamente, que “son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional”. Contiene, además, principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, forma unitaria del Estado y del gobierno, con tendencia a la descentralización administrativa, etc.

Asimismo, el valor jurídico de la Constitución chilena está regulado por ella misma, dado que se trata de una norma jurídica y, por consiguiente, su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo y, evidentemente, para todos los órganos del Estado. Por otro lado, el principio de respeto al Estado de Derecho se complementa mediante los principios de legalidad (o juridicidad) y de responsabilidad del Estado.

El Capítulo que regula la Naciona- lidad y la Ciudadanía, contiene las reglas tradicionales chilenas sobre la ciudadanía; de este modo, reconoce la nacionalidad chilena en las distintas formas en que se obtiene, ya sea por ius sanguinis (derecho de sangre), por ius solis (derecho del suelo), por carta de nacionalización o la “especial gracia de nacionalización por Ley”.

También establece las causales de pérdida de la nacionalidad, otorga la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema frente a cualquier Resolución Adminis- trativa considerada arbitraria que prive o desconozca la nacionalidad chilena.

Establece, igualmente, las reglas básicas de la ciudadanía, señalando que son ciudadanos “los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”.

Aquí, llama la atención una disposición en especial interesante, dado que la Constitución chilena dispone expresamente que, “en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”; vale decir que en Chile no existe obligatoriedad del voto, lo que implica que cada ciudadano(a) asiste a las urnas con plena convicción de participar activamente en un proceso electoral y no solo por temor a sanciones o multas establecidas por Ley (como sucede en Bolivia).

También existe un Capítulo especial con una densidad normativa importante, que está referido a los derechos y deberes constitucionales. De este modo, en su artículo 19 se encuentra una extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (asimismo, establece que la pena de muerte solo podrá ser establecida por delito contemplado en Ley aprobada con quórum calificado; sin embargo, la Ley Nº 19.734 reemplazó la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado en diversos textos legales de ese país).

También se contempla la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, derecho a la defensa jurídica, principio de legalidad penal, respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada (el hogar solo puede ser allanado y las comunicaciones y documentos privados interceptados, abiertos o registrados en los casos y formas determinados por ley).

Aquí se incluye la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

Conjuntamente están el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

Todo esto sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometa en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado.

También se garantiza el derecho a reunirse de manera pacífica sin permiso previo y sin armas (las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones generales de policía); el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes, el derecho de asociarse sin permiso previo, etc.

Como se podrá apreciar, en el citado artículo 19 se puede encontrar una serie de disposiciones que no solamente se refieren a derechos individuales, sino también a derechos económicos, sociales y culturales, conservando tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena, como la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, actualizadas conforme a las orientaciones del constitucionalismo moderno.

Nota

1. Una versión digital del texto de la Constitución Política de Chile de 1980, actualizada a octubre de 2010, se encuentra en: http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf 

Sin embargo, una versión del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (con la última modificación de la Ley 20870 de 16 de noviembre de 2015) existe en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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