La Gaceta Jurídica

¿Nueva Ley del Notariado?

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 05 de septiembre de 2014

Hemos colocado el título del presente trabajo como interrogante porque el tema referido a la nueva Ley del Notariado sigue siendo polémico y es evidente que su texto deja varios cuestionamientos. Por otra parte, su impugnación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) dio lugar a un menudo embrollo que acabó, por ahora, en el enjuiciamiento y suspensión de dos magistradas de aquel Tribunal por la Cámara de Diputados.

La Ley Nº 483 de 24 de enero del 2014, en todo caso, no ha conseguido todavía entrar en vigencia y aplicarse. En este momento, el obstáculo principal para aquel efecto se refiere a la falta de la respectiva reglamentación en detalle del texto de la ley mencionada.

La disposición transitoria sexta de la norma destaca que la tarea de elaborar la respectiva reglamentación, en un plazo de noventa días, corresponderá al Ministerio de Justicia.

En realidad, el tema fundamental acaba de ser definido por el tcp, sobre cuyo papel en cuanto a la impugnación por inconstitucionalidad de la ley lo menos que puede decirse es que ha sido deficiente y, al final, obscuro y pobre.

La Comisión de Admisión del Tribunal, inicialmente, adoptó discutibles “medidas cautelares” que, finalmente, no permitieron la vigencia de la ley y ésta quedó en suspenso.

Esta decisión motivó el enjuiciamiento penal (juicio de responsabilidades) contra magistradas del Tribunal Constitucional, causando su suspensión y dejando el proceso en su parte final en la Cámara de Senadores.

Sorpresivamente, un tiempo después, el pleno del Tribunal anunció a través de su Presidente que se ha dejado sin efecto (parecería que de oficio) la decisión de la Comisión de Admisión lo que implica que la Ley del Notariado, a partir de ese hecho, vuelve a tener vigencia plena porque adquirió la calidad de constitucional.

Este panorama originado en la impugnación del texto de la ley no deja de ser irregular y complicado, pero nos preguntamos si la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso antes de la discusión del texto en detalle de aquella, analizó el aspecto básico referido a la “dependencia” que correspondería a los notarios respecto de los actuales órganos del Estado.

Las notarías, desde su primera Ley de 1858, han aparecido como órganos “dependientes del Poder Judicial”. La Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993 reitera ese criterio. La última, de 24 de junio del 2010, en el artículo séptimo transitorio dice: “El Registro Público de Derechos Reales y las notarías de Fe Pública CONTINUARÁN EN SUS FUNCIONES SUJETOS A LAS NORMAS ANTERIORES A LA PRESENTE LEY, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una ley especial que regule tales institutos jurídicos”.

Y es que, en definitiva, la variante sustancial que establece la nueva Ley del Notariado es la referida y la “dependencia” institucional de las notarías. En efecto, aquellas fueron hasta hoy un órgano “dependiente” del Órgano Judicial. ¿Qué serán en adelante?

El artículo 5 de esta norma establece el funcionamiento de un Consejo del Notariado Plurinacional como instancia de FISCALIZACIÓN Y CONTROL. Lo integrarán representantes del Ministerio de Justicia, del de Relaciones Exteriores, del de Transparencia y de la Asociación Nacional de Notarios. Ya existe una relación directa con altos organismos del Ejecutivo.

A su vez, el artículo 8 crea la Dirección del Notariado Plurinacional como la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, quien será designada mediante Resolución Suprema. Y hay más. El artículo 25 de la Ley que comentamos señala: “Las notarías y los notarios de Gobierno son servidores públicos que DEPENDEN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVAMENTE de los GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTÓNOMOS”.

Aquí la dependencia acaba difuminada en varias instancias de Gobierno, pero, en todo caso, ya nada tiene que ver con el Órgano Judicial.

Nos preguntamos si ha sido correcto acabar de un plumazo con una dependencia de más de un siglo, dadas, además, las características y la naturaleza de la función principal que corresponde cumplir a los notarios de Fe Pública.

Vaya uno a saber cuál será finalmente la suerte que correrán no sólo los notarios como funcionarios de Fe Pública, sino toda la función notarial que, por donde se la vea, tiene una relación mucho más directa con todo lo que es “administración de justicia” que con las funciones de los otros órganos del Estado, como son las del Ejecutivo y peor del Legislativo.

Pero, además, en la ley, en el Título V de la misma, a partir del artículo 89, se habla de la VÍA VOLUNTARIA NOTARIAL. O sea, a partir de esta función, los notarios se convierten en funcionarios con “jurisdicción”, lo que implica que conocerán ciertos procesos y podrán dictar fallos.

Entre aquellos están los que la ley llama procesos en materia civil y sucesoria. En materia de familia, lo que se ha denominado Divorcio Notarial procederá cuando exista mutuo consentimiento entre los cónyuges, no existan hijos entre ellos, no existan bienes comunes o gananciales y no exista ninguna pretensión de asistencia familiar.

El esquema anterior quizás tenga un justificativo que ha sido indicado en la urgente necesidad de reducir la carga procesal que abruma actualmente a los juzgados y, en este caso, particularmente a los juzgados de instrucción en materia civil.

En todo caso, esperemos la respectiva reglamentación para que así puedan aclararse varios temas. Habrá que esperar también que esta nueva ley solucione varios problemas actuales y, por el contrario, no acabe contribuyendo a agravar la situación actual.

Es abogado, ensayistas y analista de la constitucionalidad.

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