La Gaceta Jurídica

Nueva visión del Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo, desde una nueva visión, debe ser utilizado como un instrumento de explicación y comprensión de toda la realidad jurídica de nuestro país, Bolivia, en cuanto al funcionamiento de la administración pública (la organización administrativa) en relación a los administrados (la población).

No se trata únicamente de la regulación  de las relaciones entre la administración pública y los administrados.

No se trata únicamente de la regulación de las relaciones entre la administración pública y los administrados. Foto: rfidpoint.com

Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 03 de julio de 2015

El surgimiento de la administración es simultáneo al proceso de socialización, es decir, no puede concebirse la administración antes del ser humano en sociedad. Desde el Estado primitivo hasta las épocas del absolutismo monárquico, constituye un prístino Derecho Administrativo, toda vez que, a partir de la Revolución Francesa, ese ordenamiento tomó una dirección contraria que limitó el poder de los gobernantes frente a los ciudadanos y los obligó a satisfacer las necesidades de éstos mediante los servicios públicos con sujeción a un derecho propio.

Bolivia no tiene significación en el proceso histórico del Derecho Administrativo, el enclaustramiento geográfico en el que se encuentra, su atraso económico social y su incipiente política la sitúan entre los pocos Estados del mundo a los que aún no ha llegado el concepto moderno respecto al entendimiento de la administración.

Por ello, la observación de Haurioual respecto esto tiene sentido, ya señala: “Todos los Estados modernos asumen funciones administrativas, pero no todos poseen el régimen administrativo; el Derecho Administrativo es una ciencia y un instrumento para ordenar las relaciones de la sociedad jurídica y políticamente organizada”.

En consecuencia, se puede afirmar categóricamente que el Derecho Administrativo no se reduce solamente a la regulación de las relaciones entre la administración pública y los administrados, su ámbito de aplicación es mucho más extenso.

En ese entendido, debemos precisar que el Derecho Administrativo, según Villegas Basavilbao, es “(…) un complejo de normas y de principios de Derecho Público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares, o entre aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal”.

Es decir, la importancia del Derecho Administrativo radica en ese conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la función administrativa. Por ello, el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo.

En la actualidad existe una escasa producción intelectual respecto al Derecho Administrativo como ciencia administrativa, lamentablemente, se ha ido relegando su importancia, por esto, es imprescindible resaltar la progresiva importancia que adquiere el Derecho Administrativo debido al intervencionismo estadual que se ha ampliado hasta extremos, toda vez que el Estado moderno se ha convertido en administrador de casi toda la actividad humana, en tanto que el Derecho Civil, Penal, Mercantil, etc., y la generalidad de las ramas del Derecho positivo, alcanzan solamente a quienes tienen necesidad de servirse de ellos o caen bajo la sanción de sus preceptos.

Es entonces que todos los individuos sin excepción, como dice Juan P. Ramos, viven bajo presión, vigilancia, protección o expoliación de la administración pública, por ello la actividad que regula el Derecho Administrativo asegura la conti- nuidad, la supervivencia del Estado.

Puede admitirse que dentro de él desaparezcan los órganos legislativos y jurisdiccionales, pero ni por un solo día pueden ser suprimidos los órganos administrativos, cuyas funciones tienen carácter vital e imprescindible para las colectividades.

Jurisdicción administrativa

Por jurisdicción se debe entender: “El poder-deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía, para dirimir mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre éstos y el estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico”, por jurisdicción administrativa aquella “potestad que reside en la administración pública o en los funcionarios o cuerpos representativos de ese poder público, para decidir sobre las reclamaciones (…)”.

Por ello se afirma que la jurisdicción se dice pública, ya por razón de su causa eficiente, porque emana de autoridad pública; ya por razón del sujeto, porque quien la ejerce es persona pública, o ya por razón del fin, porque se dirige a la conservación del orden y de la utilidad pública.

Obedeciendo a concepciones modernas, Couture define a la jurisdicción como la función pública realizada por órganos competentes, con las formas requeridas por la ley, en virtud de lo cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada eventualmente factibles de ejecución; por ello, este autor sostiene que la jurisdicción es ante todo una función.

Con lo afirmado, se puede colegir que es necesario precisar términos antes de la descripción respecto a la consistencia de la jurisdicción administrativa, pues no se debe confundir los términos de justicia administrativa con jurisdicción administrativa.

Esto porque la primera tiene relación cuando los órganos judiciales comunes se dedican a resolver problemas administrativos y la segunda es cuando existen órganos calificados y especiales para esos fines, es decir, cuando existen órganos administrativos que son reconocidos por la Constitución Política del Estado (cpe).

En la actualidad, sin haber abandonado el razonamiento jurídico, se advierte sobre la importancia que tiene abordar y dilucidar el tema en homenaje a una rigurosidad académica, toda vez que, normalmente, los órganos de la jurisdicción son los del órgano judicial.

Pero esta circunstancia no excluye que las funciones jurisdiccionales puedan ser asignadas a otros órganos y, por ende, la jurisdicción se cumple mediante un adecuado proceso; en consecuencia, el proceso jurisdiccional debe ser bilateral, con las debidas garantías, con posibilidades eficaces de probar la verdad de sus proposiciones de hecho.

Es decir, la función jurisdiccional asegura la vigencia del Derecho, la jurisdicción es declarativa y constitutiva al mismo tiempo, declara el Derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certidumbre y de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada; entonces, el objeto propio de la jurisdicción es la cosa juzgada, la jurisdicción por jurisdicción no existe, solo existe como medio de lograr un fin, asegura la continuidad del orden jurídico, por lo que el fin es asegurar la efectividad del Derecho, es en ese sentido que la jurisdicción se constituye en un medio de producción jurídica.

Es así que, en ciertos casos, el Órgano Ejecutivo se encuentra facultado para decidir ciertas controversias, desarrollando una actividad semejante a la función judicial; por tanto, la función jurisdiccional se aplica a cada caso en particular y concreto, el Derecho general y abstracto proclamado por la norma, ya sea dentro de la propia orbita de la administración pública, lo que da lugar a la denominada jurisdicción administrativa.

Por ello la función de dirimir conflictos y decidir controversias se ha convertido en uno de los fines primarios del Estado, debido a que no es posible concebir al Estado sin esa actividad fundamental, esto porque a los ciudadanos privados de la facultad de hacer justicia por propia mano el orden jurídico les ha otorgado el derecho de acción y al Estado el deber de la jurisdicción.

Entonces, se afirma que hay una relación de medio a fin entre el fallo judicial con valor de cosa juzgada y la vigencia real del derecho, el Estado por medio de la jurisdicción declara el derecho ante cualquier violación del régimen normativo.

Es  abogado,  docente  universitario,  egresado   de  la  Maestría  en  Derecho  Constitucional y  Procedimientos  Constitucionales  (UMSA), blog jurídico: (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

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