La Gaceta Jurídica

Nuevo Procurador y la Constitución

…es de esperar que el funcionario avance en los aspectos que han quedado pendientes con la renuncia del anterior Procurador, pues a nivel internacional se barajan varios casos en los que Bolivia debe defenderse de acusaciones y procesos relacionados con las acciones de recuperación de empresas estratégicas...

Editorial

00:00 / 21 de marzo de 2014

Esta semana, el 18 de marzo, el diputado Héctor Arce asumió como Procurador General del Estado en reemplazo de Hugo Montero Lara, quien renunció al cargo en días anteriores. En el acto de su posesión, el nuevo titular de la Procuraduría señaló que como fundamental actividad se dedicará a apuntalar la demanda que Bolivia ha interpuesto contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (cij) con sede en La Haya, Holanda, sobre el derecho de reivindicación marítima.

Además de atender el tema marítimo a través de las instancias y con las otras personas encargadas de llevar adelante la demanda, Arce indicó que también desplegará sus esfuerzo en otros ámbitos que corresponden a las atribuciones constitucionales de la Procuraduría, “que sepan las empresas transnacionales, las nacionales y extranjeras que intentan e intentarán seguramente llevar procesos contra el Estado, que aquí van a encontrar la más grande defensa de los intereses de una sociedad…”.

Sin embargo, en ámbitos de la oposición, la designación del abogado y asambleísta nacional del Movimiento Al Socialismo (mas) fue criticada y calificada de ilegal e inconstitucional, debido a que no se habría cumplido con ciertos requisitos. Por este motivo, Álex Orozco, jefe de bancada de Convergencia Nacional (cn) en Diputados adelantó que su representación política presentará un recurso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) con la solicitud de que el caso sea analizado.

De acuerdo con la explicación del opositor, el artículo 230 de la Constitución ha sido vulnerado, porque “si bien es potestad privativa del presidente Evo Morales designar al procurador, es bajo algunos requisitos como tener independencia política y el exdiputado Arce no la tiene”, afirmó. El mencionado acápite de la Constitución en su párrafo II señala que “la designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (tsj)”.

Además, el inciso III específica que “la designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada”.

En el tema de los requisitos, la observación opositora se refiere al artículo 182 de la carta magna que en su inciso IV señala que para acceder al tsj “las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas”, elemento que juega en contrario al nuevo Procurador que es representante del oficialismo en el Órgano Legislativo. En su descargo, Arce alegó que su designación se apoya en el parágrafo VI del mismo artículo 182, en el que no se contempla la filiación política y que éste es “un cargo que debe tener la confianza del Presidente, porque es el abogado del Estado”.

Mientras que el impase se resuelva en instancias de la Asamblea Legislativa, es de esperar que el funcionario avance en los aspectos que han quedado pendientes con la renuncia del anterior Procurador, pues a nivel internacional se barajan varios casos en los que Bolivia debe defenderse de acusaciones y procesos relacionados con las acciones de recuperación de empresas estratégicas del Estado.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia