La Gaceta Jurídica

Nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia

(Parte I)

Foto: sinestereotiposinfo.blogspot.com

Foto: sinestereotiposinfo.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 25 de enero de 2013

1. Estudios sobre Derecho Procesal Constitucional en Bolivia

Resulta necesario considerar que la adopción del nuevo sistema de control concentrado de constitucionalidad en Bolivia (modelo europeo-kelseniano), a través de la reforma constitucional efectuada en 1994 (que se mantuvo en la reforma constitucional de 2004) y la consiguiente implementación del Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, ha dado lugar al surgimiento de una nueva disciplina jurídica denominada Derecho Procesal Constitucional, que básicamente se define como aquella disciplina especializada del Derecho Público, que estudia los diversos sistemas y modelos de control de constitucionalidad, como los mecanismos de defensa de la Constitución; así como el conjunto de normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento de los órganos encargados de ejercer el control de constitucionalidad, además de los procesos constitucionales a través de los cuales se resuelven las controversias constitucionales de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos para su tramitación (1).

En otras palabras, esta disciplina realiza un estudio teórico-doctrinal, normativo y jurisprudencial sobre los sistemas existentes para la defensa de la Constitución (a través del control de constitucionalidad), analizando sus fundamentos jurídicos y políticos, los diversos modelos de control de constitucionalidad que se han adoptado en el mundo (difuso y concentrado, con una virtual convergencia entre ambos), los mecanismos y vías de control, defensa e interpretación de la Constitución y, finalmente, estudia también los procedimientos jurisdiccionales que deben emplearse para efectivizar el control de constitucionalidad (en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar), comprendiendo el conjunto de acciones desarrolladas por los jueces y tribunales encargados de administrar justicia constitucional, tales como la interpretación constitucional, la legitimación activa y pasiva, los procedimientos de tramitación de los recursos y/o acciones constitucionales, las sentencias constitucionales en cuanto a sus efectos vinculantes, incluyendo el estudio de la jurisprudencia constitucional.

En el caso de Bolivia, se debe hacer notar que, indudablemente, uno de los primeros escritos realizados en Bolivia acerca de ésta disciplina lo constituye el ensayo sobre Derecho Procesal Constitucional que apareciera publicado en 1999 (2) por obra del ex magistrado e insigne jurista José Decker Morales (ahora fallecido); donde, analizando los orígenes y la evolución del Derecho Procesal, afirmó la presencia del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, al señalar que “los Códigos sustantivos entran en movimiento sólo con el Derecho Procesal.Y como la Constitución Política del Estado es también un conjunto diverso de normas sustantivas, también entran en función con la intervención del Derecho Procesal Constitucional”, a cuyo efecto agregaba que su intención era precisamente poner en movimiento a las normas constitucionales a través de ésta disciplina (sin precedentes, en aquel tiempo), aunque paralelamente admitía que sus normas aparecían entremezcladas equivocadamente con las demás del procedimiento civil vigente (esto en referencia directa al Título VII denominado: De los Procesos y Recursos previstos en la Constitución Política del Estado, contenido en el Código de Procedimiento Civil, elevado a rango legislativo mediante Ley Nº 1760, de 28 de febrero de 1997). De ahí que este autor justificaba la necesidad del estudio de ésta disciplina especializada en nuestro país, argumentando que:

“El Derecho Procesal Constitucional no es una creación cualquiera ni arbitraria; por el contrario, se trata de un derecho que consagra el orden social deseado y, por ello, interesa a la colectividad mantener la paz que caracteriza al orden social establecido. (…) los principios constitucionales no son otra cosa que el contenido de la Constitución Política del Estado. En esos principios están comprendidos, fuera de otros aspectos, los derechos y garantías constitucionales, los que para entrar en función requieren del Derecho Procesal Constitucional, como cualquiera de los códigos sustantivos. En otros términos, la Constitución Política del Estado da lugar al nacimiento del Derecho Procesal Constitucional”.

Asimismo, después de examinar a los tratadistas que desde aquel tiempo sostenían favorablemente la creación y el contenido mínimo de ésta disciplina, cabe resaltar que José Decker Morales –con mucha sabiduría–, llegó a vislumbrar inclusive la codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, al señalar que, si bien de acuerdo a las normas previstas por los artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (reformada en 1994), se dispuso la creación y atribuciones del Tribunal Constitucional, “sus componentes verán si el número de atribuciones es suficiente para dar solución a los diferentes procesos constitucionales que serán organizados de acuerdo con la materia que se reclama o se pretende reclamar. Los componentes del referido Tribunal son, pues, los supremos intérpretes de la Constitución, pero lo más importante es que de acuerdo con los trámites que se irán sucediendo, emergerá el Código de Derecho Procesal Constitucional” (3).

Posteriormente se produjo un importante desarrollo doctrinal de ésta disciplina jurídica en Bolivia y cabe hacer notar que los trabajos más completos sobre la materia han sido elaborados por el distinguido académico y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, doctor José Antonio Rivera Santiváñez, quien ha desarrollado los tópicos esenciales para el estudio de la materia en su obra Jurisdicción Constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia, cuya primera edición data de 2001, con una segunda edición actualizada el 2004 (habiéndose presentado una tercera de esta obra en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en 2011), donde se exponen claramente las nociones generales e indispensables para la comprensión del contenido y alcances del Derecho Procesal Constitucional, también analiza las reglas de los distintos procesos constitucionales regulados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (aprobada el 2009), aspectos que son objeto de estudio de ésta disciplina (4).

Un reciente estudio sobre la naturaleza y los alcances del Derecho Procesal Constitucional, ha sido abordado por quien fuera primer Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, doctor Pablo Dermizaky, quien ha llegado a definir a esta disciplina como “la parte del Derecho Procesal General que se ocupa de poner en actividad a la jurisdicción constitucional, entendida ésta como el control, defensa e interpretación de la Constitución” (5), dejando establecido, además, que en el Derecho Procesal Constitucional serían aplicables algunos de los Principios estudiados por el Derecho Procesal Administrativo, como son los de legalidad, oficialidad (o impulso de oficio), informalismo, entre otros.

2. Evolución normativa del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia

Por otro lado, respecto al desarrollo normativo –incipiente pero significativo– que ha tenido el Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, algunos autores han logrado distinguir algunos “momentos históricos” (6), aunque –en mi criterio– corresponde distinguir más bien las siguientes etapas (7):

2.1. la primera etapa, que se inicia a partir de la aprobación de las Reformas Constitucionales de 1938 y 1967, donde se consagraron garantías jurisdiccionales específicas para hacer efectivos los derechos de las personas, a través de los Recursos Constitucionales de Hábeas Corpus –incorporado a la Constitución mediante el Referéndum Popular de 11 de enero de 1931– para proteger la libertad física o de locomoción; y el Amparo Constitucional –incorporado mediante la reforma constitucional de 1967– contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, constituyéndose ambas en garantías constitucionales esenciales para el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales;

2.2. la segunda etapa se da a través de las Reformas Constitucionales de 1994 y 2004, donde se crea e instituye el primer Tribunal Constitucional en Bolivia, encargado de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, así como velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las personas, con decisiones de carácter vinculante y obligatorio para todos los órganos del poder público, lo que supone la instauración del sistema de control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, ratificado mediante la Ley Nº 1836, de 1 de abril de 1998, que rigió su estructura, organización y funcionamiento; así como la incorporación del Recurso de Hábeas Data, como garantía constitucional a favor de quienes, de manera indebida o ilegal, se encuentren impedidos(as) de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en la misma Constitución. En otras palabras, se define como el proceso constitucional de carácter tutelar que protege a la persona en el ejercicio de su derecho a la “autodeterminación informática”.

2.3. la tercera etapa, reflejada en la aprobación mediante referéndum popular de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, que desarrolla ampliamente los derechos fundamentales y –cambiando la denominación de los anteriores Recursos Constitucionales (8)–, establece nuevas Acciones de Defensa (Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de Protección de Privacidad, Acción Popular y Acción de Cumplimiento); otorga jerarquía constitucional y aplicación preferente a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; y, además, mantiene la configuración del sistema de control de constitucionalidad mediante la consagración un nuevo Tribunal Constitucional de carácter Plurinacional, encargado de ejercer la jurisdicción constitucional en Bolivia, así como la defensa de los derechos constitucionalmente protegidos, ratificando así el sistema de control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad de las leyes y los actos de los gobernantes y autoridades públicas de todos los niveles de gobierno en el país, según lo dispuesto en la Ley Nº 27, de 6 de julio de 2010 (Ley del tcp), que actualmente rige su estructura, organización y funcionamiento (9).

De manera tentativa, se puede definir al Tribunal Constitucional Plurinacional como el órgano especializado de la jurisdicción constitucional, creado con la exclusiva finalidad de administrar justicia constitucional a través del control concentrado de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, a cuyo efecto, conoce y resuelve todos los conflictos jurídico-constitucionales que se produzcan en una triple dimensión:

a) normativa, en los casos en que se produzca la incompatibilidad de una disposición legal ordinaria (sean leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de resoluciones no judiciales), frente a las normas previstas por la Constitución;

b) tutelar, en situaciones en que el poder público –o un eventual poder particular– vulnere ilegalmente, por acción u omisión, los derechos fundamentales consagrados por la ley fundamental y/o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, y

c) del ejercicio del poder político, en los casos en que se llegue a desconocer el principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político para poner fin a los eventuales conflictos de competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder público y/o niveles de gobierno, o bien cuando se desconozcan los derechos de las minorías imponiendo decisiones contrarias a la Constitución (10).

Continuará

NOTAS:

1. Cfr. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, 2007, pág. 19. Citado en el ensayo de mi autoría: Estudio Introductorio al Nuevo Derecho Constitucional Boliviano, publicado en La Gaceta Jurídica (30 de julio de 2010). Disponible en scribd: http://es.scribd.com/doc/59545154; y en el Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/). Asimismo, algunas consideraciones sobre los antecedentes históricos y el nacimiento del Derecho Procesal Constitucional, su naturaleza jurídica, objeto de estudio y su desarrollo en cuanto a la enseñanza, la legislación y la doctrina en América Latina, pueden verse en el trabajo de Humberto NOGUEIRA ALCALÁ. Reflexiones sobre el Derecho Procesal Constitucional en América Latina, en Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) 2(2): 127-149 julho-dezembro 2010. Disponible en: http://www.rechtd.unisinos.br/pdf/97.pdf

2. UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA. Revista Jurídica Nº 3 (Carrera de Derecho, Unidad Cochabamba), Cochabamba (Bolivia), Imprenta ABBA, 1999, págs. 55-66.

3. Estas ideas y el texto del ensayo de este autor también fueron publicados en Revista del Tribunal Constitucional, número 2, Sucre, Bolivia, Editorial Judicial, 2000, págs. 101-116.

4. Entre las obras publicadas por este autor en 2007 se encuentran también El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución, mediante el cual propugna la necesidad de su fortalecimiento y consolidación institucional en Bolivia; y los Temas de Derecho Procesal Constitucional, donde ha recopilado diversos trabajos y ensayos publicados con anterioridad sobre diversos ámbitos e instituciones del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia y Latinoamérica.

5. DERMIZAKY PEREDO, Pablo. El Derecho Procesal Constitucional, en Revista del Tribunal Constitucional, número 8. Sucre, Bolivia, Editorial Túpac Katari, 2007, págs. 95-116.

6. PINTO DÁVALOS, Henry. Nociones de Derecho Procesal Constitucional (Parte III), publicado en La Gaceta Jurídica, bisemanario de circulación nacional, el 26 de agosto de 2011.

7. Cabe considerar que ésta diferenciación de etapas, coincide claramente con el proceso de positivización y posterior judicialización de los derechos humanos en Bolivia, dado que, “si bien el proceso de judicialización se inició con la adopción de las vías tutelares del Hábeas Corpus (1931) y Amparo Constitucional (1967), es a partir de la creación (reforma constitucional de 1994) y el funcionamiento del Tribunal Constitucional (junio de 1999), como órgano encargado del control de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, que la judicialización de los derechos humanos se materializa y se hace intensiva”. José Antonio Rivera Santiváñez. Temas de Derecho Procesal Constitucional, pág. 144.

8. De acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional, establecida en las SSCC 0040/2011-R de 7 de febrero, 0100/2011-R de 21 de febrero entre otras, el Tribunal Constitucional Plurinacional manifestó que “…la garantía jurisdiccional del hábeas corpus fue consagrada por el artículo 18 de la CPE abrogada, actualmente, la Constitución Política del Estado vigente también la contempla pero con la denominación de acción de libertad artículos 125 al 127 de la CPE; sin embargo, no se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino de una precisión conceptual, pues conforme a la teoría del Derecho Procesal Constitucional sustituir la denominación de “recurso” por la de “acción” –además de adecuar la legislación boliviana a la evolución de la doctrina de la materia– implica reconocer a esta garantía como “la facultad de demandar la protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales” o sea “poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado”, en contraposición a la denominación de “recurso” que implicaba considerarla como la simple impugnación o reclamación que, concedida por ley, efectúa quien se considera perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal para que el superior la reforme o revoque y que por ello supone la existencia previa de un litigio (García Belaunde, Domingo. “El hábeas corpus en el Perú”. Universidad Mayor de San Marcos, 1979, p. 108). La precisión conceptual que implica el cambio de denominación, también conlleva que, englobando el ámbito de protección y las características esenciales del hábeas corpus, la acción de libertad adquiera una nueva dimensión; en ese sentido, se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida --bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano-- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R). (…)”. Cita contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0009/2012, de 16 de marzo de 2012 (Sala Primera Especializada).

9. Para conocer un análisis crítico constructivo de las principales disposiciones contenidas en la Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, aprobada el 2010, puede consultarse mi ensayo Reflexiones Críticas sobre la nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, en Revista de Estudios Constitucionales, año 9, Nº 2 (2011) de la Universidad de Talca (Chile). Disponible en: http://www.cecoch.cl/htm/revista/revista_9_2_2011.html.

10. Esta definición (tentativa) se realiza sobre la base del muy interesante estudio del destacado constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia José Antonio Rivera Santiváñez. El papel de los Tribunales Constitucionales en la Democracia, en Tribunal Constitucional de Bolivia (editor): X Seminario Internacional: Justicia Constitucional en el Siglo XXI. Memoria Nº 11, Sucre, Bolivia, Imprenta IMAG, 2008, pág. 240.

Es abogado especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés. Responsable del Blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/)

Tomado de: ichdp.cl

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia