La Gaceta Jurídica

Número de escaños en las asambleas del país

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 23 de agosto de 2013

El censo último ha acabado reactualizando el tema referido al número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurina- cional. Empero, el mismo se podría también extender con similares elementos de juicio en el caso de las asambleas departamentales.

En cuanto a la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que corresponde a la Cámara de Senadores fue resuelta bajo el esquema que ya había estado antes en vigencia o sea un número igual de senadores para cada departamento, pero que en lugar de que fueran tres, haciendo un total de 27, se modificó a cuatro, reuniendo un total de 36.

El criterio para aquella modificación no tuvo nada que ver con algún estudio técnico previo, el aspecto poblacional, o algún otro factor. Fue, simplemente, de índole político. Al partido de Gobierno, cuya mayoría era clara o podría serlo en cada uno de los departamentos del país, sin duda le convenía ese incremento de cuatro senadores, ya que era posible, y así sucedió en los hechos, obtener esa mayoría que, a su vez, traduzca en la obtención de hasta tres a cuatro senadores asignados a cada departamento.

La situación se hizo más compleja en la Cámara de Diputados. El artículo 146 de la nueva Constitución Política del Estado (cpe) señala que aquella estará compuesta por 130 miembros. El numeral II añade: “En cada departamento se elige la mitad de diputados en circunscripciones UNINOMINALES.

La otra mitad se elige en circunscripciones PLURINOMINALES DEPARTAMENTALES, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y senadores de la República”.

El inciso, una su vez, nos indica: “La distribución del TOTAL DE ESCAÑOS entre los departamentos se determina por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a Ley. Por equidad, la Ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico...”

Es de suponer que tales factores ya están reflejados en la composición de la actual Cámara de Diputados. Pero, asimismo, teniendo en cuenta el factor destacado como “base de cálculo” en el texto constitucional, el número que finalmente se decida por departamento siempre estará sujeto a las variaciones que acaben resultando de cada censo. Queda claro, por tanto, que después de un censo tan controvertido y con mucha falta de credibilidad han sobrado argumentos para algún “aumento” a los departamentos más poblados.

Aquí hemos ingresado sin la menor duda en un terreno por demás pantanoso y que, además, está descartando elementos básicos. Esto último porque, finalmente, dando por válidos e inamovibles los resultados, hay pocas variantes que justifiquen muchos cambios (o sea disminuciones y aumentos). Como es ya sabido, el primer obstáculo a un nuevo esquema es el que sale de la propia Constitución.

Aquella cometió el enorme error (artículo 146) de señalar el número total de componentes de la Cámara (130), lo que supone que, aplicando estrictamente la población resultante de cualquier último censo, cualquier aumento a favor de algún departamento supone en forma inevitable la disminución en el número asignado antes a algún otro.

Por todo ello, nos ha parecido muy coherente y práctica la idea expuesta en un conocido programa radial por un analista político, cuando dijo que el problema no tiene que complicarse al extremo, bastaría restar dos diputados al departamento de La Paz (de escaso incremento de población) y sumárselos a Santa Cruz (cuya población ha sido la de mayor crecimiento) y punto. Más aún si, en este caso, ambas poblaciones son casi similares.

Si el Tribunal Electoral va a ingresar en la ardua tarea de tratar de aplicar los resultados de un censo (además muy criticado) para su “estricta” y obligada utilización en cada caso, estará quemándose las manos y ¡ojo!, empecemos por plantear una reforma del texto del artículo 146 de la cpe. Habrá que empezar por ahí.

En cuanto a las asambleas departamentales y su composición, el artículo 30 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010 destaca que los asambleístas departamentales “serán elegidos según CRITERIO DE POBLACIÓN, TERRITORIO Y EQUIDAD DE GÉNERO… y como representantes de las naciones y pueblos indígenas originario campesinas…”.

El artículo 31, a su vez, señala que “el Estatuto Autonómico Departamen- tal DEBERÁ DEFINIR EL NÚMERO DE ASAMBLEÍSTAS y la composición de la Asamblea Departamental.

Aquí, al contrario de lo que ha ocurrido en el texto constitucional, hubiera sido mucho más conveniente que la ley que citamos ingresara a definir el número de asambleístas en cada departamento. El dejar que este detalle, en base a parámetros tan vagos, lo decida cada estatuto departamental que, además, lo debe aprobar la misma Asamblea Departamental, es poner en manos de ésta una muy grande discrecionalidad.

Esto último abre paso, además, a que cada departamento decida en el tema según sus conveniencias antes que según la aplicación de criterios justos y objetivos.

Preguntémonos, ¿qué ha regido hasta el presente en torno al tema? Pues la llamada Ley del Régimen Electoral Transitorio del 14 de abril de 2009, que rigió en los procesos electorales del 6 de diciembre de ese año y del 4 de abril de 2010. Aquella indica el número de integrantes de la asamblea respectiva.

La distribución del artículo 66 es totalmente arbitraria. Por ejemplo, Tarija resulta con mayor número (30) que Santa Cruz (28); La Paz llega a 45 (el más alto); Cochabamba tiene apenas uno más que Oruro y sólo dos más que Potosí; Beni tiene igual número (28) que Santa Cruz. O sea, este esquema no podrá servir de referencia a uno nuevo. Pero, estamos cerca de un caos.

Es abogado y analista constitucional.

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