La Gaceta Jurídica

Obra sobre el proceso del terror en Bolivia

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 14 de abril de 2015

En mi reciente visita a la ciudad de Santa Cruz tuve ocasión de entrevistarme con el doctor William Herrera Áñez, quien muy gentilmente me obsequió su más reciente producción documental condensada en el libro El Proceso del Terror. La verdad se impondrá (2014).

Como se puede ver, lleva un título muy sugerente, pero lo que llama la atención es que se trata de una obra dedicada “a todos los acusados y perseguidos por el Gobierno de Evo Morales”.

Es que, en realidad, se trata de una profunda investigación en la que se llega a constatar, desde una perspectiva jurídica, que Eduardo Rozsa Flores y sus acompañantes no formaban un grupo terrorista ni cometieron el atentando a la casa del Cardenal Julio Terrazas, por tanto, el caso “Terro- rismo-Separatismo” fue fabricado por el gobierno de Morales para tomar el control político y territorial de la entonces denominada “media luna” y así doblegar a la dirigencia cruceña.

Esta investigación llega a establecer que la ejecución extrajudicial de Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyo- rosi y Michael Martin Dwyer fue planificada y ejecutada a la perfección, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en que el gobierno preparó un escenario previo en La Paz, con detenidos y muertos.

Existen videos que muestran una maqueta del Hotel que fue asaltado la madrugada del 16 de abril de 2009, existiendo, además, en el expediente una denuncia del 30 de marzo de ese año, presentada por el Ministerio de Gobierno en la Fiscalía del Distrito de La Paz, alertando que habrían grupos desestabilizadores con la intención de atentar contra la vida de las dos más altas autoridades del gobierno, existiendo, incluso, la posibilidad de ocasionar un golpe de estado.

Por otro lado, en el trabajo se constata que, pese a toda la planificación previa, el operativo se ejecutó sin orden judicial ni la presencia del fiscal Marcelo Soza, con lo cual todos los elementos de convicción recolectados, al estar contaminados, constituyen prueba ilícita que deberá ser expulsada del proceso en cuanto se tenga un tribunal independiente e imparcial.

Hay que hacer notar que esta interesante obra está dividida en seis partes. En la primera se explica brevemente el empoderamiento de Evo Morales y establece que este caso no es un hecho policial aislado, sino que el Movimiento Al socialismo (mas) buscaba acaparar el poder total y absoluto, pasando por varias etapas, incluyendo la toma militar de Pando, el cerco y la ocupación de los infiltrados en las oficinas públicas de Santa Cruz, hasta la masacre del Hotel Las Américas.

En la segunda parte se analiza la ejecución extrajudicial, poniendo de manifiesto que todo el operativo fue fríamente planificado y ejecutado, haciendo énfasis en que esta acción fue ejecutada sin orden judicial alguna ni la presencia del fiscal, siendo que los tres miembros del grupo Rozsa fueron abatidos no habiendo resistencia y menos fuego cruzado, como se ha sostenido por parte del gobierno.

Asimismo, en la tercera y cuarta parte, se describe los hechos acusados, contrastándolos con las disposiciones del Código Penal en vigencia y la jurisprudencia internacional, donde se exige que para que se configure el delito de terrorismo deben existir tres presupuestos indispensables en el comportamiento del imputado:

1. Formar parte de una organización armada.

2. Que la organización armada esté destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad.

3. Que tenga por finalidad subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella. Se hizo este ejercicio con la finalidad de contrastar si el grupo de Rozsa podría ser tipificado de terrorista y, sin embargo, se constató que ninguno de estos presupuestos concurre en el caso.

Esta interesantísima publicación concluye estableciendo que, como este caso fue fabricado por el gobierno, la solución jurídica procesal (extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, anulación de todo el caso por la vulneración de derecho al juez natural, competente, independiente e imparcial, la ilicitud de las pruebas obtenidas como elementos de convicción, etc.) llegará en el momento en que el mismo gobierno deje de interferir en las actividades del Tribunal de Sentencia y lo deje en libertad de actuar para que esta autoridad pueda decidir por cualquiera de las salidas procesales legalmente establecidas o, en su caso, dicte sentencia absolutoria por falta de prueba.

Entonces, definitivamente se trata de una investigación profunda, libre de cualquier intencionalidad política, por la rigurosidad académica de su autor, que pone en evidencia la falacia inventada por el gobierno acerca de la existencia de un caso de terrorismo en Bolivia, que, por lo explicado, no es como hasta ahora nos lo han mostrado.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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