La Gaceta Jurídica

Obras sin licencia ambiental amenazan a Rurrenabaque y a la región

Puente San Buenaventura

Una obra  de esas características transformará de manera adversa  la fisonomía  y el equilibrio natural  de la zona.

Una obra de esas características transformará de manera adversa la fisonomía y el equilibrio natural de la zona. Foto: datuopinion.com

Sena Fobomade

00:00 / 28 de octubre de 2015

El 27 de julio, el Comité Impulsor del Puente Rurrenabaque-San Buenaventura orga- nizó una reunión con autoridades departamentales y municipales para tratar sobre las acciones que la Empresa Supervisora Proes SA intenta llevar a cabo en Rurrenabaque con el fin de avanzar en las expropiaciones para los accesos al puente en proyecto.

El presidente del Concejo Municipal de esa población, Pablo Ferreira, junto al Corregidor de Rurrenabaque y los representantes del Comité Impulsor de los diferentes distritos y público en general se hicieron presente en la reunión, sin embargo, el alcalde del municipio, Anacleto Dávalos, no participó de la misma.

De las intervenciones efectuadas quedó claro el derecho y obligación que tiene cada habitante de participar y decidir sobre las obras que afectan a su población o territorio, destacando las atribuciones del municipio dentro del área de su jurisdicción y del área urbana, así como las obligaciones en el tema ambiental que establece la Ley 1333 de Medio Ambiente.

Se observó el inicio de obras del puente en la vecina población de San Buenaventura, donde la empresa china adjudicada, Sinopec, se encuentra removiendo tierras en la serranía, a una cuadra de la plaza principal de la población, material que es depositado en el río Beni.

Este material constituye un riesgo para Rurrenabaque puesto que las lluvias de julio lo empujaron hacia esta población causando destrozos en barrios de la zona norte.

De acuerdo a la legislación ambiental vigente, le corresponde al alcalde de Rurrenabaque solicitar a la Autoridad Ambiental, a través del gobernador de La Paz, todos los obrados a la Administración Boliviana de Carreteras (abc), evidenciando el tipo de licencia y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental (pasa). Al mismo tiempo, se deberá advertir de los daños que estas obras y deposiciones ocasionan y la generación de un inminente y grave riesgo en un futuro inmediato.

Documento necesario

La licencia ambiental de la obra está mucho más que en duda. En el contacto del Comité Impulsor del Puente con la Ministra de Medio Ambiente, la autoridad no pudo demostrar la vigencia de la licencia ambiental, indispensable en toda obra, actividad o proyecto de acuerdo a la Ley 1333.

Esto no fue sorpresa, ya que el Comité Impulsor del Puente acompaña el proceso desde 2009, cuando fue presentada la ficha ambiental dos veces, obteniendo diferente categorización y, finalmente, la licencia ambiental en base al estudio de prefactibilidad elaborado por la empresa Carl Bro-caem.

En 2010, los habitantes de Rurrenabaque se enteraron de que la ubicación del proyecto había sido rechazada por la población en la consulta pública de 2006 y que, sin efectuarse una nueva, fue creado el Comité Impulsor del Puente con el fin de sugerir una ubicación más adecuada y consensuada con las poblaciones afectadas por el plan.

Luego de repetidas reuniones de la población de Rurrenabaque se decidió impulsar la alternativa por la isla, con un acceso tipo circunvalación que bordee la población y que evite los impactos a las serranías que son una falla geológica y Reserva Municipal de protección porque de allí provienen todas las tomas de agua de Rurrenabaque.

Amenazas

Las críticas al proyecto de la abc por las serranías se profundizaron también porque las vías de acceso al puente afectaban a la mayor parte de las escuelas y otros establecimientos educativos como universidades, institutos y guarderías, también al casco viejo y a la naturaleza turística de Rurrenabaque, que se caracteriza por ser un pueblo tranquilo, con un paisaje de montañas y río que fascina a los visitantes.

Si una carretera lo atraviesa lo convertirá en un pueblo de tránsito de transporte pesado con ruido, contaminación y polvo. Además, en Bolivia las carreteras provocan migración y asentamientos ilegales, por lo tanto, la Reserva Municipal sería avasallada provocando deforestación, pérdida de fuentes de agua y con riesgos aumentados de deslizamientos.

Debido a ello se dio lugar a importantes acuerdos con la participación de Banco Interamericano de Desarrollo (bid), entonces financiador de la obra, que llevaron a que la empresa Proes actualice los estudios, siendo, a su vez, la encargada de analizar la propuesta de los pobladores de Rurrenabaque.

Por presiones gubernamentales, Proes desechó la alternativa del acceso por la isla, arguyendo un costo mayor, que, de todas maneras, el bid estaba dispuesto a aportar a pesar de que el financiamiento comprometido provenía inicialmente de otro proyecto de mejoramiento vial.

Esta transferencia de fondos de un proyecto sin cumplir las políticas del bid, derivó en la aceptación del caso en el mici, el Mecanismo de Investigación Independiente, creado para incrementar la transparencia, responsabilidad institucional y efectividad del banco y, posteriormente, la siguiente fase de investigación en el Panel de Expertos,.

Así, el bid atendía su responsabilidad no solo en la violación de sus propias normas, sino también en los problemas sociales e, incluso, violencia generada por esa decisión que derivó en el secuestro de personas y la firma del acuerdo de Reyes, por el que se obligó al alcalde de Rurrenabaque y al presidente del Concejo a aceptar la ubicación gubernamental del puente y sus accesos para liberar a las personas secuestradas.

Estudios y calificación

De cualquier forma, Proes SA modificó el trazo del acceso en Rurrenabaque respecto a los estudios de prefactibilidad, entre los que se encuentra el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental con el que fue aprobada la Licencia Ambiental el 2009. Con ésta y otras modificaciones fue licitado el proyecto adjudicado a la empresa Sinopec. Esto sucedió a pesar de que en enero y febrero de 2014 las históricas precipitaciones provocaron deslizamientos en estas serranías y la muerte de 10 personas, varios heridos y múltiples daños materiales.

De acuerdo a la ley 1333 de Medio Ambiente (artículo 24), se entiende por evaluación de impacto Ambiental al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el medio ambiente (artículo 24).

La aprobación de estos estudios permite obtener la Declaratoria de Impacto Ambiental (dia) que deberá ser aprobada obligatoriamente con carácter previo a la ejecución de la obra o proyecto por la Autoridad Ambiental (artículo 26). La dia incluye los estudios, recomendaciones técnicas, normas y límites dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y registrados.

La dia se constituye en la referencia técnico legal para la calificación periódica del desempeño y ejecución de dichas obras, proyectos o actividades. El Reglamento General de Gestión Ambiental establece que las licencias ambientales quedan sin efecto por modificación o ampliación de la actividad inicial, entre otros aspectos (artículo 61).

Las citadas normas establecen, además, las atribuciones de la autoridad departamental, entre las cuales destacamos las funciones de fiscalización y control del cumplimiento de las medidas aprobadas en el Programa de Prevención y Mitigación y en el Plan de Adecuación, que son documentos anexos a la Licencia Ambiental (artículo 10) y constituyen el instrumento de control a través del cual se verificará el cumplimiento de las medidas previstas en la dia. Es decir, la supervisión ambiental solo puede efectuarse mediante éste y los demás documentos que forman parte de la Licencia Ambiental.

A su vez, el gobierno municipal tiene entre sus funciones las de participar en los procesos de seguimiento y control ambiental, así como efectuar inspecciones de manera concurrente en el área de su jurisdicción territorial.

A pocos días de esta reunión, el alcalde Dávalos convocó a una reunión a las organizaciones territoriales de base (otb) y a autoridades del pueblo, esta vez con presencia de la abc y Proes. Ante la negativa de los presentes, incluyendo los directamente afectados, de avalar las acciones para la liberación del derecho de vía por las principales calles de Rurrenabaque, mani- festada mediante nota entregada en su despacho, la empresa Proes deslindó responsabilidades hacia la autoridad edil, con lo que el Municipio de Rurrenabaque asumiría competencias que no le corresponden por tratarse de un proyecto aprobado en el nivel nacional, de manera inconsulta.

Por otro lado, lo que sí es de su competencia es velar por la seguridad de los habitantes dentro de su jurisdicción territorial y acudir a las instancias pertinentes para resolver los factores de riesgo que amenazan la vida en Rurrenabaque.

Las notas que le fueron enviadas se lo advierten, esperemos que el alcalde escuche, atienda y obedezca a su pueblo o la factura que deberá pagar será enorme.

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