La Gaceta Jurídica

Observaciones a la Ley de Minería

Representantes ambientales y sociales 

La Gaceta Jurídica / Redacción

00:00 / 07 de septiembre de 2012

Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre, líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca analizaron el proyecto de Ley Minera en un encuentro en la ciudad de Pagador.

En el marco de la Escuela de Líderes Ambientales, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Promotores Ambientales Derechos Indígenas Originarios (Padios) y de varios ayllus de esos departamentos, entre otros, arribaron a varias conclusiones.

En general, sobre el anteproyecto de ley concertado por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minería y Metalurgia y sectores mineros, consideran que se “profundizará el saqueo de los minerales a favor de las empresas transnacionales, sin beneficio para las organizaciones sociales, pueblos indígenas originarios y a la población boliviana”.

Las conclusiones publicadas en el “Boletín (in)formativo del  Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa)” señalan que “la propuesta de Ley de Minería, tal como está planteada, otorga más garantías a las empresas y no impone responsabilidades”.

Por otra parte, el colectivo propone una discusión con toda la población boliviana y no sólo con algunos sectores para que una Ley Minera pueda responder al interés nacional.

Política minera

Como parte de una política minera, los delegados consideran que el anteproyecto debe ser consensuado con las organizaciones indígenas, originarias y población boliviana en general, además, acatarla Constitución Política del Estado (cpe) y convenios, tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígena-originarios.

“Las propuestas de Ley de Minería deben respetar los derechos de la Madre Tierra y al medio ambiente. Exigimos respeto a la propuesta de Ley N° 028, Ley Marco de la Madre Tierra, trabajada y consensuada por las organizaciones sociales; rechazamos la propuesta de Ley N° 037, Ley Madre Tierra y Desarrollo Integral, trabajada por el Gobierno”, dice el informe.

Como políticas, exigen “anular las concesiones mineras improductivas que están en manos de especuladores” y rechazan “la sobreposición de los derechos mineros sobre los derechos a la propiedad agraria y las tco”.

En lo económico, la reunión pide “modificar el sistema de regalías e impuestos en el sector minero, en beneficio de las comunidades y la población boliviana y la industrialización de la materia prima minera”, entre otros puntos.

Recurso agua

Los delegados sociales también abordaron el tema del cuidado del agua frente a las actividades mineras y, según su percepción, el anteproyecto promueve la privatización del líquido elemento y su utilización y aprovechamiento indiscriminado que llevará a la contaminación.

“Toda actividad minera debe pagar por el uso del agua, según los volúmenes que utiliza, además, debe contar con plantas de tratamiento de aguas residuales. Exigimos al gobierno la pronta aprobación de la propuesta de Ley Marco de Agua para la Vida, trabajada y consensuada por las organizaciones sociales urbanas y rurales”.

Acerca del medio ambiente, se demanda que la futura Ley de Minería respete la institucionalidad en la gestión ambiental. “El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que mantenerse como autoridad ambiental competente. Pedimos al gobierno fortalecer la institucionalidad sectorial del agua, áreas protegidas y medio ambiente, para que se garantice una gestión ambiental imparcial”.

Consulta y normativa

En estas conclusiones, en el anteproyecto de Ley de Minería la consulta se resume a un proceso de concertación para llegar a acuerdos. Desde esa perspectiva la propuesta de Ley va en contra de la cpe, el Convenio 169 de la oit y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios, señala el boletín.

“Exigimos que en la Ley de Minería la consulta sea vinculante y obligatoria, (…) debe contemplar el consenso sobre información, compensación, remediación e indemnización, además este proceso no debe tener fechas fatales. (…) Se debe prohibir minería en áreas protegidas y en zonas con vocación agro-ganadera, piscícola y forestal”, concluye.

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