La Gaceta Jurídica

Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público

(Parte III)

La Gaceta Jurídica / Ramiro Otero Lugones

00:00 / 23 de marzo de 2012

Complejidad jurídica de las jurisdicciones y competencias

El artículo 179 de la Constitución Política del Estado (cpe) determina las jurisdicciones especializadas reguladas por ley. El párrafo II señala las jurisdicciones especializadas ordinarias y jurisdicción originaria campesina de todas de igual jerarquía. El Parágrafo III como Jurisdicción especializada la justicia constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Parágrafo IV, señala otra jurisdicción especializada como el Consejo de la Magistratura que es parte del Órgano Judicial, sin indicar cuál es ese Órgano Judicial, porque hay la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena campesina que gozan de igual jerarquía.

El artículo 181 determina: el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, denotando que la jurisdicción especializada diferenciada como jurisdicción ordinaria tiene como máximo órgano jurisdiccional ordinario al Tribunal Supremo de Justicia y, por mandato del artículo 185, la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia es ejercida de manera exclusiva.

El examen normativo podía traducirse en que el Tribunal Supremo de Justicia como órgano jurisdiccional superior cuya función principal es velar por la uniformidad y legalidad de las resoluciones que causan estado; cualquiera sea quien las dicte, no alcanza en sus funciones y atribuciones a conocer los fallos que emerjan de la jurisdicción indígena originaria campesina que se ejerce por sus propias autoridades, no así la jurisdicción especializada atribuida a la justicia constitucional, ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

La referencia al carácter de tribunal plurinacional está definiendo no solamente su conformación, al denotar por su carácter sus atribuciones, lo que está explicado y reafirmado por el artículo 196 que le atribuye específicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional la función de velar por la supremacía de la Constitución, el ejercicio del control de constitucionalidad y la precautela al respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, norma genérica que no admite especialidades ni exclusiones, tratándose de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Comunitario, regido por la Constitución Política del Estado Plurinacional, que es la Ley Suprema, y que obliga a gobernantes y gobernados por Igual.

El control constitucional entra a conocer y revisar las resoluciones que se emitan por los órganos jurisdiccionales especializados y los actos que afectan a la precautela constitucional de velar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, sin más límite que los referidos al ejercicio de la soberanía nacional en el territorio del Estado. El Consejo de la Judicatura está reducido en sus funciones jurisdiccionales al régimen disciplinario de la justicia ordinaria, artículo 193. El término jurisdicción especializada es cuestionable, porque la jurisdicción como función de administrar justicia emana de la Ley y es única por mandato constitucional, la competencia es el límite de la jurisdicción por razón de materia, cuantía y territorio.

La disquisición jurídica normativa sobre jurisdicción y competencia obliga a un examen detenido que ahora incluye el deslinde ineludible del límite de la autoridad estatal y el ámbito de gobierno de las autonomías.

La aclaración de los términos jurisdicción y competencia toca una labor de análisis científico, como primera medida, la depuración de conceptos y el empleo preciso de los vocablos. La Corte Suprema ha preferido emplear ambos términos a la vez, pero, no obstante su vínculo estrecho, ellos son distintos.

El análisis jurídico obliga a hablar primero de jurisdicción. A los fines de aclaración, es necesario referirse al más grande ente jurídico el Estado, que es el que produce el Derecho y es donde actúa el Derecho. Las tres funciones específicas del Estado son: legislativas, administrativas y jurisdiccionales.

La labor jurisdiccional es una labor del Estado, es decir, una función de la soberanía del Estado (Giuseppe Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1954, Tomo 11, página 2). Consiste en la aplicación del Derecho a los litigios o administración de justicia. El Juez, que es el órgano jurisdiccional creado por el Estado, cuando le es sometido un pleito tiene, por consiguiente, jurisdicción, la cual debe ser entendida como “la facultad (y el deber) de administrar justicia en los litigios” (James Coldschmidt: Derecho Procesal Civil. Barcelona, Editorial Labor, 1936, página 118).

Agregando que, para cumplir con esta su función jurisdiccional, el Estado crea los órganos respectivos (las autoridades y personeros judiciales), les fija su marco de atribuciones (competencia) y les señala un procedimiento de actuación. La jurisdicción comienza a funcionar cuando se inicia un proceso mediante la acción (Nemo iudex sine actori), infiriéndose que, en tanto un juez no ha sido llamado a juzgar, por la acción, de un litigio, no tiene jurisdicción sobre él.

La competencia surge porque un juez no puede atender, o sea ejercer la jurisdicción en todos los litigios que le fueren sometidos, porque hay un límite a esa jurisdicción establecido por la misma ley en razón de que sería imposible atender todos esos pleitos.Solo algunos de esos litigios puede ese juez o esa entidad atender y resolver, el resto pasa a otros jueces competentes. “El conjunto de los litigios se distribuye entre los oficios o entre los hombres que los componen, de tal modo que, así como cada uno de ellos no tendría la posibilidad, tampoco tiene poder respecto de todos, el poder se les confiere, pues, respecto a una determinada porción de dicho conjunto” (Francesco Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo II, página 286).

La competencia es, pues, esa porción de jurisdicción acordada a cada juez o entidad. Un juez del Trabajo no tiene competencia para conocer causas penales.

“La competencia del juez es un presupuesto de la relación procesal. Si el juez carece de competencia para conocer el caso concreto que se le somete por el actor, la relación procesal no nace y de ahí que la ley acuerda al demandado la facultad de alegar la incompetencia, sea por vía de excepción (declinatoria) o por vía de incidente (inhibitoria), a fin de que el juez incompetente se desprenda del conocimiento de la causa” (Hugo Alsina, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Buenos Aires, Compañía Argentina de Editores, 1941, Tomo I, página 285).

No se puede hablar de jurisdicción territorial ni de jurisdicción penal o laboral, menos de jurisdicción constitucional o disciplinaria, porque son simples competencias. La cuestión de la jurisdicción se complica analizando otra fase del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y la cuestión acogida en la definición del artículo 3 de la cpe: La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Esta definición convierte en sinónimos los conceptos nación boliviana y pueblo boliviano, aunque son distintos. En todo caso se trata de una diferenciación de los competentes que integran un todo y un reconocimiento de la diversidad.

Tal reconocimiento de la diversidad se traduce en el plano político y jurídico al goce de los derechos consagrados por el artículo 30, parágrafo II, destacándose entre los que asumen significación en lo que importa al Derecho Plurinacional Comunitario y en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acordes a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus propias instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

El artículo 179 de la cpe crea la jurisdicción indígena originaria campesina ejercida por sus propias autoridades. El artículo 190 de la cpe consagra el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicaran sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

En su parágrafo II determina que respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.

Quiere decir que la justicia indígena originario campesina está sujeta a los principios garantistas del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la igualdad de las partes, de la defensa amplia que hacen al juicio justo como parte del Estado de Derecho, pudiendo concluir que sus actos y resoluciones se fundamentan en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. En otras palabras, está dando el contenido material o substancial referido a los derechos consagrados.

El párrafo II está dirigido al ejercicio de las acciones que emergen de los derechos consagrados y sobre quien se ejercen tales acciones. Señala también a los órganos competentes que son las autoridades originarias que pueden solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado, artículo 192.I.

Creemos entender que, en materia penal, la autoridad que puede prestar apoyo efectivo a las autoridades originarias es, precisamente, el Ministerio Público.

Asimismo, el artículo 191 en su parágrafo II está dando el ámbito de actuación de la jurisdicción indígena originaria campesina, que se ejerce en el ámbito de vigencia personal, material y territorial, encontrándose sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúan como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

Noción constitucional que dice con las contiendas o litigios entre partes siempre que se susciten ante el órgano jurisdiccional indígena, originario campesino. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos que se realicen o cuyos efectos se produzcan dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, infiriéndose que la jurisdicción de referencia opera sobre hechos o relaciones de connotación jurídica que tienen su origen o cuyos efectos se producen en el ámbito de vigencia señalada en el artículo 191.II.

Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público

El proyecto de Ley Orgánico del Ministerio Público está dividido en siete títulos con sus respectivos capítulos.

El Título Primero es de Disposiciones Generales, como el anterior, la novedad está en haber dividido en cuatro capítulos.

El Capítulo Primero se refiere al Objeto, Ejercicio, Naturaleza Jurídica, Finalidad y Principios, que en la Ley No. 2175 figuraban como Principios Generales. Ahora el artículo 4 se refiere a Principios, incluyendo el de Oportunidad, Responsabilidad y Autonomía. El de Unidad y Jerarquía se desdobla en dos acápites.

El Capítulo Segundo contiene las Normas Comunes Para el Ejercicio de la Función Fiscal. El artículo 5 es más explícito que el anterior al referirse al Pluralismo Jurídico e Interculturalidad, señalando que el Ministerio Público respetará la coexistencia de los sistemas jurídicos en el ejercicio de sus funciones. Adviértase que se refiere a sistemas jurídicos y no a jurisdicciones.

Establece como marco la interculturalidad, debiendo velar por la identidad cultural, institucional, normativa y lingüística de las partes, como si realmente existiesen diferentes sistemas jurídicos en el país, lo que no acontece.

Sabemos que el concepto sistema importa unidad de principio, donde la parte está en función del todo y es capaz de auto sostenimiento. Incluye como funciones los principios de Probidad y Trato Humano, pero lo determinante es que se impone a los fiscales la carga procesal de promover la acción penal pública y los hace responsables, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos tácticos para verificar su comisión.

En otras palabras, la función de promoción de la acción penal como órgano del Estado. Esta carga responde a los principios de necesidad y obligatoriedad en el ejercicio de la acción pública penal.

También le fija sus deberes cuando se ejercita la acción pública penal a instancia de parte y en el parágrafo II del artículo 7 esta normado el carácter irrevocable de la acción penal pública, aunque se ha omitido su carácter unitario sobre que la comisión de un mismo hecho involucra a todos sus autores. No puede haber competencias distintas para perseguir y juzgar un mismo hecho delictivo.

Mantiene la confidencialidad y la gratuidad e incluye el artículo 10 sobre la Protección a Víctimas Testigos y Servidoras y Servidores Públicos, lo que se hacía ineludible.

El Capítulo Tercero de Funciones del Ministerio Público excluye la función de defender los intereses del Estado y de la Hacienda Pública, que ahora corresponde a otro instituto de derecho público que es la Procuraduría General del Estado. Las funciones que estaban contempladas en la Ley No. 2175 se mantienen.

El Capítulo Cuarto de Coordinación y Cooperación no ha modificado la normativa de la Ley No. 2175 en la misma materia.

El Título II de Organización del Ministerio Público, en su Capítulo Primero de Organización Jerárquica y Condiciones Generales para el Ejercicio de la Función Fiscal, mantiene la organización jerárquica y los requisitos generales de designación, eliminando el requisito de ser boliviano de nacimiento. Se mantiene los impedimentos, las prohibiciones, los derechos, cesación, suplencias y posesión.

El Capítulo II sobre Fiscales, en su Sección Primera del Fiscal General del Estado, se mantiene, reduciendo en el artículo 26 sobre Designación y Periodo de Funciones el requisito para optar el cargo de 10 a 6 años, cuestionable porque tiene que ver con la idoneidad y probidad, que en un medio como el nuestro exigen la debida cautela del tiempo.

En las Atribuciones del artículo 29 se ha incluido las facultades de ratificar o revocar las decisiones de desplazamiento emitidas por las y los Fiscales Departamentales cuando sean objetadas según procedimiento previo previsto en esta ley. También se ha incluido la ratificación o revocación de los rechazos o sobreseimientos emitidos por los Fiscales Departamentales, cuando éstos hubieran ejercido la dirección funcional de la investigación y los emitidos por las y los demás fiscales en los casos en que estos hubieran actuado.

Tal determinación es Importante porque el árbitro y abuso de autoridad se hace evidente en los rechazos y sobreseimientos, particularmente por el uso indebido de influencias, que es una de las peores manifestaciones de la corrupción en nuestro medio. También se ha incluido la facultad de efectuar a propuesta del Tribunal de Concurso el nombramiento de los Fiscales Superiores y de Materia, afirmando el camino de selección y admisión de nuevos fiscales, lo que importa una garantía de buen funcionamiento.

Sin embargo, la presión política y el abuso de poder impiden el requisito de la imparcialidad en la función fiscal, por lo que no se elimina una de las características más negativas del Ministerio Público en nuestro país, que es el de instrumento represivo del gobierno de turno. En el artículo 30, en el Deber de Información, se aclara que está sujeto a control social, lo que se denomina control público por lo que además de informar a la Asamblea Legislativa de sus labores, debe informar a la sociedad, al menos cada seis meses.

El problema que no está reglamentado y que ocasiona la pérdida de los plazos legales que sujetan la investigación y al final termina por asegurar impunidad de los delitos, toca la corruptela de cambiar a los fiscales que están dirigiendo las investigaciones, aspecto no contemplado; tampoco hay norma ni organismo que asegure el seguimiento de la actividad investigativa, permitiendo que los fiscales y la policía incurran en toda clase de abusos e infracciones.

Otro consabido renglón de los ilícitos es la pérdida de antecedentes, particularmente piezas documentales en las fiscalías y la Policía. No hay foliación como en los expedientes y ningún otro tipo de control documental.

Todos los niveles jerárquicos del Ministerio Público están investigados en sus atribuciones del ejercicio de la acción penal pública y los Fiscales Departamentales tienen la dirección funcional criminal o pueden delegarla. La expresión formal “delegarla” no corresponde porque el Ministerio Público es una unidad y, en esa unidad, sus miembros, no importando la jerarquía, están investidos de la atribución que es el ejercicio de la acción penal pública, que incluye la dirección funcional de la investigación criminal.

Por el principio de unidad, las infracciones o los ilícitos de los fiscales que no se corrijan o repriman comprometen a los mandos jerárquicos, haciéndolos responsables, peor aún, cuando se refieren a un órgano constitucional o magistratura.

Continuará

Es abogado, magíster en ciencias penales y catedrático emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz.

Espere…

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