La Gaceta Jurídica

Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público

(Parte final)

La Gaceta Jurídica / Ramiro Otero Lugones

00:00 / 27 de marzo de 2012

En las secciones iii y iv no hay modificaciones notables. El Capítulo Cuarto, sobre los Servidores de Apoyo a la Función Fiscal y Asesorías, la Sección ii sobre Asesorías Especializadas advierte un ordenamiento mejor al de la ley que se pretende reformar.

En el tema de las garantías de la víctima, el artículo 68 incluye parágrafos nuevos que tienen por objeto la protección de los intereses de la víctima, siguiendo las tendencias del proceso acusatorio oral y contradictorio que establece una relación horizontal en relación a la víctima, sacándola de la relación vertical del inquisitorio, es decir, de la condición de objeto del proceso a la de sujeto del proceso, velando por sus intereses y la carga de informarle sobre el curso del proceso.

El parágrafo ii alerta sobre que no se puede victimizar a la víctima, sobre todo en el trato que debe respetar la policía y el Ministerio Público, además de la carga de la atención integral a las víctimas y sus familiares.

El Parágrafo II mantiene la garantía de la víctima o querellante de solicitar el remplazo del fiscal cuando no da la atención debida, no cumpla las tareas de director de las investigaciones, incumpla los plazos o no se pronuncie sobre la proposición de las diligencias.

El artículo 69 responde a la normativa sustantiva del Código Niño, Niña, Adolecente cuando en el proceso hay adolecentes imputables y en los procesos para establecer responsabilidad social previstos en el merituado Código, imponiendo la carga de fiscales especializados, manteniendo las normas de cuidado de la anterior ley.

En el artículo 70 introduce la carga para el Ministerio Público de solicitar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia un informe psicosocial respecto de los menores imputables.

En el artículo 71 mantiene la reserva de actuaciones y el artículo 72, en consonancia con la reforma constitucional en las causas seguidas en la Jurisdicción Ordinaria contra personas miembros de los pueblos indígena originario, el Ministerio Público deberá velar se respete la diversidad cultural y cosmovisión. A efectos en el Parágrafo ii le impone la carga de requerir la opinión de las autoridades u organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario

Campesinos o la de un entendido en la materia, extendiendo la carga procesal de fundamentar en sus resoluciones sobre tal aspecto.

En el Capítulo Tercero, artículo 73 sobre las causales de excusa, elimina el parentesco 6 y 7. En el artículo 74, que regula el trámite de la excusa, mantiene como impedimento el que no existe víctima individualizada, agregando como impedimento no haber querellante identificado. Es una garantía que responde al proceso libre de vicios que lo anulen.

En las causales de recusación del artículo 73, suprime las causales 5, 6 y 7 de la Ley No. 2157, referida al parentesco espiritual con una de las partes o el juez, tener pleito pendiente con una de las partes, haber recibido beneficios o dádivas de una de las partes. Es difícil de entender tales exclusiones en un país donde las relaciones familiares gravitan fuertemente en la conducta de las personas, pero, sobre todo, en la de los funcionarios, menos la de tener pleito pendiente con una de las partes, siempre que no haya sido provocado ex profeso, peor la causal de haber recibido beneficios o dádivas de una de las partes, porque son factores que afectan a la libertad e imparcialidad, probidad e idoneidad del funcionario, además de ser formas de presión difíciles de superar.

El trámite de las recusaciones en el artículo 75 mantiene el plazo de tres días para recusar conocida la causal, agregando la carga de recusante de acompañar la prueba suficiente e indicando de manera expresa la fecha y circunstancias del conocimiento de la causal invocada. El propósito es poner atajo a la recusación como medio o recurso dilatorio. Al fiscal recusado, el fiscal jerárquico deberá resolver la recusación mediante resolución motivada también dentro de las 24 horas.

El artículo 76 introduce norma sobre excusa del Fiscal General, la Fiscala General o el Fiscal General no podrán ser recusados, pero pueden excusarse, debiendo pronunciarse fundamentado y remitiendo el asunto a su suplente legal. También debería proceder la recusación, porque está sujeto más que ningún otro funcionario del Ministerio Público a la presión política

El Proyecto de la Nueva Ley de Organización del Ministerio Público introduce en el Título iv Órganos de Investigación y Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público y, en su Capítulo Primero sobre Policía de Investigación Criminal, en el artículo 77, atribuye a los organismos policiales encargados de las funciones de Policía de Investigación Criminal, entre sus específicas, funciones de identificar y aprehender a las presuntas o presuntos responsables, la tarea de identificar y auxiliar a las víctimas, junto a las responsabilidades de acumular, analizar, conservar y custodiar adecuadamente las pruebas y realizar las actuaciones dispuestas por la o el fiscal que dirige la investigación. Diligencias que serán remitidas a la autoridad competente.

La redacción de este artículo, incluyendo la protección de las víctimas entre las funciones que hacen al objeto de la investigación criminal, vuelve a reducir la relación que tiene la víctima en el inquisitorio como sujeto del proceso, a la condición de objeto de la investigación del proceso.

Es un retroceso conceptual que advierte que el proyecto no sabe diferenciar el lugar que le reconoce el juicio acusatorio a la víctima que no es ya de simple objeto, como sucedía en el inquisitorio. Lamentable, porque es una cuestión de principio del debido proceso.

El artículo 78 mantiene la dirección funcional del fiscal sobre los operadores que ejercen actividad de Policía de Investigación Criminal y las labores que desempeñan. Introduce la definición del concepto de dirección funcional que es el mando legal y estratégico de la investigación en manos de la fiscala o del fiscal asignado.

El artículo 79 explica el contenido de los actos de investigación, señalados en el Código de Procedimiento Penal y la obligación de las servidoras y servidores públicos de informar sobre la existencia del delito y las primeras diligencias en el plazo de 8 horas, manteniendo la norma del artículo 77 de la Ley No. 2175. El artículo 80 modifica el contenido del anterior 78, donde el fiscal podía requerir la asignación de personal investigador a la Policía Nacional, ahora la Policía Nacional es la encargada de seleccionar a las servidoras y servidores policiales para que cumplan funciones de Policía de Investigación Criminal, mismos que son declarados en comisión, manteniéndoles su escalafón funcionario.

El artículo 81 mantiene la responsabilidad de las servidoras y servidores policiales, independientemente de la que pueda corresponderle al Estado.

El artículo 82 sobre la Comisión Especial modifica el contenido del artículo 78 de la Ley No. 2175 en los casos previstos, atribuyéndole su conformación a la o el Fiscal General del Estado. Esta norma vuelve a concentrar funciones cuando la celeridad y aumento de la carga creada por el principio demográfico obliga a las fiscalías departamentales a operar rápidamente, proveyendo los medios investigativos adecuados y oportunamente.

El Capítulo ii está dedicado al Instituto de Investigaciones manteniendo el artículo 83 (Finalidades), el artículo 84 (Estructura), el artículo 85 (Funciones) y el artículo 86 (Dependencia) las previsiones legales de la Ley No. 2175 con un mejor ordenamiento.

El problema no es el de la Ley, porque toca a la deficiente operatividad y falta de medios investigativos; pero, especialmente, la falta de política criminal traducida en la ausencia de planificación en la lucha contra el delito. La realidad está en que el aporte probatorio sigue como carga de las partes y se traduce en la primaria de la prueba testifical, porque no hay investigación científica, menos los medios adecuados, incluida la falta de personal calificado.

La falta de política criminal y de medios científicos adecuados expresa la incapacidad de los mandos sobre la realidad, porque, a medida que avanza la sociedad, crece también el crimen organizado, ecuación que no se entiende.

Introduce el Capítulo Tercero dedicado a la Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público. En este entendido el artículo 87 crea la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos Miembros del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del Estado (artículo 88), con las atribuciones de asesor a la Fiscalía General del Estado, asumir políticas protectivas, requerir se brinde esa protección, supervisar y evaluar planes de protección, aprobar planes de cooperación nacional e internacional.

El Título v norma Recursos Humanos, el Capítulo i reglamenta el Régimen de la Carrera Fiscal, el artículo 90 (Carrera Fiscal) mantiene lo normado por la Ley No. 2175, al igual que el artículo 91 sobre Permanencia. El artículo 92 (Alcance y Estructura), mantiene los subsistemas, igualmente el artículo 93 (Subsistema de Planificación e Ingresos) mantiene la antigua norma. Lo nuevo está en el artículo 95 en el Parágrafo II, la Escuela de Fiscales del Estado; mantiene los subsistemas de escalafón e información y el subsistema de remuneración.

El artículo 98 modifica la composición del Tribunal de Concurso, cuyos Integrantes serán abogados de reconocida trayectoria profesional, elimina el periodo de prueba del anterior artículo 96.

El Capítulo Segundo sobre Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, introduce el artículo 99 de Dirección de Gestión Fiscal y Evaluación, el artículo 100 da su Estructura y el artículo 102 está proyectado para señalar sus funciones, con nuevo catálogo que introduce.

La función 5 merece destaque porque trata de suplir metódicamente a través de la creación de sistemas informáticos la actividad de los fiscales, pero lo que interesa es el seguimiento de la actividad fiscal en los casos que están asignados, porque la falta de credibilidad del Ministerio Público no es únicamente por su sujeción política, desvirtuando su carácter de representante de la sociedad, dado que no hay control, más bien tolerancia, desvirtuando los fines del Ministerio Público en el descubrimiento y persecución de los delitos, porque se pierden pruebas y antecedentes, se pierden los plazos y el periculun in morce ocasionado por la inacción de los fiscales burla a las víctimas y a la Justicia.

La práctica de hacer rotar a los fiscales, dada la desconfianza, traba la investigación, al igual que los cambios de los investigadores de la Policía Nacional. Un Ministro Público ineficiente y no confiable es el peor lastre que pesa en la administración de justicia, insalvable para el proceso acusatorio.

El Capítulo Tercero introduce la creación de la Escuela de Fiscales del Estado, con la finalidad de formar y capacitar fiscales, investigadores y servidores del Ministerio Público, dependiente del Fiscal General del Estado a cargo de un Director o Directora.

El Capítulo Cuarto norma la Dotación de Personal de Carrera Administrativa, crea la carrera administrativa de todo el personal bajo dependencia de la Fiscalía General de Estado. Permite actividades voluntarias reclutando personal mediante convenios con las universidades.

El Título vi está referido al Régimen Disciplinario y el artículo 112 sobre Responsabilidad Disciplinaria dispone que los fiscales o fiscalas respondan por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones. Significa que, a igual que los jueces, no pueden ser cesados en sus funciones sin que medie un proceso. La responsabilidad es por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones; igual que los jueces, los fiscales no pueden ser destituidos por orden superior.

La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad civil o penal. En el ámbito de la aplicación del régimen disciplinario civil o penal, el artículo 113 excluye al Fiscal General del Estado. El artículo 114 establece la doble instancia en el régimen disciplinario y señala los requisitos a cumplirse para ser sumariante. Las sanciones disciplinarias se reducen a imponer la suspensión de funciones sin goce de haberes

El Capítulo Segundo norma el régimen de Faltas y Sanciones, define falta disciplinaria como acción u omisión en el ejercicio de sus funciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, manteniendo la clasificación de la anterior ley.

Entre las faltas leves, en el artículo 117 introduce el maltrato, reiterando que no implique discriminación a los sujetos procesales y las o los servidores de apoyo fiscal.

El artículo 118, sobre faltas graves, mejora técnicamente al hacer una mejor clasificación de las faltas, manteniendo las de la anterior Ley e introduce alguna como pérdida de documentos a su cargo a un proceso o a la institución sanciona dar intencionalmente información errónea a las partes; relacionada al proceso penal, declarar falsamente por culpa en los reportes estadísticos y una larga lista de manera detallada en los puntos 13 a 24, que son importantes y que tienen que ver con los principios de probidad, necesidad, cuidado de bienes, respeto a los superiores, omisiones informáticas, falta de cuidado y protección a los derechos humanos de las personas arrestadas, aprehendidas y detenidas  Constituye falta grave la participación en forma activa en partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o sindicatos, quiere decir que un fiscal o servidor del Ministerio Público no puede ser activista político, de sindicato o de organización ciudadana, menos candidato en elecciones.

El artículo 118 del Proyecto es un avance. Lo es más el artículo 119 porque busca reprimir como faltas muy graves las conductas inadmisibles que se han venido dando en la función fiscal, como la del numeral 4, destruir, modificar, ocultar, suprimir, alterar, insertar o hacer insertar declaraciones falsas en documentos o elementos de prueba de los procesos disciplinarios por sí o a través de otro.

Lo que falta al respecto es la sanción que merece la falta de cuidado y vigilancia del personal subalterno, particularmente de los asistentes, que son los quienes incurren en este tipo de faltas muy graves, al igual que la Policía Nacional.

El numeral 5 es también significativo, porque sanciona el incumplimiento de los plazos que de lugar a la extinción de la acción penal o la preclusión, deserción o pérdida de los recursos de apelación restringida o apelación, en este caso se considerará la conveniencia y factibilidad del recurso para los fines del caso concreto a las políticas de la institución (sic.).

La observación está en que ya no es una falta muy grave, porque es ya causal de responsabilidad con proceso penal, al igual que el numeral 4, porque tal calificación como infracción permita bordear el Código Penal, siendo que incurre en el tipo, antijuridicidad y responsabilidad sancionados por el artículo 154 (Incumplimiento de Deberes) del Código Penal; igual el numeral 7, porque importa figura de delito de soborno del artículo 170 del Código Penal, numeral 10, de aceptar consignas, presiones o encargos que comprometan la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones, no es una falta muy grave, porque se está sometiendo al uso indebido de influencia del artículo 146 del Código Penal.

El numeral 18, de retirar acusaciones presentadas o desistir de recursos planteados, sin la expresa autorización de superior jerárquico, importa responsabilidad por delito de incumplimiento de deberes del artículo 154 del Código Penal, igual permitir que el cuerpo de investigadores o las servidoras o los policías que realizan la acción directa ejerzan cualquier acto de violencia, malos tratos o torturas prohibidos por la Constitución Política del Estado, los convenios, tratados internacionales y las leyes del numeral 20.

No pueden ser de simple materia disciplinaria porque está tocando forma de participación en la comisión de delito, porque la permisión es omisión constitutiva de delito, pudiendo ser en grado de complicidad o encubrimiento. El numeral 4 está incurriendo en tipo de antijuridicidad y responsabilidad delictivas, entre las que toca al delito de encubrimiento del artículo 171 del Código Penal. Por lo que es un hilo muy delgado el que separa a las faltas muy graves de los delitos cometidos por los funcionarios públicos y los delitos contra la actividad judicial, peor con las modificaciones e inclusiones que hace al Código Penal la Ley No. 004.

El artículo 120 mantiene las sanciones previstas en la Ley No. 2170, igual sucede con el artículo 120 en el artículo 122 de la Prescripción, que amplía el plazo a las muy graves a los 18 meses de su comisión.

El Capítulo Tercero, dedicado al Procedimiento Disciplinario para faltas graves y muy graves, el artículo 124 amplía la denuncia por cualquier persona y no ya solo por el Inspector General, pudiendo hacerla cualquier funcionario de oficio, acompañando antecedentes. Quien procesa es la autoridad sumariante, ya descrita en el artículo 114.

El proceso es sumario con plazos angustiosos, privando la celeridad sobre la seguridad procesal. El artículo 126 concede el recurso de apelación, dando lugar a la doble instancia, también con los plazos angustiosos.

El Título de Régimen Económico Financiero no introduce modificaciones notables a lo normados pro la Ley No. 2175. No hay exención de pago de valores para el usuario.

El Capítulo Segundo de la Dirección Administrativa Financiera es igual a las normas de la Ley No. 2175. El artículo 134 sobre presupuesto impone al Ministerio Público la presentación de su presupuesto anual para consideración y aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En las Disposiciones Adicionales, la primera modifica la ley anterior y exige a los fiscales hablar dos idiomas oficiales, normas de aplicación progresiva. Sin embargo, en los lugares donde se hable mayormente una lengua indígena será requisito hablar ese idioma, lo que significa que el Ministerio Público estará presente en las naciones o pueblos indígena originario campesinos

En las Disposiciones Transitorias se contempla que las y los fiscales que se encuentren en periodo de prueba, conforme a la Ley No. 2175, mediante proceso público y participativo deberán ser sometidos a evaluación sobre desempeño de sus funciones. Se establece el escalafón y la carrera fiscal. Los casos pendientes de investigación y los que no cuentan con acusación serán tramitados y resueltos por la autoridad sumariante que establece la ley en proyecto.

Los procesos disciplinarios con acusación continuarán su tramitación de acuerdo a la Ley No. 2175.

Es abogado, magíster en ciencias penales y catedrático emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz.

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