La Gaceta Jurídica

Las Observaciones no son suficientes

Han pasado veinte años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing. Hemos pasado también de los Objetivos del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lo que se avecina post-2015. Entonces, es ahora cuando más necesitamos conseguir la igualdad de género.

“No son suficientes los compromisos jurídicos vinculantes, porque  es otra  la realidad de las mujeres”.

“No son suficientes los compromisos jurídicos vinculantes, porque es otra la realidad de las mujeres”. Foto: huffingtonpost.es

Erika Bruzonic

00:00 / 01 de mayo de 2016

Es cierto que se ha registrado cambios, que hay avances tangibles sobre este tema, pero, además, mucho por hacer para cerrar la aún amplia brecha que existe entre la página escrita con recomendaciones que abarcan el espectro íntegro de objetivos y experiencias, y la apabullante realidad.

Es verdad también que al fin se ha conseguido que la lucha contra la violencia perpetrada contra mujeres y niñas forme parte de la agenda de la política pública. Pero, en el cotidiano, la violencia se ejerce, se consuma y se perpetúa contra mujeres de toda etnia, de toda edad y de todo entorno social.

¿Qué entendemos por violencia?

Violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta que cause sufrimiento o daño físico o psicológico a una mujer, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer es denominado agresor.

Existen varios tipos de violencia, por ejemplo, violencia psicológica, que es un conjunto de conductas y acciones de desvalorización de género. Existe también la violencia simbólica y/o encubierta, traducida en mensajes, valores e imposiciones sociales, económicas y culturales que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

También se ejerce violencia patrimonial y económica, toda vez que se realizan acciones y omisiones que afectan sus bienes propios, ocasionándole un menoscabo en sus recursos, limitando sus ingresos económicos y la disposición de los mismos.

Lo anterior es contrario a la vigente Ley 348, en la que, bajo Equidad de género, se reconoce y valora las diferencias físicas y biológicas entre mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garanticen el beneficio pleno de los derechos de las mujeres, sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

También es contrario a lo que el mismo cuerpo legal reconoce como Equidad generacional, reconociendo y valorando las diferencias generacionales de las mujeres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos, sin perjuicio de su edad en los todos los ámbitos de la vida.

Finalmente está la misoginia, que es la conducta de desprecio manifiesto hacia una mujer, agravada por la edad y otros aspectos. Esto vulnera directamente los Derechos Humanos y los principios de la norma 348. Vemos inequidad de género, inequidad generacional y misoginia a diario, expresadas por el repartidor de diarios, por el vecino de dos pisos arriba, por el portero del edificio, por el cajero del supermercado o, lo que es tan o más grave, por hombres de la propia familia de una mujer.

¿Es el Estado el llamado a superar estos desafíos para garantizar la igualdad de condiciones de vida para las mujeres y eliminar la discriminación y violencia contra ellas?

Sí, lo es. Para ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, sigla en inglés) de Naciones Unidas, efectuó recomendaciones a los Estados miembros sobre las políticas, sistemas y acciones que se debe implementar para que las mujeres tengamos, no las mínimas, sino las máximas garantías, de modo que podamos vivir una vida libre de discriminación y violencia; donde una es generadora de la otra.

En abril, dos expertas del Cedaw, Silvia Da Silva y Gladys Acosta, visitaron La Paz para reunirse con la sociedad civil y diseminar las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Estado Plurinacional de Bolivia.

Dentro de las principales esferas de preocupación y recomendaciones, las expertas se refirieron, particularmente, a las observaciones 28 y 34, concernientes a la mortalidad materna; falta de educación amplia sobre salud sexual, reproductiva y derechos conexos, y la carencia de medios apropiados para que las mujeres indígenas y afrobolivianas expresen su consentimiento libre, previo e informado en la aprobación de proyectos a gran escala de explotación de recursos naturales.

Del intercambio se desprende que no son suficientes los compromisos jurídicos vinculantes; es decir, los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado (cpe) y las leyes que derivaron de esta norma, porque es otra la realidad que vivimos las mujeres. Para saberlo: las mujeres obtenemos a lo largo de nuestra vida un ingreso equivalente a la mitad del que perciben los hombres, cumplimos dos veces más trabajo doméstico y no remunerado que los hombres.

Asimismo, trabajamos más horas al día que ellos y las niñas y mujeres adultas mayores somos objeto de todo tipo de violencia, con un acceso a la justicia limitado y una administración de justicia morosa y desinformada. Si se ha establecido en el documento de Observaciones que no hay un “adecuado diálogo entre la Constitución y las leyes bolivianas con la legislación internacional” y que “los administradores de justicia desconocen la normativa internacional”, dejar el postulado en mera observación no es una ayuda.

¿Pueden evitarse las desigualdades?

Sí. Desde un Estado que sostenga políticas económicas y sociales sensatas, se puede contribuir a crear sociedades más igualitarias en cuanto a género. Esto significa situar como primera prioridad los derechos de las mujeres e inculcar en sus sociedades, en la población masculina, en especial, que el disfrute de los derechos huma- nos consignados en todo el mundo no responde a acciones de dominación y subordinación, sino a la no-limitación de los pro- yectos de vida de las mujeres y las niñas.

Estas interrogantes deben ser insertadas en un marco de seguimiento a las observaciones realizadas por el Cedaw, al que también corresponde hacerle una observación: Si bien, por la soberanía absoluta de los Estados, el Cedaw no tiene competencia para recomendar el cómo hacer frente a las observaciones que ellos mismos emiten, seguramente cuentan con los mecanismos de asistencia técnica para brindar pautas, guías e ideas de mejores prácticas, sobre todo a estados cuyos sistemas democráticos ca- recen de conocimientos, experiencia y saberes destinados a lograr una real y verdadera igualdad de género con pleno disfrute de nuestros derechos.

Es abogada e investigadora.

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