La Gaceta Jurídica

Octubre y procesos

…en casi 30 días de resistencia la población se mantuvo firme con su demanda de industrialización del gas y de consumo interno en primera instancia, lo que significó la apertura a una nueva tendencia de gobiernos que tomen en cuenta otros matices de gerencia estatal.

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00:00 / 01 de octubre de 2013

Este octubre se conmemora 10 años de uno de los periodos más luctuosos de la historia nacional, producido durante la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que huir del país debido a su vano esfuerzo por mantenerse en el puesto a través de la fuerza y la violación de los derechos humanos. Si bien este tipo de casos no han sido pocos durante la República, sólo algunos tienen gran trascendencia por la participación amplia de la población, como en ese lapso de reivindicaciones de 2003 que fue denominado la “Guerra del gas”.

Esta sucesión de hechos tiene antecedentes en los actos de privatización y “capitalización” de empresas estratégicas y de propiedad del estado boliviano durante los gobiernos del llamado periodo neoliberal, lo que tuvo mayores picos de desmantelamiento estatal entre 1993 y 2003, años en que ocuparon la primera magistratura el citado político, seguido por Hugo Banzer Suárez, Jorque Quiroga Ramírez y nuevamente Sánchez de Lozada.

Uno de los planes de estas gestiones era la venta del hidrocarburo a través de puertos chilenos, lo que fue rechazado por gran parte de la población debido a que se esperaba que el recurso beneficie en primer término a los usuarios nacionales; de este modo se generó una movilización que tuvo inicios en septiembre de 2003 en la zona altiplánica de Warisata, donde se registró la primera andanada de muertos, entre ellos una niña de unos ocho años, a manos de fuerzas gubernamentales.

Esto tuvo su ampliación en la ciudad de El Alto con la declaración de una huelga general indefinida a principios de octubre, que tuvo su correlativo con la paralización casi total de la sede de gobierno con multitudinarias marchas de vecinos de ambas urbes, reforzados por mineros y campesinos de diferentes regiones. La presión popular fue respondida por la represión que dejó un saldo de 64 muertos y más de 500 heridos hasta el 17 de octubre, día en el que el régimen apoyado por partidos políticos como MIRy NFRtuvo que dejar la administración que ejercía reducido en la Residencia Presidencial.

En esos casi 30 días de resistencia que se iba ampliando a otras regiones del territorio, la población se mantuvo firme con su demanda de industrialización del gas y de consumo interno en primera instancia, lo que significó la apertura a una nueva tendencia de gobiernos que tomen en cuenta otros matices de gerencia estatal. Además, las conclusiones de la lección también fueron el enjuiciamiento de los culpables de las muertes, quienes en gran parte han salido del país y permanecen en otras naciones; los más importantes, Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez, se encuentran en Estados Unidos, donde se presentó un primer trámite de extradición que no prosperó, por lo que en estas fechas se intenta una nueva gestión similar que traiga a los acusados a un proceso judicial en Bolivia. No obstante, según denuncias del Fiscal General del Estado, este nuevo intento es perjudicado debido a las demoras del Departamento de Estado del país del norte para otorgar a este servidor público la visa de entrada para que, junto a otros funcionarios, impulse los procedimientos con la esperanza de una extradición que esta vez sea efectiva. En relación a esa situación, se debe esperar que estos empeños no sean abandonados hasta lograr que la justicia pueda ser cumplida.

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