La Gaceta Jurídica

Optimizar la política de persecución penal

Instrucción a fiscales

Bolpress/redacción

00:38 / 16 de diciembre de 2011

Existe una gran carga procesal de casos pendientes en diferentes etapas procesales de las gestiones 2009, 2010, 2011 e incluso de anteriores, por ello, el fiscal general Mario Uribe instruyó a los fiscales de Distrito revisar todos y cada uno de los despachos fiscales bajo su dependencia a objeto de realizar hasta el 30 de diciembre de 2011 la inventariación de casos no resueltos anteriores a 2011.

Uribe Melendres, tras un relevamiento de información en las fiscalías departamentales, ha evidenciado aspectos que afectan a los principios de celeridad, gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad, por lo que ha emitido el Instructivo N. 871/2011 con el propósito es ajustar la Política de Persecución Penal del Ministerio Público.

Actualmente existen 439 fiscales, 25 en Beni, 33 en Chuquisaca, 72 en Cochabamba, 111 en La Paz, 18 en Oruro, 9 en Pando, 32 en Potosí, 95 en Santa Cruz, 29 en Tarija y 15 en la Fiscalía General. Se estima que solo en materia Penal en el Distrito de La Paz hay cerca de 30 mil casos acumulados y en Cochabamba unos 29 mil.

El fiscal general ordenó a los fiscales de Distrito dar solución a la brevedad posible a los siguientes aspectos: Si bien el artículo 393 Bis. del Código de Procedimiento Penal (cpp) establece que los fiscales “podrán” solicitar al Juez de Instrucción la aplicación del procedimiento inmediato, el mecanismo procesal de casos flagrantes tiene entre otros objetivos el de garantizar la celeridad de los procesos y evitar la impunidad de casos que pueden concluirse rápidamente.

El instructivo hace referencia al constante cambio de fiscales en las divisiones, uno de los factores de la falta de celeridad en la tramitación de procesos, por lo que establece que las mismas solo puedan realizar en periodos de cinco meses, salvo necesidad del servicio, que deberá constar y fundamentarse por escrito por cada Fiscal de Distrito.

Otro de los factores que corroen la confianza pública y atentan contra la celeridad de los casos es la constante suspensión de audiencias, por lo que se establece que los fiscales de Distrito dispongan las medidas necesarias para:

Juicio. En caso de ausencia de testigos, especialmente policías que se encuentren en otro Distrito o departamento, aplicar el artículo 199 y 333.2 del cpp.

Otras suspensiones. Solicitar a la respectiva Corte Superior de Distrito que se informe sobre toda audiencia suspendida por ausencia del Fiscal, las que se hayan suspendido a solicitud expresa del Fiscal o por ausencia de testigos de la Fiscalía; debiendo solicitar informe al fiscal asignado y con su resultado en su caso remitir a la Inspectoría General. Por acciones dilatorias de la defensa. Denunciar ante el Colegio de Abogados que corresponda, sin óbice de solicitar las multas procesales más drásticas posibles, y/o en última instancia la aplicación de los artículos 104 y 105 del cpp.

Detención para delincuentes habituales y reincidentes

En coordinación con la Policía, los fiscales de Distrito deberán asumir las medidas necesarias para la detención y encarcelamiento efectivo de principales reincidentes y delincuentes habituales, coordinando acciones con los fiscales de otros Distritos, estableciendo listas de las personas identificadas. Asimismo, las medidas necesarias para lograr la captura de rebeldes, elaborando y socializando listas de personas declaradas rebeldes y contra las que pese mandamiento de aprehensión y/o condena.

En cuanto a delitos de violencia sexual, doméstica, trata y tráfico de personas y delitos violentos por uso de armas (robos agravados), considerando la naturaleza de los mismos, debe procurarse la aplicación del artículo 307 del cpp para la toma de declaración de víctimas y testigos en el primer momento de la investigación, usando la Cámara Gessel para garantizar la efectividad de la persecución penal y evitar la revictimización en particular de víctimas mujeres, niños, niñas y adolescentes.

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