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Órdenes en la Policía

… los jefes policiales dedicados a la formación profesional de uniformados presentaron recusaciones contra el juez encargado de la causa, las cuales fueron rechazadas en instancias judiciales, por lo que las pesquisas deben continuar hasta que se logre aclarar las denuncias por la afiliación de los jóvenes.

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00:00 / 27 de abril de 2012

El artículo 251 de la Constitución Política del Estado de 2009 señala que la Policía Boliviana ejercerá su función “bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”. Además, en el punto II establece que “como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley”. Como parte del capítulo dedicado al organismo del orden, el siguiente artículo de la ley fundamental indica que “las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno”.

Si bien estos puntos son claros para la función policial, esta semana se puso en evidencia un sesgo de desobediencia en la institución del orden, actitud que fue denunciada por el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, en torno a las órdenes superiores de alejar de las aulas de la Universidad Policial (Unipol) a los 54 cadetes que habrían ingresado a la entidad educativa verde olivo mediante un proceso de admisión e inscripción denunciado como irregular.

Romero consideró que existió desacato a la orden superior y anunció una investigación, pues, según la disposición del titular de la cartera, que también habría sido remitida por escrito por el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, debió anularse el plan de admisión de los cadetes involucrados en el tema y apartarlos de las clases regulares en esa universidad. El caso ya tiene varias semanas de vigencia y todavía no encuentra soluciones, ni siquiera con la cesación de los jóvenes ni mucho menos con resultados de una investigación que constate las presuntas irregularidades y las tipifique para que corran sanciones, si el caso amerita.

El problema se inició después de mediados de marzo cuando el general Santiesteban fue denunciado por enviar al rector de la Unipol, coronel José Piérola, la nómina de los jóvenes que debían ser incorporados a la institución formativa policial como beneficiarios de un “programa piloto para bachilleres interculturales”, que otorga preferencias a personas originarias, las cuales habrían pagado 5.000 dólares para el efecto.

Por las susceptibilidades y debido a las todavía supuestas anomalías, el Ministro anunció la suspensión del programa y la inscripción de los aspirantes a cadetes, de quienes se sindicó que no todos eran originarios y que, incluso, uno de ellos era hijo de un vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La denuncia llevó a que el Ministerio de Transparencia presente una querella ante la Fiscalía y dos jefes policiales que cumplen funciones en Unipol fueron sometidos a detención domiciliaria.

Por el caso aún ventilado a nivel de investigación, los jefes policiales dedicados a la formación profesional de uniformados presentaron recusaciones contra el juez encargado de la causa, las cuales fueron rechazadas en instancias judiciales, por lo que las pesquisas deben continuar hasta que se logre aclarar las denuncias por la afiliación de los jóvenes. Si bien este programa de beneficio a bachilleres interculturales debe ser exitoso evitando anomalías en el futuro, también es imperioso que los superiores policiales atiendan a los mandos superiores en rigurosa jerarquía.

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