La Gaceta Jurídica

Órgano Judicial: Limpieza exterior o remodelación

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 20 de marzo de 2012

Es innegable que las iniciativas orientadas a lograr empoderar a los pobres, a los excluidos de siempre dieron fruto. Lo que sí puede ser objeto de debate es si ese producto es bueno o malo. Será positivo si la inclusión, el reconocimiento de la existencia del “otro” genera beneficios para el sistema de justicia, será malo si el efecto tiende a la exclusión de los antiguos excluidores, pues se traducirá en la inexistencia de transformaciones relevantes en el funcionamiento de la institución.

En ese marco, lo que se debe pactar, primero, es si las nuevas autoridades deben solo pasar el trapo para sacar el polvo superficial de la casa o, en su defecto, concebir una remodelación que permita al poblador común ver con confianza al Órgano Judicial como la instancia que administre sus relaciones económicas o sociales.

En este escaso tiempo de trabajo de las nuevas autoridades judiciales, se puede constatar que hay esfuerzos llamativos y voluntades expresadas por efectuar cambios verdaderos que no queden solo en el papel y que, indiscutiblemente, se reflejen en una justicia pronta, predecible y, sobre todo, con presencia de políticas públicas judiciales que incorporen la visión y necesidades del usuario del servicio de justicia; paralelamente hay una impresión negativa que, en ciertas instancias, muestra al Órgano Judicial como ese monstruo dominado por ciertos estigmas que difícilmente estará en capacidad de realizar cambios decisivos en la institución.

Dentro de esa visión pesimista, se debe reconocer que la llamada revolución judicial que debería caracterizarse por su amplitud, seriedad y consistencia no está alcanzando esos niveles. En principio, las acepciones del término Revolución nos remiten a innovación, novedad y progreso, atributos que aún no se lograron, sin embargo, persisto en mi postura de que hay que ser optimistas y dotarnos de una buena base de credibilidad, las nuevas autoridades judiciales recién cumplirán su tercer mes de mandato y no se puede exigir que --en tan poco tiempo-- logren un giro decidido en las fuertes estructuras edificadas durante más de un siglo y medio.

Ahora bien, dentro de esa credibilidad, no se puede perder el equilibrio, por lo que la crítica constructiva es y será necesaria para encauzar los rumbos de la reforma judicial. Inicialmente, es preciso consentir que la reforma que se concibió no es amplia, en el entendido de que se han mantenido las instituciones, aún muy alejadas de la sociedad.

Si se quiere, lo que se tuvo es un simple cambio de nomenclatura y una nueva forma de elegir a las autoridades jerárquicas, pero no se dieron cambios estructurales apuntados, por ejemplo, a lograr una mayor cobertura judicial o una verdadera promoción de acceso a la justicia, particularidades que se podrían lograr –aquí va una sugerencia– con la implementación de los juzgados Itinerantes o la Justicia de Paz, institutos que tuvieron un gran éxito en países mucho más grandes y poblados que el nuestro, como Brasil, Colombia o Perú.

La justicia itinerante es un microsistema de carácter instrumental y obligatorio que se aplicó con éxito en varios países y permite el acceso de la población a la administración de justicia, evitando mayores costos y resolviendo las causas en su lugar habitual de residencia, con lo que el costo, oportunidad, tiempo, gastos, atención y recursos del ciudadano se reducen al mínimo. Características similares observa la Justicia de Paz, principalmente, para las faltas y delitos menores o de bagatela.

Contrariamente, pecando de una total falta de modestia, sin hacer un estudio verdadero, las autoridades nacionales promulgaron y publicitaron la Ley 025 que dentro de sus principios (artículo 3) prevé la gratuidad de la justicia; en realidad, mucho fue el ruido y pocas las nueces, ya que en los hechos la tan publicitada gratuidad no llega a los bolsillos de los litigantes, pues en los tribunales se sigue cobrando sumas de dinero no solo por los valorados, sino también por las notificaciones.

Por otro lado, tampoco se hizo nada por los cobros exagerados y desmedidos que realizan las notarías de Fe Pública, instancias también “dependientes” del Órgano Judicial, que en este momento se encuentran en el limbo, es decir, sin tener un conocimiento específico de su régimen de designaciones, dependencias, periodos de trabajo, si seguirán con esos cobros arbitrarios o tendrán salario mensual, etc., aspectos que deben ser resueltos con rapidez por los legisladores.

Es posible también afirmar que la reforma judicial carece de seriedad, desde el hecho –risible por donde se lo vea– de que algún magistrado del novel Tribunal Constitucional Plurinacional estaría consultando la “sabiduría” de las hojas de coca para emitir sus fallos, hasta la perezosa y fácilmente rebatible afirmación de que no hay injerencia del Ejecutivo y del Legislativo en las decisiones que se toma en niveles jerárquicos del Órgano Judicial.

Ambas situaciones hacen dudar de la madurez y la prudencia con las que están actuando las autoridades, porque lo único que se está consiguiendo es un execrable desmantelamiento de la institucionalidad del Órgano Judicial.

Finalmente, hablamos de la consistencia de que debe estar revestido necesariamente un proceso de las características encaradas por el actual régimen. Sobre la base de los dos puntos anteriores (amplitud y seriedad) podremos constatar con desánimo que los supuestos cambios y transformaciones que se operan no tendrán sostenibilidad en el tiempo, porque están sobre plataformas frágiles y deleznables.

Quienes ciframos nuestras esperanzas en ver cristalizada una verdadera transformación judicial, no queremos experimentar cómo magistrados supuestamente “independientes” se trastocan en funcionales a un régimen o sus organizaciones sociales y que, producto de ello, están preparados únicamente para tomar medidas que favorezcan los intereses de quienes están circunstancialmente en el poder.

El sentido de una verdadera reforma de largo plazo no puede explicarse ni ser entendida sin tomar en cuenta que esa subordinación y manipulación del Poder Judicial son solo objeto del pasado, de ese ayer que queremos dejar atrás y ver adelante con optimismo, convicción y certidumbre.

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