La Gaceta Jurídica

Órgano Judicial: Nadie se salva

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 20 de marzo de 2015

El entrar en vigencia la actual Constitución Política del Es- tado (cpe), con respecto del hasta antes denominado Poder Judicial, resaltaron algunas reformas en relación a la normativa constitucional vigente hasta entonces, todas las cuales, lamentablemente, en nada contribuyeron a mejorar la función del Estado, la de administrar justicia.

Repasamos rápidamente aquéllas. Lo que se denominaba “poder”, pasó a llamarse “órgano del Estado”, sin mayores argumentos. La Constitución actual dice que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo...”, que es, prácticamente, no decir nada. La función de administrar justicia pertenece al Estado y emana de su soberanía. La mayor parte de los “principios” señalados en el artículo 178 de la cpe son meros enunciados porque no son cumplidos.

Entre los tribunales de justicia, la nueva Constitución creó el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), que está lejos de haber cumplido su misión básica señalada en el artículo 196 de la ley fundamental.

Estableció el sistema de elección ciudadana directa para todos quienes tienen categoría de magistrados, a los que finalmente se eligió no solo con porcentajes de aceptación ridículos, sino por un sistema electivo que no les correspondía.

Finalmente, en el tema que nos ocupa, se creó el Consejo de la Magistratura, como la “instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de su gestión”. Por lo tanto, no se trata de poca cosa.

Lo inquietante es que, a partir del funcionamiento del Consejo, tras las elecciones de 2011, los conflictos y problemas, ya no en el PODER, sino en Órgano Judicial, no han hecho otra cosa que aumentar.

O sea, este nuevo órgano no ha contribuido en nada a la solución de los problemas múltiples y agudos de la administración de justicia como función del Estado, y de las más trascendentes.

Lo curioso es que el texto constitucional, que como todos sabemos está por encima de cualquier otro, en el único caso, en cuanto a la estructura orgánica del Órgano Judicial, se refiere al tema de la duración del periodo de funciones de los consejeros.

El artículo 194 (Numeral III) dice: “Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus FUNCIONES SEIS AÑOS y no podrán ser reelegidas ni reelegidos”.

A partir de esta norma se debe descartar, genéricamente hablando, la vigencia de ninguna otra norma por encima. Y, además, corresponde hacer una distinción, una cosa es el periodo de funciones e, incluso, la función de CONSEJERO y otra de PRESIDENTA DEL CONSEJO.

Es evidente que los seis años de trabajo pueden ser coincidentes, pero no necesariamente. La Constitución, como acabamos de ver, no se refiere solamente al periodo de funciones de los consejeros, sino del presidente o presidenta del Consejo. En ambos casos, además, el origen de esas funciones es radicalmente distinto. El de consejero es mediante elección por voto popular y la Presidencia del Consejo es elegida en el pleno de este Órgano.

De aquí urge esta interrogante, ¿puede deducirse de esta última atribución que el pleno del Consejo puede despojar de la Presidencia a quien fue elegida o elegido por el mismo? No necesariamente.

Pensamos que al menos deberían darse argumentos y en el caso presente no se ha exhibido muchos de éstos. Tampoco ha existido algún tipo de proceso, aunque fuese un detalle bastante tirado de los cabellos.

Para complicar el panorama, la Presienta del Consejo, a tiempo de alzar el grito al cielo, no ha perdonado decenas de acusaciones contra sus colegas del pleno, acusándolos de golpe de Estado e incluso, de un acto de abierta discriminación “sexista”.

Ante la falta de normativa expresa y concreta sobre esta temática y entre acusaciones que van y vienen, es cierto que las piedras aumentarán con seguridad.

Porque es evidente que, en lo relativo a ciertos “órganos del Estado y órganos de jerarquía”, el legislador se ha quedado chico en cuanto a la previsión de muchas disposiciones legales.

El anterior resulta un vacío prácticamente imposible de llenar y daría lugar a una larga y difícil tarea.

En todo caso, frente al panorama que estamos viendo, se nos ha presentado otro caso de controversia en una instancia jerárquica de la justicia. No interesa el nombre concreto de esta última. Tampoco interesa si los implicados son dos, tres o cuatro. Tampoco interesa que el problema haya trascendido porque a alguien se le fue la lengua o que el origen debería atribuirse a alguien de la prensa.

Interesa que los de casi siempre, los que están en la parte negativa del panorama nacional vuelvan a aparecer en la pantalla, en la primera y en la parte más fea, en aquella de la que el ciudadano ya está harto, ya está asqueado. ¿Hasta cuándo?, ¿cuándo ha ser el final de este panorama tan absolutamente reiterativo?, ¿no habrá forma de que, haciendo un favor a todos, se acabe de una vez?

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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