La Gaceta Jurídica

Pacto fiscal o ¿qué cosa es?

Volvemos al tema específico, el “pacto fiscal” que, insistimos, tiene mala denominación en cuanto a lo de “pacto” y, supuestamente, ¿para qué?, para lograr una mejor distribución de los recursos públicos (del Estado) entre los departamentos, municipalidades y universidades que deberían ser los mayormente beneficiados por su carácter de entidades autónomas.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 20 de febrero de 2015

Parecería que en nuestro país por temporadas se pone “de moda” algún determinado “te- ma” y, sobre todo, los medios de comunicación machacan sobre el mismo mañana, tarde y noche. Esto viene sucediendo con el referido al llamado “pacto fiscal”.

Comencemos el análisis de aquel tema preguntándonos si el uso del término “pacto” es correcto, en especial en su acepción jurídica. Y no lo es, sencillamente porque sí revisamos el Diccionario de la Lengua Castellana nos encontramos con que “pacto” es sinónimo de “acuerdo”, algo convenido para cumplirse entre las partes “acordantes”. Por eso, poniéndonos en el caso que abordamos, no es posible estar frente a la figura de un “pacto”.

Resultaría que, en los hechos, las partes interesadas (departamentos, municipalidades y universidades) tendrían que reunirse de forma voluntaria para acordar de qué manera y con qué detalle se procedería a “repartir” entre ellas los recursos públicos que se genera en diversas fuentes, incluyendo el Estado central.

Éste es, obviamente, un extremo imposible porque, sencillamente, en la mayoría de los casos, para tal efecto, se requeriría de leyes de competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (artículo 158 de la Constitución Política del Estado).

Lo anterior está al margen de la “finalidad” del régimen de autonomías y el “ejercicio de la autonomía” señalados en los artículos 7 y 9 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Volvemos al tema específico, el “pacto fiscal” que, insistimos, tiene mala denominación en cuanto a lo de “pacto” y, supuestamente, ¿para qué?, para lograr una mejor distribución de los recursos públicos (del Estado) entre los departamentos, municipalidades y universidades que deberían ser los mayormente beneficiados por su carácter de entidades autónomas.

O sea, se trata de justificar aquello afirmando que si tienen recursos insuficientes ¿de qué ejercicio real de autonomía estamos hablando?

De acuerdo. Pero formulamos nuestra propia interrogante: ¿el actual Gobierno es un creyente sincero del régimen de autonomías? Nunca lo fue. En concreto, el partido gobernante siempre se colocó entre los ardientes defensores del centralismo y un Órgano Ejecutivo muy fuerte por encima de los otros del Estado. Nada que ver con las autonomías.

Por lo anotado, el Consejo Nacional de Autonomías recién se reunió por primera vez y la mayoría de sus componentes tiene que ver o con el Órgano Ejecutivo o con organizaciones afines a ese Órgano o al partido oficialista.

Hay otro detalle más que es demasiado significativo. El Gobierno, a través de sus más altos voceros, ha dicho que la realización de las reuniones para discutir el tema del pacto fiscal tiene tres condicionantes: No tocar nada de lo referido al actual modelo económico, no variar nada de lo que formó la propuesta del Movimiento Al Socialismo (mas) para la reciente reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado y dejar sin variantes al esquema planteado por el Gobierno en cuanto al desarrollo del país, de aquí hasta el 2025.

Sin desconocer los aciertos de la política económica-financiera, aceptar tales condicionantes es no permitir ningún margen de debate.

Pero, entendemos que hay más temas primarios y de fondo en torno, no específicamente, a la “repartija de recursos”, sino al ejercicio del régimen de autonomías. Aun admitiendo también que en el país –y creemos que en ninguno– no existe un crecimiento armónico ni desarrollo paralelo, o sea, es cierto que se presenta un panorama de evidente inequidad. Además, muchas de las medidas adoptadas para superar ese esquema, no han dado resultado alguno.

Pero, creemos que antes está lo primero, ¿cómo han andado los gobiernos autónomos?

Un suplemento del diario La Razón de La Paz, el 8 de febrero, publicó una entrevista al doctor Juan Carlos Urenda, un prestigioso abogado de Santa Cruz, a quien consideramos uno de los más acreditados analistas en la temática de las autonomías en el país.

Felizmente, hemos tenido la ocasión de manifestarle vía teléfono que nos adherimos en todas sus partes a lo que él ha sostenido en ese trabajo tan absolutamente contundente en sus afirmaciones.

Asevera, por ejemplo, que, “como se ha creado una conciencia de que sin estatutos no hay autonomía, Bolivia se ha paralizado. Y, para suerte del Gobierno, los opositores que tendrían que haber sido los gobiernos departamentales que aprobaron en referéndum sus estatutos, por alguna razón, están paralizados…”

Más adelante dice: “En el país, y esto quisiera que quede clarito, NO SE HA AUTONOMIZADO NI UNA SOLA COMPETENCIA; POR CONCEPTO DE AUTONOMÍAS, NO SE HA TRANSFERIDO NI UN SOLO CENTAVO A NINGUNA PARTE. EL PROCESO AUTONÓMICO HA SIDO UN VERDADERO FRACASO”.Luego destaca que “el problema de fondo es el DISEÑO CONSTITUCIONAL EN LO QUE RESPECTA A LA DISTRI- BUCIÓN DE TAREAS”. Y añade: “…estos gobiernos, hasta ahora, no han hecho ninguna presión y han mantenido el pacto fiscal SOLO COMO UN ARGUMENTO DISCURSIVO”.

Después de afirmaciones tan terminantes, ¿es posible que nos pueda quedar alguna esperanza que nos pudiera hacer pensar en algún éxito sobre futuras discusiones acerca del pacto fiscal? Desde luego que ninguna. Solo se está perdiendo el tiempo.

*    Es abogado, analista y ensayista.

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