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Paradigma del Derecho Penal del adolescente

Bolivia ingresó recientemente a codificar en su legislación la doctrina de Protección Integral de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente (1); doctrina que se muestra como el nuevo paradigma de infancias en el Estado. Empero, ¿cuáles son los desafíos para que este paradigma se materialice en el Derecho Penal del Adolescente en el país?

Paradigma del derecho

Paradigma del derecho FOTO: fiscalia.gob.sv

La Razón (Edición Impresa) / José Luis Pascual Villegas*

00:00 / 17 de enero de 2016

Antes de ingresar al tema en cuestión, resulta menester definir, por un lado, el concepto de Derecho Penal. Zaffaroni lo hace como: “Es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo (…)” (2) y, por el otro, el concepto de adolescente, como un “periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad (…)” (3).

En el Estado Plurinacional de Bolivia se considera al adolescente como “Sujeto de Derecho”, así lo señala el artículo 5 del Código Niño, Niña y Adolescente, norma que, además, establece el rango de edad para adolescentes entre 12 y 18 años; es en esa línea que, si bien el adolescente posee derechos, no es menos cierto y lógico que posea también obligaciones (responsabilidades) acordes a su desarrollo (4).

Empero, la legislación boliviana respecto a responsabilidad penal juvenil define de manera atinada el rango de edad, mismo que comprende de 14 a 18 años, dicho de otro modo: Ahora, si bien los adolescentes son responsables penalmente por sus actos, esto no significa tratarlos como adultos, menos aún vulnerar sus derechos y garantías procesales que hacen a la materia, tales como presunción de inocencia, debido proceso, defensa especializada, asistencia integral, proporcionalidad, excepción de la privación de libertad, igualdad y no discriminación, prioridad absoluta, interés superior del niño y otros.

De este modo, es necesario citar las palabras del doctor Alejandro Rojas Aguilar al respecto del interés superior del niño, lo que define como: “Debe decirse que el interés superior no es una directriz que pueda ser utilizada como una especie de excusa para tomar decisiones al margen o en contra de los derechos fundamentales de los adolescentes. Dentro del actual sistema, entonces, no es válido ni legítimo utilizar el interés superior como argumento o razón para tales efectos” (5).

Realizadas las explicaciones y uniformando los principios, debe entenderse al adolescente como “sujeto de derecho en desarrollo”; empero, para que este concepto se maternice en el ámbito penal, es menester que el Estado Plurinacional de Bolivia garantice el respeto a las garantías procesales y, a través de éste, el goce efectivo de los derechos, mismo que podrá darse mediante la ejecución de programas descritos en la Ley N° 548, tales como: a) Defensa pública especializada. El artículo 274 de la ley N° 548 señala que “la persona adolescente con responsabilidad penal, deberá ser asistida por una abogada o abogado privado o del Estado (…)” (6), profesional que deberá ser especializado, esto en virtud del artículo 262 inciso h del mismo cuerpo legal que garantiza al adolescente contar con una defensa especializada.

b) Equipo técnico interdisciplinario especializado. Nos referimos en este equipo a profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados y otros que sean de vital importancia para la asistencia bio-psico-socio-jurídica gratuita de los adolescentes en conflicto con la ley penal, aquéllos deberán estar capacitados y especializados en el buen trato y manejo de casos con adolescentes en conflicto con la ley penal, esto conforme establece el artículo 270 de la Ley N° 548, que garantiza al adolescente contar con una asistencia integral.

c) Jueces, fiscales y policía especializada. Resulta importante contar con jueces, fiscales y policías especializados en el buen trato a adolescentes en conflictos con la ley penal, ya que, de no acontecer así, quizás se vulneraria muchos derechos, debido a que no todos los profesionales saben manejar situaciones difíciles que hacen al adolescente en su etapa de desarrollo, infiriendo, de esta manera, traumas psicológicos que a futuro serán irremediables (por ejemplo la revictimización), no solo para el adolescente, sino para la sociedad en general.

Ahora bien, después de citar algunos de los programas de especialización y selección que garanticen en sí los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal; no es menos importante pensar en programas preventivos que ataquen al génesis del problema, vale decir que consideren los “hechos sociales” como factores que hacen de cierta manera la aparición del delito, concepto que ya fue señalado en el siglo XIX por el sociólogo Francés-Emilio Durkheim.

Es en ese sentido que deberá priorizarse la implementación de políticas públicas (políticas sociales básicas) diri- gidas a la satisfacción de las niñas, niños y adolescentes en los ámbitos de salud, vivienda, educación, juego, alimentación, pleno desarrollo, etc.

A mayor abundamiento, la secretaria de los Derechos Humanos de Argentina, de forma atinada, señaló que las políticas públicas son (…) la principal obligación de un Estado democrático y orientado hacia el bienestar de su comunidad. Es decir, estas políticas hay que desarrollarlas, no como modo de prevención del delito, sino como corresponde hacerlo. Pero, además, y según se ha comprobado sobradamente en el mundo entero, las sociedades más equitativas, con mejor distribución del ingreso y con políticas públicas dirigidas hacia el conjunto de la población, tienen menores índices de vio- lencia social. Es decir, implementar este tipo de políticas contribuirá objetivamente a la prevención del delito” (7).

De esta manera se logra materializar el nuevo paradigma del Derecho Penal del adolescente en Bolivia, máxime si consideramos que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados parte a usar como último recurso la privación de libertad de adolescentes, misma que, además, deberá ser por el periodo más corto posible (8).

Ahora bien, en ese razonamiento, el Estado Plurinacional de Bolivia deberá considerar a la Convención de los Derechos del Niño como una norma supra-legal, tal cual dispone la Constitución Política del Estado en su artículo 256, parágrafo I, que a la letra señala: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta” (9).

Por tanto, habiéndose ya codificado la Doctrina de Protección Integral, el reto para la materialización de la misma está ahí, por lo que nos queda confiar en las autoridades competentes, sean éstas administrativas y/o judiciales, y, por medio de ellas, pueda propiciarse el éxito de este nuevo Paradigma que nace en Bolivia para el Vivir Bien.

Notas

1. Estado Plurinacional de Bolivia, Código Niña, Niño y Adolescente, Ley N° 548 de 17 de julio de 2014.

2. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho Penal. Parte General, 2da. Edición, Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 5.

3. Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia, 2015.12.01, 08:45 am.

4. Estado Plurinacional de Bolivia, op. cit., artículo 261.I. “La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificadas como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga”.

5. Rojas Aguilar, Alejandro, Adolescentes y responsabilidad Penal, Tomo II, 1ra. Edición, Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2006.

6. Estado Plurinacional de Bolivia, op. cit., art. 274.

7. Secretaria de los Derechos Humanos, Estándares Mínimos de Derechos Humanos para una nueva ley de Justicia penal Juvenil, pág. 7, http://www.unicef.org/argentina/spanish/estandaresminimos.pdf, 01-12-2015, hrs 17.24 pm.

8. Convención de los Derechos del Niño, artículo 37. “Los Estados Partes velarán porque: b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”, https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf, 02-12-2015, hrs. 17.30 pm.

9. Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado, UPS, artículo 256, parágrafo I.

*    Es abogado, asesor corporativo, gerente general del Grupo Noblex Asesores y Consultores SRL, especialista en Manejo de Poblaciones Vulnerables, Niñez y Adolescencia, Gestión Pública y Control Social, Derecho Laboral y Seguridad Social.

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