La Gaceta Jurídica

Paralelismo entre la Lingüística y la disciplina jurídica

La relación no es entre los extremos jurídicos y los lingüísticos, pues allí el vínculo es el contraste mediante paralelismos. En esta instancia se procura encontrar un concepto que denomine a la relación entre las normas jurídicas generales e individuales, por un lado, y entre la lengua y el habla, por el otro.

Paralelismo entre la Lingüística y la disciplina jurídica

Paralelismo entre la Lingüística y la disciplina jurídica FOTO: newfield.cl.

La Razón (Edición Impresa) / Helga María Lell*

00:00 / 30 de diciembre de 2015

Las instituciones

Del paralelismo realizado en las partes anteriores, es necesario efectuar una abstracción para hallar una categoría que brinde sentido a las dicotomías lengua y habla y normas jurídicas generales e individuales, así como también al par lenguaje y Derecho, por igual. Es decir, ¿cuál es el concepto que puede designar los vínculos que se dan entre los extremos de cada uno de estos pares de elementos?

La relación no es entre los extremos jurídicos y los lingüísticos, pues allí el vínculo es el contraste mediante paralelismos. En esta instancia se procura encontrar un concepto que denomine a la relación entre las normas jurídicas generales e individuales, por un lado, y entre la lengua y el habla, por el otro, y que, en segundo, entre el lenguaje y el Derecho con las dicotomías correspondientes.

En este punto es pertinente recurrir al concepto de “institución” tal como lo presentan dos autores argentinos, Tau Anzoátegui y Martiré. No obstante, es necesario exponer primero algunas ideas clásicas en torno al enfoque institucional del Derecho.

El concepto de institución resulta fundamental en el ámbito de diversas disciplinas puesto que, como señala MacCormick (1986), ellas están en condiciones de aumentar el número de hechos existentes en el mundo, sin multiplicar, por ello, los objetos físicos.

En cuanto a la diversidad disciplinar, Benveniste (1983), por ejemplo, invoca instituciones clásicas del derecho, del gobierno, de la religión, pero sino también aquellas instituciones menos aparentes que se esbozan en las técnicas, los modos de vida, las relaciones sociales, los procesos verbales y mentales. A pesar de su relevancia, pero, tal vez, precisamente por ella, no deja de ser un concepto amplio afectado por ambigüedad y vaguedad.

En el marco de la teoría institucional del Derecho se han destacado múltiples autores, de entre los cuales aquí apuntaremos dos íconos, Maurice Hauriou y Santi Romano (1). El primero, representante de la escuela francesa, señala que los hombres tienen una vida social que se manifiesta en la formación de entes colectivos que son las instituciones. En ellas, cada uno de los miembros juega ciertos roles, posee obligaciones y también marcos de libertades de actuación.

A pesar de la estructuración que proveen las instituciones, los miembros no pierden su personalidad individual. Además, una característica esencial de las instituciones es que su duración no depende de la voluntad subjetiva de individuos determinados (Hauriou: 1929 y 1933). De estas notas puede derivarse un equilibrio entre el individuo y su esfera privada y la totalidad conformada en la esfera jurídica por una institución que trasciende lo particular para crear un ámbito público.

Una idea clave en el pensamiento de Hauriou la constituye la distinción de dos grados de las instituciones, la primera, la de la “institución-persona”, donde la adhesión de las voluntades supone la creación de un ente con personalidad jurídica, y, la segunda, de la “institución-cosa”, en la que existe solo un principio de orientación que no genera un nuevo ser.

Dentro de esta última clase se encuentran las normas jurídicas generales que proporcionan marcos de actuación, por ejemplo, las normas civiles que regulan la constitución del matrimonio (requisitos, procedimiento, efectos, etc.) que derivan en la formación de una familia.

En el ámbito de la escuela italiana, Santi Romano consideró a la institución como fuente de derechos y, por ello, la identifica con un ordenamiento jurídico. Para él, la estructura interna de las instituciones, la organización de los miembros, la atribución de derechos y obligaciones y la obligatoriedad de las prescripciones institucionales para los individuos proponen una visión del derecho no como un conjunto de normas, sino como una entidad que las impone.

El Derecho, como institución, debe estar basado en  una sociedad manifestada jurídicamente, ello en contraposición con el mero ámbito privado individual, y que se conforme un orden social que brinde sentido legítimo a las manifestaciones de los coasociados (es decir, mediante esta característica se excluyen del ámbito institucional los actos arbitrarios o basados en la fuerza material).

En este sentido, la organización constituye un elemento necesario para detectar al Derecho, puesto que el momento en el que ésta acaece es el que distingue la etapa inorgánica de la orgánica (Romano, 1963 y 1964).

Como puede notarse, en estas dos posturas aparecen algunas cuestiones clave para reflexionar en torno al Derecho y a las instituciones: 1) La sociabilidad humana y su manifestación en la conformación de entes colectivos, 2) la relación de esos entes con las normas jurídicas, 3) la vigencia y la obligatoriedad de los roles que estas instituciones imponen/confieren y 4) la temporalidad de las instituciones en contraposición con la temporalidad de sus miembros.

A partir de ello, existe una postura que sintetiza algunos aspectos interesantes frente a las cuestiones mencionadas. Tau Anzoátegui y Martiré (2005: 36) brindan la siguiente definición: “se puede entender por institución una ordenación parcial de la vida del hombre en sociedad, que ha llegado a un desarrollo sólido y autónomo a través de la actividad desplegada y la renovada adhesión de muchas generaciones”.

Para llegar a esta definición, Tau Anzoátegui y Martiré comienzan por considerar que el hombre, a lo largo de su existencia, construye su vida en convivencia, es decir, que el desarrollo humano se da en la coexistencia.

De esa convivencia resulta algo que escapa de sus posibilidades de control y que deja de pertenecerle a pesar de ser obra suya (aunque no exclusivamente suya). Es una suerte de “decantación estabilizada”. Esto recuerda lo que acontece con la lengua que Saussure definió como una suerte de promedio de los conceptos asociados, depositados en las mentes de cada uno de sus usuarios.

La lengua se produce a partir de las intervenciones de todos los miembros de una comunidad de hablantes, pero no le pertenece exclusivamente ni individualmente a cada uno. Lo mismo se puede trasladar a las normas jurídicas generales cuyo sentido general es producido en forma global por la sumatoria de cada uno de los actos de interpretación efectuados, sin identificarse ni pertenecerle a uno o varios actores jurídicos, en particular.

Además, los hombres, en su vida cotidiana, se nutren de los elementos que la sociedad pone a su disposición. El servirse de estos aportes no es optativo sino más bien necesario, imperativo de cierta manera. El aporte ejerce presión sobre el individuo pues establece pautas de comportamiento.

La institución, en sentido amplio, es un género que abarca múltiples instituciones particulares que el individuo puede rechazar individualmente. Lo que no puede hacer es repudiar la totalidad o el conjunto institucional que forma la estructura social.

Cuando un operador jurídico realiza algún cambio normativo en los sentidos atribuidos, tan solo rechaza parcialmente el concepto asociado hasta esa instancia temporal. No por ello niega o revoluciona el ordenamiento jurídico total. Algo semejante es propio de la lengua.

Cuando a través del habla un individuo realiza algún cambio fonológico, no crea una nueva lengua, tan solo ha transformado una palabra a partir de variar un fonema, un sonido.

Lo que resulta clave de esta visión sobre las instituciones es que, cuando a éstas se las piensa en un lugar y tiempo determinados, se las concibe con actualidad espacio-temporal, es decir, en ejercicio de una influencia irresistible sobre la sociedad. Esto conduce a los autores bajo tratamiento a señalar que las instituciones son, entonces, un sistema de vigencias.

Para la visión de estos pensadores argentinos es posible pensar en el concepto abstracto de una institución: “el contrato”, “el matrimonio”, “los derechos reales”, por ejemplo; pero estas abstracciones se manifiestan en hechos concretos, todos ellos diferentes entre sí, y sobre los cuales recaen como regulaciones prescriptivas, con vigencia: “el contrato entre Juan y José”, “el matrimonio entre Laura y Pedro”, “el derecho real de dominio de Jorge sobre este inmueble”.

En la Lingüística nos servimos del sistema de isoglosas que es la lengua, gracias a ella nos relacionamos a través de la comunicación. De no respetar el modo de utilizar la lengua correríamos el riesgo que quedar incomprendidos. En cada acto de habla se pone en juego la lengua, sus reglas y, por supuesto, aunque Saussure no lo tenga especialmente en cuenta, las condiciones del contexto, el auditorio y los efectos de los enunciados (2).

Cada una de las instituciones vigentes, esto es que hayan alcanzado una cohesión suficiente con solidez y autonomía, tiene tensiones en su interior que presionan sobre la vida humana y le brindan al ser humano ciertas posibilidades de actuación mediante lo cual promueven el cambio y el desarrollo social. Asimismo, la vigencia de una institución depende de su utilización por los individuos que integran una comunidad.

Las instituciones se desenvuelven en el marco de las regulaciones positivas, de las valoraciones y de los usos sociales. Tau Anzoátegui y Martiré señalan que en los preceptos del derecho u orden natural, las instituciones encuentran sus límites infranqueables.

El enfoque del jurista corre el riesgo de deformarse cuando ve solo la institución en función del derecho o de la norma jurídica y no advierte que ésta se halla subordinada a aquélla en el sentido indicado y que forma parte de un engranaje, por lo que en su existencia se halla injertada en la institución que regula (Tau Anzoátegui y Martiré, 2005: 35).

Conclusión

Las reflexiones que integran este trabajo parten de los cuestionamientos al carácter científico de la disciplina jurídica. Gran parte de los embates tiene su raíz en las particularidades del objeto de estudio sobre el cual señalan que es imposible desarrollar un conocimiento certero, predicciones y leyes explicativas con pretensión de universalidad. Esta concepción de los requisitos a cumplir para aprobar el test científico es la comúnmente denominada “moderna”.

Lo antedicho constituye una rica base para discusiones de muy diversa índole. La pretensión aquí no ha sido ni poner en tela de juicio los parámetros modernos ni debatir sobre la cientificidad del Derecho. No obstante, se ha traído a colación un tema que roza estas otras discusiones: si los objetos de estudio de la “ciencia” del Derecho y de la Lingüística tienen semejanzas estructurales.

La preocupación surge a partir de observar que, a pesar de los puntos que ambos objetos tienen en común, hay aceptación en cuanto al rigor científico de los estudios de la Lingüística o, al menos, si no se proclama su cientificidad, se acepta los desarrollos teóricos como serios y metodológicamente fundados. Adempero, lo mismo no ocurre con la disciplina jurídica.

Una vez más, no se desea mostrar que, por poseer semejanzas epistemológicas con la Lingüística, el Derecho es tan científico como ésta. El límite de la propuesta que se ha emprendido aquí se encuentra en la primera parte de la tarea: hallar las semejanzas.

El método de contraste entre ambas disciplinas ha sido desarrollar un paralelismo. Primero observar el funcionamiento del objeto de estudio en la Lingüística, luego señalar una categoría general y trasladarla al Derecho. Como último paso, tras concluir la mirada sobre los dos extremos que corren en paralelo, se ha procurado hallar un concepto sintetizador que se aplique a ambos campos por igual.

En este marco, primero se ha focalizado en la dicotomía lengua-habla de la que se vale la Lingüística (en la teoría de Saussure) para explicar la complejidad del objeto de la Lingüística y distinguir entre ciertos conceptos.

Para hallar esta dicotomía, Saussure separó la lengua y el habla del lenguaje, el cual es una facultad natural a articular en unidades sensibles. A continuación, se explica que la lengua, principal componente de la Lingüística, es un elemento social, es general y psíquico y excede a los individuos.

La lengua se nutre del habla, el cual es la suma de actos individuales (en estos sentidos matemáticos, la lengua sería un promedio) de utilización de la lengua. El habla ayuda a la lengua a estabilizarse, a concretarse en un tiempo y espacio determinados. La relación es recíproca: una brinda elementos a la otra y esta última la pone en circunstancias específicas.

Esta relación se puede sintetizar en el eje sistema-acto. A su vez, este eje aplicado al Derecho nos arroja la primera distinción entre la juridicidad pura, análoga al lenguaje, como capacidad que permite la articulación del reparto en pautas normativas.

El criterio es formal y, en cuanto a lo sustancial, es inasible. Ello no obsta a la posibilidad de conocer un precepto que ordena que se debe repartir ciertos bienes de acuerdo a los merecimientos y circunstancias. Obviamente, en el lenguaje no hay un precepto de este tipo. Por el contrario, el lenguaje es esencia pura articulable.

Pero si esta idea es aceptable en la Lingüística, no encuentro obstáculos para aceptar algo semejante en el plano jurídico.

Dentro del fenómeno normativo se puede encontrar tanto normas jurídicas generales como normas jurídicas individuales. Las primeras, que abarcan una pluralidad de casos indefinidos a priori, constituyen un promedio de concepciones sociales, las formas de entender el mensaje de los enunciados lingüísticos que son las normas.

Por su parte, las normas jurídicas individuales se inspiran en las generales de las cuales se nutre su contenido, pero la relación no es unilateral sino que estas últimas hacen que las primeras tengan un sentido concreto ante casos particulares.

Mientras que las normas generales brindan un sistema de posibilidades, las individuales son actos concretos.

Hasta aquí se ha efectuado una apretada síntesis del paralelismo explorado. Resta ahora señalar el concepto explicativo y aplicable a ambas disciplinas. En esta instancia se ha introducido el concepto de institución tal como lo proponen Tau Anzoátegui y Martiré: una ordenación parcial de la vida del hombre en sociedad que inspira su actuar, un conjunto de vigencias que no pueden ser rechazadas en su conjunto, que son producto de la actividad cultural humana pero que la exceden y vuelven sobre ella para influirla.

Así, las normas jurídicas generales, como la lengua, se hallan en el núcleo social, son productos humanos pero exceden a éstos individualmente. Son concepciones vigentes que condicionan formas de comportamientos (jurídicos o lingüísticos) ya que le proveen el material.

Los actos concretos (sean sentencias o actos de habla) son los que asientan ese sistema de vigencias, son, precisamente, los que lo hacen vigente.

De esta manera, a modo de síntesis se puede señalar que la “ciencia” del Derecho, cuando se aproxima a las normas jurídicas, no tiene necesidad de relegar a un segundo plano ontológico a uno de los dos extremos: normas generales o individuales. Ambas tienen una conexión especial de equivalente relevancia. Si tal característica no resulta conflictiva en la Lingüística, no debería serlo tampoco en el ámbito jurídico.

¿Por qué este paralelismo puede ser interesante? Como se ha mencionado, resolver el problema de la cientificidad de la disciplina jurídica es un asunto de suma complejidad. No obstante, es posible señalar algunos criterios epistemológicos que permitirían, al menos, dudar de los cuestionamientos.

En tal sentido, hemos visto que la “ciencia” jurídica posee múltiples similitudes con la Lingüística y que, mientras a esta última se la acepta como científica, a la primera no unánimemente o, al menos, no sin un cúmulo de reparos.

¿Cuáles son los mayores obstáculos en relación con la comprensión de las normas jurídicas? En primer lugar, se suele señalar que el Derecho, si se identifica solo con las normas jurídicas, no puede incorporar ninguna pretensión moral, de corrección o de justicia. Cualquier contenido debe ser válido.

Ahora bien, si no estamos dispuestos a aceptar cualquier norma como válida en virtud de su discrepancia con ciertas pretensiones, entonces se trasciende la esfera positivista para adentrase en posiciones iusnaturalistas y/o no positivistas.

En tal caso, sobreviene el primer embate: ¿qué es el Derecho si no existe como un objeto tangible y asible que se presente ante nuestros sentidos en forma pura? Esta pregunta es relevante para la ontología jurídica, pero en lo que a este trabajo respecta, solo cabe destacar que la Lingüística general, tal como fue fundada por Saussure, tampoco explica qué es el lenguaje. De hecho, evita su definición y solo lo caracteriza como heterogéneo e inasible. Si para la Lingüística esto no es un obstáculo, no se comprende por qué la falta de consenso en relación a la definición de la esencia jurídica es un error fundamental.

En segundo término, si se acepta que las normas jurídicas son el objeto de estudio (o uno de los posibles) de la “ciencia” jurídica, aparece el interrogante acerca de cuáles normas, ¿las generales o las individuales? La pregunta no pretende obtener una mera aclaración, sino que, más bien, es compleja puesto que si se responde que solo las generales, se arroja a las segundas a un plano inferior y de mera reiteración.

Ello implica negar la riqueza que ellas tienen como proveedoras de sentido concreto y de actualizadoras del contenido normativo. En cambio, si las segundas son erigidas en el objeto principal, podría repreguntarse acerca de para qué sirven las normas jurídicas generales. ¿Son solo auxiliares mentales?, ¿cómo se explica que en ocasiones se produzcan cambios interpretativos?, ¿quiere esto decir que el objeto de estudio es inestable? Las normas jurídicas generales son tan importantes como las normas jurídicas individuales. Mientras las primeras brindan un sentido abstracto y un abanico de posibilidades que se ven enriquecidas con el paso del tiempo, las segundas concretan en circunstancias y casos particulares el contenido de aquellas. Las normas jurídicas generales e individuales constituyen un objeto de estudio complejo para su disciplina.

Pero ello no debería provocar el desánimo puesto que la Lingüística ha atravesado por una dicotomía semejante y ha logrado comprenderla sin mayores embates posteriores. El habla es la faz dinámica que pone en movimiento a la lengua y esta última es un conjunto abstracto que hace que el habla sea inteligible.

La lengua existe gracias al habla y también se modifica por ella. El habla solo es posible en la lengua. Si una dicotomía es aceptable en una disciplina, no se observan obstáculos acerca de por qué no lo sería en la otra.

En síntesis, el paralelismo ha consistido en exponer una semejanza epistemológica entre ambas disciplinas que permite, al menos, dudar de las críticas que se le formulan a la cientificidad del Derecho.

Notas

1. Sobre este tema también se recomienda la lectura de Rodríguez Arias Bustamante (1985).

2. Esto constituye una referencia a los actos perlocucionarios (Austin, 1962/1971).

*    Es parte del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina.

Tomado de: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, ojs.uv.es

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