La Gaceta Jurídica

Parte y potestades del Estado

Titularidad y derechos

El Estado debe implementar mecanismos para la mantener la legalidad.

El Estado debe implementar mecanismos para la mantener la legalidad. Foto: Archivo La Razón.

La Gaceta jurídica

00:00 / 27 de diciembre de 2011

El tema de la titularidad sobre la propiedad colectiva indígena figura en los artículos 393 y 394 de la Constitución del Estado (CPE). La calidad de derecho real, distinta al área protegida, donde son importantes la titularidad sobre el espacio, la posesión y los derechos de uso, disfrute y disposición, y fundamentalmente la calidad del o los titulares (artículo 30 CPE).

Bolivia y los países de las Américas tuvieron y tienen en sus entrañas a pueblos indígenas que son parte de los ecosistemas, que no han generado depredación, destrucción durante toda su milenaria existencia, convirtiéndose en parte de la naturaleza y sostenedores de su continuidad, por tanto, y de acuerdo a la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en este caso el Tipnis es intangible.

La intervención humana indígena amazónica, por ejemplo, no ha generado desertización, no ha generado desaparición de especies de peces o ha puesto al borde de la extinción a especies de fauna o la propia humanidad. Lo que comprueba su carácter de elemento del ecosistema.

El territorio indígena, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el espacio necesario donde los pueblos indígenas ejercen sus derechos. Siendo, por tanto, el derecho colectivo al territorio el equivalente al derecho a la vida de los pueblos y naciones indígenas originarias precolombinas supervivientes a la colonización española.

Estos pueblos no podrán lograr su independencia, pero sí su autonomía y podrán decidir libremente su desarrollo y el aprovechamiento de sus recursos naturales renovables en su territorio (artículos 2 y 30 de la CPE).

Nuestro Estado de Bolivia se ha definido plural, ha asumido principios y valores indígenas de los andes y amazónicos (artículos constitucionales 1, 3, 4, 5 y 8) y ha reconocido el valor de la existencia de estos pueblos y nacionales (Preámbulo de la CPE).

Pero, lo más importante es que ha reconocido constitucionalmente como derechos ineludibles de respeto y garantía a los derechos de los pueblos indígenas originarios (artículo 30). Ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, ninguna ley la puede interpretar, ninguna ley puede apartarse de lo expresamente determinado por la Constitución.

Por ende, la condición de territorio indígena y los derechos que se ejercen dentro de él, conforme al artículo 403 de la Constitución, son inderogables por ley o declaración alguna, al contrario de lo que se ha pretendido hacer creer. Y la ley 180 no muestra visos de inconstitucionalidad, por cuanto no contradice al artículo 385 y demás articulado de la Constitución, además ratifica su apego a los artículos 30, 385, 394 y 403 y la calidad de ley garantista del territorio indígena.

En simple y directa conclusión, el Tipnis se protege a sí mismo por su doble condición de Territorio Indígena y Área Protegida. La Ley 180 lo que ha hecho en esta época de cambios es que ha dispuesto que el área protegida sea intangible para el Estado y terceros y el territorio indígena sea asegurado y garantizado en sus derechos, incluso los pueblos del Tipnis como parte del ecosistema son intangibles. Definiciones más y explicaciones demás, no cambiarán la determinación de Ley.

Las razones

Para una explicación más sencilla menos legalista y doctrinal, tomemos al Tipnis como un espacio integral sobre el cual la gestión compartida implicaría que el Estado tiene un 50 por ciento de las potestades sobre el Parque Nacional y el otro 50 por ciento los pueblos indígenas organizados.

El Estado, al declarar la intangibilidad renuncia a su 50 por ciento como muestra de buena fe y pacto con los pueblos indígenas preexistentes en el área protegida, lo cual no implica renuncia a sus deberes constitucionales y ambientales de protección sobre un parque nacional y sus ecosistemas. Pero si le queda el reto de implementar mecanismos legales para que las determinaciones, en ejercicio de los derechos indígenas constitucionales, mantengan el requerimiento legal de sus usos y decisiones de desarrollo.

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