La Gaceta Jurídica

Pautas para examinar la reelección

En el VIII Congreso del Movimiento Al socialismo (mas), en Cochabamba, Evo Morales fue reelegido como líder de ese partido y declarado presidenciable para 2014. Asambleístas y altos dirigentes masistas expresaron su determinación y pleno apoyo a esa nueva postulación,  bajo el argumento de que el mandatario estaría cumpliendo su primer mandato desde 2010, por lo que tendría abierta la posibilidad de postularse al segundo mandato.

El presidente Morales en el escenario con dirigentes de su partido durante su último congreso.

El presidente Morales en el escenario con dirigentes de su partido durante su último congreso. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 20 de abril de 2012

La Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 establece la posibilidad de reelección por una sola vez, por eso la intención de otra reelección ha provocado reacción contraria en líderes de la oposición, quienes recordaron al Gobierno el acuerdo previo al referéndum para la aprobación de la Constitución y que consiste en tomar en cuenta el primer gobierno de Morales, iniciado en 2006, por lo que ahora está en curso su segunda gestión, desde diciembre de 2009.

Inclusive se ha planteado la posibilidad de convocar a un referéndum nacional para modificar la Constitución, previo a habilitar al actual Presidente para su segunda reelección, es indudable que este asunto, si las circunstancias lo exigen, tendrá que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), máximo guardián e intérprete de la Constitución.

Pensamiento bolivariano

Sobre la reelección presidencial, es interesante recordar las palabras del Libertador Simón Bolívar, quien dejó sentadas las bases de un buen gobierno republicano y democrático y que recobran vigencia por utilidad para el mejor desenvolvimiento de los regímenes democráticos en los “países bolivarianos”.

En su Discurso ante el Congreso de Angostura (1819) el Libertador dejó establecido que: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía (…)”.

Este certero pensamiento, pretende poner en evidencia que, desde cualquier punto de vista, el poder político es el más codiciado, dado que unos solo lo buscan para dominar e imponerse sobre los demás; otros para adueñarse de bienes de la nación y enriquecer a sus familias, y algunos más para vengarse de enemigos y satisfacer bajas pasiones.

Ciertamente, son muy pocos quienes codician y buscan el poder para hacer el bien a los demás, para servir plenamente a la patria que los ha elegido para ese fin, transformándola en grande y gloriosa. En la historia se ha conocido solo algunos ejemplos claros y palpables de semejante cualidad humana: Bolívar, el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, el Mariscal de Zepita Andrés de Santa Cruz, entre otros.

Son pocos los que realmente piensan en el origen del poder, es decir que todo poder proviene del pueblo soberano y toda autoridad de los poderes públicos (los Órganos del Estado). Si no es un usurpador, debe representar dignamente al pueblo, ejerciendo sus poderes por delegación y rindiendo cuenta de todos sus actos.

El poder embriaga y el que lo ejerce por primera vez queda enviciado con el deseo de seguir ejerciéndolo. Por ello el Libertador asegura que nada es tan peligroso como dejar permanecer el poder en un mismo ciudadano por largo tiempo, aquello deriva en consecuencias funestas para toda sociedad: el pueblo se acostumbra a obedecerle y el gobernante a mandarlo, ahí origina la usurpación y la tiranía.

El gobernante que se acostumbra a mandar experimenta la tentación totalitaria, usurpando el poder como algo que le pertenece por derecho y, como todo el que usurpa, teme la crítica y la reacción del pueblo, transformándose en tirano.

Por otro lado, el pueblo que se acostumbra a obedecer ciegamente pierde su sentido crítico y la capacidad de resistencia a la opresión. Debe recordarse que resistencia y obediencia son las virtudes inherentes al ciudadano: por la obediencia se asegura el orden y por la resistencia la libertad; de ahí que, orden y libertad son indisolubles y correlativos a la existencia del ser humano en sociedad. “La libertad no va sin orden; el orden no vale nada sin libertad. Obedecer, resistiendo, he aquí todo el secreto. Lo que destruye la obediencia es la anarquía; lo que destruye el orden es la tiranía”.

Otro efecto de la usurpación y tiranía es el retroceso a la barbarie. Los pueblos se embrutecen bajo el terror del despotismo, porque donde se destruye la libertad se destruye el principal factor de creación, progreso y superación de los pueblos (1).

Derechos políticos

Respecto a la vigencia de los derechos políticos fundamentales (derechos democráticos) latinoamericanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, consagra los siguientes: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (…)”.

Asimismo, el artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la IX Conferencia Interamericana (Bogotá, 1948), establece el derecho de sufragio y de participación en el gobierno: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.

Estos preceptos universales establecen los derechos políticos fundamentales de las personas, también denominados “derechos democráticos”, que comprenden precisamente: el derecho a elegir y ser elegido (que no puede ser vulnerado solo por afanes prorroguistas de un Presidente), el derecho a desempeñar cargos públicos (que comprende a todos los ciudadanos, y no solo a los que pertenezcan al partido de gobierno), el derecho de dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las autoridades (que comprende el legítimo derecho de demandar la revocatoria de mandato en cualquier tiempo), el derecho de formar y organizar partidos políticos o agrupaciones ciudadanas (lo que impide la existencia del partido único en el poder), el derecho de libre asociación (con cualquier finalidad que no afecte al interés colectivo y/o derechos individuales), etcétera.

Estos derechos se hallan reconocidos en los ordenamientos constitucionales de los países latinoamericanos, consagrando la tendencia de alternabilidad en el gobierno, debiendo considerarse que la observancia y/o el desconocimiento de estos preceptos por parte de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, determinará el grado de avance democrático de los Estados.

Sobre este aspecto, es importante considerar que, conforme se ha establecido en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la Primera Sesión Plenaria de la oea, 11 de septiembre de 2001, se reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática y reconoce la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia.

Así se ha establecido que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3).

Similar es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, en el artículo 23, a tiempo de reconocer y consagrar los derechos políticos inherentes a las personas, prevé que: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y; c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Nota

1. D. ANDRADE, Juan. Pensamientos del Libertador. Tercera edición. Caracas, Venezuela, Ediciones Paulinas, 1983. Págs. 147-148.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia