La Gaceta Jurídica

Pena de muerte en el sistema internacional

El debate sobre la pena de muerte es relevante globalmente, aunque la tendencia es que cada vez más países la prohíban. Este estudio compara tres casos y el objetivo es mostrar que el sistema jurídico de un Estado determina la pena de muerte, pero que a veces en incompatibilidad con el derecho internacional.

La pena de muerte es aún dudosa como mecanismo de disuasión.

La pena de muerte es aún dudosa como mecanismo de disuasión. Foto: lesaxofon.blogspot.com

La Gaceta Juridica / Touraj Eghtesad

00:00 / 24 de agosto de 2012

El sistema punitivo estadounidense siempre ha sido estricto; tal vez por la obsesión de seguridad o porque el país está basado en la religión cristiana; allá existe la cultura bíblica de “ojo por ojo, diente por diente”.

Los jueces son elegidos y tienen libertad más amplia de aplicación de la ley que en el derecho romano. No pueden mostrarse indulgentes con un crimen atroz y castigan con la pena de muerte para responder a demandas de electores; además, el sistema federal deja libre a cada Estado la elección de normas sobre la pena de muerte.

Hoy día, 36 estados y el gobierno federal mantienen la pena de muerte, pero la tasa de homicidios es más baja en los estados sin esta pena. La Constitución federal habla de la prohibición de “castigos crueles e inusuales” en la Quinta Enmienda, algo impreciso que nunca incluyó a la pena de muerte en interpretaciones de la Corte Suprema.Por otro lado, el caso francés trata de un Estado liberal como eeuu, pero con normas diferentes; esta forma de gobierno supone que el alcance del Estado sobre los individuos debe ser limitado y no puede decidir la vida o la muerte de ciudadanos.

Prohibiendo la pena capital en 1981, Francia sigue una concepción roussoriana de garantizar el derecho a la vida, que el Estado confiere por la pertenencia de los individuos a éste (el contrato social). Quizás fue facilitado por ser un Estado laico, sin lugar para una cultura retributiva cristiana.

Más aún, Francia tiene mucho menos homicidios que eeuu y menos razones para castigar fuertemente; sin embargo, esto es hipotético y parece que la pena de muerte desapareció gracias a los actores políticos.

Mitterand proclamó que Francia es “el país de los derechos humanos”, idea incompatible con la pena capital; la abolición llegó gracias al activismo implacable de su Ministro de Justicia, Robert Badinter.

El sistema jurídico iraní mezcla principios seculares con la ley islámica (Chariah). El artículo 22 de la Constitución Iraní dispone que “la persona, la vida, los bienes, los derechos, la dignidad, el hogar y el trabajo de las personas son inviolables, excepto en las situaciones que permita la ley”.

Así existe un derecho a la vida sometido a la ley. La ley iraní proviene de Dios, su expresión directa es la voluntad de los clérigos chiitas, representantes de Dios. La Chariah permite la pena capital para dos tipos de crímenes: homicidio y fasad fil-ardh (“estar haciendo travesuras”).

El segundo es impreciso y deja a la interpretación. Más aún, la pena de muerte no es obligatoria, sino permisible en estos crímenes, por consiguiente, su aplicación en Irán es más arbitraria. Los clérigos chiitas pueden decidir libremente la gravedad del crimen y aplicar la pena capital.

La Chariah implica la existencia de una comunidad para resolver asuntos de este tipo. Sin embargo, en el Estado-nación islámico la pena de muerte está aplicada por razones más políticas. Cuando se trata de un tema teológico, la pena de muerte sirve para demostrar el poder de los clérigos y la imposibilidad del desacuerdo con ellos.

Ahora bien, el sistema legal de cada país determina su legislación sobre la pena de muerte y el derecho internacional tiene sus propias leyes a propósito de ésta, así existe incompatibilidad entre la legislación nacional y lo internacional. El derecho internacional garantiza un derecho a la vida, pero no prohíbe la pena de muerte en sí misma.

En el caso francés podría existir incertidumbre de que la pena de muerte siempre esté abolida, porque la ley de 1981 es revocable por mayoría en el parlamento. En 2002 Francia firmó el Protocolo 13 a la Convención Europea de los Derechos Humanos, que prohíbe la vuelta a la pena de muerte, incluso en tiempos de guerra. El derecho francés se somete al derecho convencional europeo y Francia modificó su Constitución incluyendo el artículo 66-1 con la disposición del protocolo 13, así aseguró que no existirían tensiones entre su derecho y el internacional.

La conformidad iraní con el derecho internacional es más problemática. El Estado iraní se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin embargo, violó su artículo 6.5 donde “no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez”. La Chariah permite aplicar la pena de muerte sólo a adultos, sin embargo, la mayoría de edad no es de 18 años, sino desde la pubertad, 9 años para las niñas y 15 para los niños.

Este tratado, como resolución de la onu, no puede ser vinculante a los Estados, pero, hay otra fuente de presión para respetar el derecho internacional: los medios de comunicación. La campaña para parar la pena de muerte en Irán tal vez es impulsada para crear opinión pública negativa sobre Irán. Pero igual, el derecho estadounidense viola varios aspectos del derecho internacional.

En primer lugar, el mismo artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue violado por eeuu con la muerte de menores. La decisión Roper vs Simmons de 2005 por la Corte Suprema prohibió esta práctica. En vez de justificarlo por la necesidad de conformarse al derecho internacional como lo hizo Francia, la abolición fue justificada por la inconstitucionalidad de la pena de muerte para menores, por ser un “castigo cruel e inusual”.

La Constitución de eeuu impone supremacía del derecho internacional, de manera que la ley interna debe conformarse a éste. En la decisión Avena, eeuu fue condenado por haber violado la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares que garantiza a los condenados extranjeros contactar a su embajada antes de su condena a muerte. Las cortes estadounidenses no están obligadas a aplicar esta decisión de la Corte Internacional de Justicia.

En los ejemplos, la soberanía nacional impide la aplicación del derecho internacional sobre la pena de muerte. Parece que sólo Francia quiere aplicar los tratados que firmó. La falta de aplicación del derecho internacional y la oposición de actores políticos a éste permite a Irán y eeuu seguir violándolo. Así, el derecho interno define la pena de muerte más que el internacional.

*    Es asociado internacional de Instituto de Estudios Internacionales (Idei-Bolivia).

Tomado de: Revista Idei Nº 43, agosto 2012.

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