La Gaceta Jurídica

Percepción y evaluación de los actores políticos

Foto: extension.edu.uy

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La Gaceta Jurídica / ABCP

00:00 / 28 de septiembre de 2012

1. Criterios Teóricos

Una “evaluación” de la calidad de la democracia debe complementarse con una definición de lo que se entiende por “calidad”. Leonardo Morlino explora las posibilidades a partir de las nociones que se manejan en los sectores de la industria y el marketing y plantea lo siguiente:

a) la calidad se define por los aspectos establecidos de procedimiento asociados con cada producto; una “calidad” del producto es el resultado de un proceso exacto y controlado, desarrollado de acuerdo a métodos precisos, que se repite en el tiempo. Aquí el énfasis está colocado en el procedimiento;

b) la calidad consiste en las características estructurales de un producto, ya sea el diseño, los materiales, el funcionamiento de la mercancía u otros detalles que ofrece. Aquí el énfasis radica en el contenido; y

c) la calidad de un producto o servicio es indirecta, derivada de la satisfacción expresada por el cliente, por su interés para demandar nuevamente el mismo producto o servicio, independientemente de cualquier forma en la que se produce o cuáles son los contenidos reales o cómo el consumidor adquiere dicho producto o servicio.

De acuerdo con este significado, la calidad está simplemente basada en los resultados”.

Posiblemente una de las cuestiones más complejas fue la de articular las nociones de calidad con las dimensiones de la democracia, que son susceptibles de medirse para obtener un indicador que refleje, objetivamente, el estado de la calidad de las democracias estudiadas. Para ello se planteó el esquema de dominio y dimensiones.

El dominio procedimiento, en sus dimensiones estado de derecho, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas interinstitucional, participación política y competencia política. El dominio contenido, con sus dimensiones de libertad e igualdad. Y el dominio resultado, con su dimensión de capacidad de respuesta estatal.

2. Ficha técnica

Para el presente informe se utilizó una muestra no probabilística conformada por 200 personas, fueron seleccionadas por tres motivos principales: a) toman decisiones que afectan la vida de la sociedad boliviana y tienen influencia en el proceso de adopción de tales decisiones; por lo tanto, b) son personas influyentes en sus instituciones, organizaciones, gremios o asociaciones y c) son líderes de opinión.

En este sentido, se entrevistó a 60 políticos, 60 dirigentes sociales, 60 profesionales y 20 empresarios en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, entre febrero y marzo de 2012. Las entrevistas fueron concertadas bajo la condición de la reserva del nombre del entrevistado. A todos los entrevistados se les consultó si no tenían problema en que sus nombres fueran publicados. La gran mayoría, en el estudio realizado en 2011 y ahora en 2012, solicitaron la seguridad de dicha reserva para realizar la entrevista. Por supuesto, y en respeto a nuestro acuerdo, no citamos ningún nombre, colocando como garantía del trabajo toda la trayectoria de la Asociación Boliviana de Ciencia Política (abcp) que se ha caracterizado por organizar iniciativas serias, plurales y significativas a lo largo de sus diez años de existencia.

Se utilizó una escala del 1 a 10 para medir las dimensiones y subdimensiones de la calidad de la democracia en Bolivia. Siendo “1” la más baja y “10” la máxima nota. Además se realizaron preguntas complementarias para profundizar ciertos temas complejos. El indicador agregado es el resultado de los promedios de calificación otorgados por las personas entrevistadas a todas y cada una de las mencionadas dimensiones.

3. Calificación de las dimensiones

3.1. Estado de derecho

Estado de derecho no sólo consiste en la aplicación de las normas legales. Básicamente connota el principio de la ley e implica, al menos, la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley, y contar con leyes que son universales aprobadas siguiendo los procedimientos establecidos en el orden constitucional, que no son retroactivas, son de conocimiento público, estables, predecibles y carecen de ambigüedades.

La dimensión “estado de derecho”, correspondiente al dominio de “procedimiento”, obtiene un promedio de calificación de: X1=  3.71

El promedio de calificaciones en cada una de las categorías utilizadas es muy desalentador, ya que en ningún caso los valores superan el “5” que es la mitad de la escala. La percepción de los entrevistados concuerda con la situación general de la democracia boliviana en el momento actual.

La lógica indica que si la gente no siente que existe seguridad ciudadana, que la administración de justicia es ineficiente, que la lucha contra la corrupción no funciona adecuadamente y que la Policía, es decir, la institución que debe velar por el orden social no respeta los derechos humanos, tenemos un panorama de cuasi ausencia de “Estado de Derecho”.

3.2. Rendición de cuentas electoral

La rendición de cuentas electoral es la obligación de los líderes políticos, en democracia, de responder a su electorado y asumir responsabilidad sobre las decisiones políticas que toman a nombre de él. Dado que no existen indicadores directos que ayuden a medir las características de esta dimensión, se ha determinado que la mejor estrategia empírica que pude utilizarse es referirse a las condiciones más inmediatas que posibilitan la elección democrática de representantes y autoridades, así como el papel del sistema de partidos en la función fiscalizadora del gobierno.

La dimensión “rendición de cuentas electoral”, correspondiente al dominio de “procedimiento”, obtiene un promedio de calificación de: X2=  4.59

En esta dimensión las calificaciones otorgadas por los entrevistados tampoco son alentadoras. Preocupa el asunto de la libertad de prensa, que si bien aparece con una nota de aprobación, no estaría del todo garantizada. Ya informes de instituciones nacionales e internacionales que aglutinan a los gremios de la prensa han denunciado que en Bolivia existe un acoso gubernamental y de otros sectores de la sociedad civil al trabajo periodístico.

En cuanto a la fiscalización al gobierno por parte de la oposición política, la nota es definitivamente mala. Esto sólo refleja la actual realidad: los partidos con representación parlamentaria no tienen la fuerza para realizar un trabajo de fiscalización más eficaz en el seno de la alp (Asamblea Legislativa Plurinacional), el mas (Movimiento Al Socialismo) bloquea cualquier intención en ese sentido, en función de que posee 2/3 de ambas cámaras. Sin embargo, es preciso señalar que la oposición parlamentaria y regional no tiene una idea medianamente clara de su función y se limita a reaccionar ante cualquier acción del gobierno, con motivo o sin él.

Preocupa la nota otorgada al desempeño del nuevo Órgano Electoral Plurinacional (oep), ya que el estreno de sus autoridades no fue el más auspicioso en las elecciones judiciales desarrolladas en Octubre de 2011. Si existen dudas sobre la eficacia del árbitro en eventos donde la voluntad soberana se expresa, esto afecta a la calidad de la democracia e, incluso, a la credibilidad del sistema democrático en su conjunto. 3.3. Rendición de cuentas interinstitucional

La rendición de cuentas interinstitucional es la obligación de los líderes políticos electos a responder de sus decisiones a otras instituciones y actores colectivos que tienen la experiencia y el poder para controlar el comportamiento de los gobiernos en democracia.La dimensión “rendición de cuentas interinstitucional”, correspondiente al dominio de “procedimiento”, obtiene un promedio de calificación de: X3=  4.26Llama poderosamente la atención la percepción que tienen los entrevistados de la independencia de los órganos del poder estatal con relación al Ejecutivo y la capacidad de control que tienen aquellos sobre éste. En un sistema democrático razonablemente consolidado funciona la independencia y coordinación de poderes, pero, sobre todo, el control constitucional y legislativo que se debe ejercer sobre el poder Ejecutivo, cuya característica más notable es que, por su dinámica, tiende a establecer un predominio sobre el resto de los poderes, que es necesario regular para evitar acciones y decisiones arbitrarias que afecten los derechos de la gente y, por supuesto, la calidad de la democracia.

En el actual Estado Plurinacional, el Órgano Ejecutivo es ampliamente predominante sobre el resto de los órganos de poder, con las consecuencias que acarrea este hecho sobre las posibilidades de control y fiscalización de la gestión gubernamental, pero también sobre el delicado tema de la administración de justicia y la elaboración de leyes.

Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿quién defiende realmente los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos de a pie en Bolivia? Si los poderes están subordinados a un esquema político de poder, es obvio que esos derechos y garantías dependen de la buena o mala voluntad de personas de carne y hueso y no de una mínima institucionalidad democrática que permita la utilización del recurso de la ley para defender los intereses ciudadanos.

3.4. Participación Política

Es el conjunto de conductas, ya sean convencionales o no, legales o en el límite de la legalidad que permiten a las mujeres y hombres, como individuos o grupos, crear, recuperar o fortalecer una identidad política o tratar de influir en las decisiones de las autoridades políticas con el fin de mantener o modificar la asignación existente de los valores.

La dimensión “participación política”, correspondiente al dominio de “procedimiento”, obtiene un promedio de calificación de:X4=  4.89

3.5. Competencia política

“Existe competencia política si más de un actor político está involucrado en los procesos de toma de decisiones”. En este sentido, evaluar esta dimensión requiere determinar no sólo el estado del pluralismo democrático del sistema, sino de los mecanismos –si los hay– que promueven el debate y la competencia política en las organizaciones políticas y las denominadas organizaciones sociales, ya que esto nos puede proporcionar una idea bastante aproximada de las modalidades de participación de la sociedad civil.

La dimensión “competencia política”, correspondiente al dominio de “procedimiento”, obtiene un promedio de calificación de: X5=  4.35

Las dimensiones de la participación y competencia política presentan problemas en el tema del pluralismo y la tolerancia. En realidad, estas dos anomalías son el resultado del verticalismo autoritario que es usual entre las organizaciones políticas y sociales. Las primeras tienden a nuclearse alrededor de un caudillo y las segundas son “capturadas” por grupos de interés particular.

En ambos casos se pone en entredicho la posibilidad de ejercitar el disenso y el pluralismo democrático, valores fundamentales que coadyuvan al fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, determinan su calidad.

3.6. Libertad

En pocas palabras, una definición empírica de la “libertad” debe tener en cuenta el enorme bagaje teórico que existe sobre el particular, pero también el conjunto de derechos y garantías fundamentales que gozan, en democracia, las personas. Por esta razón, se consultó a los entrevistados su opinión acerca del estado de las garantías constitucionales de la “presunción de inocencia” y el “debido proceso” en Bolivia, así como del derecho al voto, los derechos humanos y los derechos a la “libertad de expresión”, la “libertad de pensamiento”, la “libertad de asociación” y la “libertad de locomoción”.

La dimensión “libertad”, correspondiente al dominio de “contenido”, obtiene un promedio de calificación de:X6 = 5.3En la dimensión de libertad, las subdimensiones “derechos y garantías constitucionales” y “derechos humanos” presentan calificaciones preocupantes, ya que hacen a la esfera de las libertades fundamentales de las personas. El promedio de calificación otorgado por los entrevistados no es casual. La dinámica política, fuertemente contaminada por actitudes autoritarias, está generando esta percepción.

Asimismo, el hecho de que se haya convertido la justicia en un instrumento de la política debilita la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos en un régimen democrático. Sin la garantía de su ejercicio pleno, la democracia no sólo se debilita, sino que puede quebrarse.

3.7. Igualdad

En términos empíricos, se puede considerar la igualdad como la eliminación de las diferencias y los factores de la discriminación, el alivio de la pobreza, la promoción de los derechos sociales a través de políticas públicas y acciones de solidaridad.

La dimensión “igualdad”, correspondiente al dominio de “contenido”, obtiene un promedio de calificación de: X7 = 4.95La dimensión de igualdad mantiene los problemas que se detectaron el pasado año. El Estado no puede garantizar la realización de políticas públicas que ataquen los problemas de pobreza y desigualdad. Las explicaciones son variadas, pero pasan, precisamente, por la debilidad institucional del Estado Plurinacional que, en este ámbito, repite los defectos y limitaciones del Estado Republicano.

Si bien la precariedad del Estado boliviano fue la permanente carencia de recursos, hoy no puede argüirse tal situación ya que el país atraviesa por una inédita bonanza económica derivada del incremento de los precios de las materias primas.

El gobierno presenta, muy orgulloso, ante la opinión pública el crecimiento de las reservas internacionales que prácticamente alcanzan los 12 mil millones de dólares. Sin embargo, esta bonanza no se manifiesta en una mejora significativa de las condiciones de vida de la gente. Por eso, gran parte del conflicto social gira en torno a la demanda de incrementos y mejoras salariales.

3.8. Capacidad de respuesta estatal

Es decir, “la capacidad del Estado para satisfacer a los gobernados mediante la ejecución de sus políticas de una forma que corresponda a sus demandas”. Aquí se indaga la percepción de los entrevistados en torno a las limitaciones del Estado para atender las demandas de la sociedad civil que, por otra parte, son la causa más importante de la conflictividad social; si las políticas públicas que se están implementando desde el gobierno central pueden ayudar a disminuir la pobreza y la desigualdad en Bolivia.

La calificación promedio de la dimensión “ capacidad de respuesta estatal”, correspondiente al dominio de “Resultado”, obtiene un promedio de calificación de: X8 = 4.82

La nota obtenida expresa las limitaciones del Estado Plurinacional para hacer frente a las demandas sociales, pero también la inflación de expectativas que el propio gobierno de Evo Morales se encargó de activar a lo largo de estos seis años de gobierno, con promesas –industrialización del gas, realización de grandes proyectos regionales, creación de empleo, etc.– que no se han cumplido hasta el momento.

Reiteramos que esta precaria “capacidad de respuesta estatal” no es algo atribuible de manera exclusiva al actual gobierno. Se arrastra de más atrás y expresa, en toda su dimensión, los problemas estructurales del Estado boliviano.

4. Indicador agregado

De acuerdo al indicador agregado, Bolivia es una democracia en transición. El año pasado, el indicador agregado fue ligeramente superior 4,8 y este año 4,76; en términos reales no hemos avanzado nada. La “calidad de la democracia” tiene un bajo nivel, a lo que debe agregarse que se halla en esa área denominada “en transición”. La incógnita persiste, ya que dicha área no nos dice si nuestra democracia evolucionará positivamente hacia una “democracia en vías de consolidación” o, por el contrario, involucionará a una “democracia nominal”.

Ahora bien, de acuerdo al cuadro en el que se presentan las dimensiones en función del dominio de la calidad, el problema mayor se presenta en el de “procedimiento”, es decir, donde la calidad está asociada a procesos y métodos utilizados que se repiten en el tiempo y que permiten la obtención de un producto de calidad. En el caso de la democracia, el conjunto de normas e instituciones, las modalidades del funcionamiento de estas últimas y su congruencia con los criterios democráticos universalmente reconocidos. El promedio en esta área es de 4.36 sobre 10, el más bajo de todos.

En términos globales, existen razones objetivas para preocuparse seriamente del futuro de la democracia en Bolivia. Todos los indicadores muestran bajos o muy bajos desempeños de calidad lo que podría contribuir, en el corto y mediano plazo, a un deterioro general del sistema democrático boliviano.

5. Datos complementarios

Las discriminaciones tradicionales –de género y étnica–  siguen vigentes, en opinión de los entrevistados. Sin embargo, llama profundamente la atención que el tipo de discriminación más visible e intensa en el Estado Plurinacional de Bolivia sea la de “preferencia política” (39.3%).

Esto implicaría que se ha instalado en el país una situación muy peligrosa para el pluralismo democrático, ya que la preferencia política está asociada con libertades y derechos civiles (libertad de expresión, de asociación, etc.), pero también con garantías constitucionales fundamentales. Asimismo, el pluralismo político implica tolerancia a las opiniones y posiciones diferentes y esto asegura, de algún modo, el ejercicio de una  serie de derechos sociales (al trabajo fundamentalmente).

De lejos, la contribución más importante del gobierno Evo Morales, dentro del “proceso de cambio”, a la democracia boliviana es la inclusión social, política e intercultural de sectores tradicionalmente marginados, indígenas sustancialmente. El 31.3% de los entrevistados así lo reconoce. Y éste es un hecho irrefutable, más allá de los defectos del actual régimen.

Para redondear el tema, se preguntó a los entrevistados cuán satisfechos se encuentran con la democracia en Bolivia hoy día, siendo “1” la absoluta insatisfacción y “10” la absoluta satisfacción. La calificación promedio obtenida es de 5,27 sobre 10. Ligeramente superior al mínimo, pero que no transmite optimismo respecto al futuro de nuestra democracia, en virtud de los datos obtenidos para medir su calidad. Cabe resaltar que esta pregunta está al margen de las dimensiones de calidad.

* Resumen del informe “La Calidad de la Democracia en Bolivia – 2011”, elaborado por la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP).

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