La Gaceta Jurídica

Periodistas y/o analistas

...¿qué se entiende dentro del aspecto estrictamente jurídico como “medio de comunicación”? ¿Qué se supone que es, en ese mismo contexto, el “periodista”? Esto último teniendo en cuenta que los institutos de formación profesional son “Carreras de Comunicación Social”, que, en consecuencia, titulan “comunicadores”. ¿Quiénes, por lo tanto, están habilitados para trabajar en los distintos medios de comunicación?. El problema se complica por dos factores.

Periodistas y/o analistas

Periodistas y/o analistas Foto: noticiasdecorrientes.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 11 de enero de 2013

La normativa existente en torno a los medios de comunicación, pero, sobre todo relativa a quienes prestan funciones en aquellos, sean o no comunicadores y/o periodistas, más específicamente, sigue resultando insuficiente.

El país, respecto de aquella actividad, no puede seguir permaneciendo con una normativa que casi comienza y acaba en una Ley de Imprenta que data de hace más de ochenta años o del Decreto Supremo del 9 de mayo de 1984, que aprueba el Estatuto del Periodista. Esta es la última norma, de hace casi cuarenta años, para una actividad como la referida, la de los medios de comunicación, cuya cantidad ha crecido en forma alarmante, además que se ha transformado con los adelantos técnicos.

Es bueno dejar establecidas estas premisas en un campo que, evidentemente, tiene otras normas, pero que igualmente no alcanzan a agotar el tema ni mucho menos.

Comencemos por preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se entiende dentro del aspecto estrictamente jurídico como “medio de comunicación”? ¿Qué se supone que es, en ese mismo contexto, el “periodista”? Esto último teniendo en cuenta que los institutos de formación profesional son “Carreras de Comunicación Social”, que, en consecuencia, titulan “comunicadores”. ¿Quiénes, por lo tanto, están habilitados para trabajar en los distintos medios de comunicación?

El problema se complica por dos factores. El primero referido al hecho de que ese trabajo puede y es diferente, según el tipo de función que se quiera desempeñar, y, por otro, que obviamente existen grandes diferencias, por ejemplo, en la tarea específica de “periodista” de radio, de televisión o de prensa escrita.

Pero existe otro detalle más que complica otra vez el panorama. Durante el actual Gobierno han proliferado los medios de comunicación “sociales” o, presuntamente, “del Estado”. Primeramente fueron televisión y una radio y luego acabaron abarcando incluso a la prensa escrita. Y en cuanto a las emisoras radiales no es sólo una, sino que se trata de una cadena.

Asimismo, el problema no es referido solamente al crecimiento de los medios de comunicación “estatales”, sino que éstos, en la práctica, funcionan como si fueran voceros del “Gobierno de turno” y, peor todavía, del “partido de Gobierno”.

¿Cómo es posible, por lo tanto, exigir a aquellos medios, algunas de las “virtudes” principales que sí se exigen a los demás, por ejemplo, imparcialidad, objetividad, ecuanimidad, etc. Es imposible.

Aquéllos se han puesto al servicio de una parcialidad. Al margen de que esta última sea justa o no, buena o mala, su tarea se paga con fondos públicos, que acaban utilizándose en beneficio del partido de Gobierno.

Entre tanto, el propio Presidente del Estado califica a los demás medios de comunicación (no oficialistas) como la verdadera y declarada oposición contra su Gobierno.

Aquí se presenta, por lo tanto, un claro conflicto. ¿Qué pasa con quienes prestan funciones en esos medios de comunicación “opositores”? Tendrían que merecer, obviamente, el mismo calificativo. De esta forma, acabamos dividiendo a los trabajadores de los medios en opositores y oficialistas cuando trabajan en los que son de propiedad del Estado, que como hemos dicho son propiedad del Gobierno o al servicio del partido de Gobierno.

Aquí surge la pregunta: ¿Y qué obligaciones les correspondería a estos últimos? Porque ellos podrían limitarse a señalar, como “empleados del Estado”, que finalmente son servidores públicos sometidos a otra normativa legal.

Pero hay más todavía. Ante la ausencia, que volvemos a anotar, de una normativa clara y específica sobre este tema en concreto surge la pregunta del millón. El trabajo específicamente de los periodistas (reporteros, columnistas, investigadores, etc.) no implica, a su vez, incompatibilidad con quien se presenta en forma abierta como militante de un partido político en concreto.

Es decir, es posible aparecer ante la opinión pública como periodista (con todo lo que eso supone, imparcialidad, objetividad, abandono del sectarismo, etc.) y, al mismo tiempo, ejercer esa función periodística ocultando aquel otro hecho. En definitiva, el ejercicio auténtico y cabal del periodista ¿no supone al caso dejar a un lado la función de militancia política declarada? ¿No son acaso ambas cosas absolutamente incompatibles?

Nadie puede prohibir que un ciudadano sea simpatizante abierto o militante declarado, aunque no sea funcionario del Gobierno, pero si esa persona ha resuelto, con todo su derecho, dedicarse a la política partidista que deje el periodismo. Ambos no son compatibles.

Lamentablemente, existen varios casos en que personas aparecen en función de “analistas” de la problemática local y/o nacional, que ya ni disimulan su apoyo militante y con fervor inocultable, además, al Gobierno de turno en todo lo que éste hace o deja de hacer. No negamos el derecho de esa persona a defender todas las posturas políticas o de gestión de Gobierno que quiera, pero, antes de presentarse como “analista” imparcial y objetivo, preséntese como lo que es: militante de un partido político.

Hay otros casos peores. El propio medio de comunicación invita a un programa de debate nacional a alguien a quien ese medio presenta “como analista y periodista”, a lo cual el aludido dice que sí, que es “eso”, pero apenas interviene deja la careta a un lado y comienza a mostrar que de periodista no tiene absolutamente nada.

Tampoco criticamos aquí que ese supuesto analista no “analice” nada, sino que oculte su verdadera calidad. Pensamos que, ante la inexistencia de una normativa concreta sobre el tema, por simples razones de ética, quien es periodista, o quiere fungir como tal, tiene que escoger entre esa función y la de militante partidario.

*             Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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