La Gaceta Jurídica

Personalidad jurídica de las ONG, fundaciones y otras organizaciones

La norma fundamental determina que el reconocimiento de la personalidad jurídica a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales (ong), fundaciones y las entidades civiles sin fines de lucro sea responsabilidad de los gobiernos autónomos departamentales cuando la persona colectiva desarrolle actividades sola y exclusivamente dentro de la respectiva jurisdicción territorial departamental; pero si pretende desarrollar actividades en más de un departamento el responsable del reconocimiento y registro es el nivel central del Estado.

La reinscripción sólo resuelve competencias para otorgar personaría jurídica y  no otras actividades.

La reinscripción sólo resuelve competencias para otorgar personaría jurídica y no otras actividades. Foto: ciudadanosenred.com.mx

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 27 de agosto de 2013

El jefe de la Unidad de Análisis del Ministerio de Autonomía, Fernando Zeballos, informó que varias organizaciones que tramitaron su personería jurídica con anterioridad a la ley y al Decreto Supremo reglamentario habrían solicitado a esta cartera del Estado mayor información al solicitar iniciar su trámite de reconocimiento.

La norma fundamental del Estado Plurinacional dispone que todas las bolivianas y bolivianos tengan derecho a asociarse y reunirse libremente con fines lícitos, pudiendo hacerlo de forma privada o pública; para este último caso es necesario obtener un reconocimiento público, siendo necesario contar con la personalidad jurídica respectiva.

“Aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles que ya cuentan con una personería jurídica y que la tramitaron de forma anterior a la ley y al Decreto Supremo Reglamentario sólo tendrían que preparar su documentación actualizada para remitirla al Ministerio de Autonomía”, explicó.

El Órgano Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo Nº 802, asigna al Ministerio de Autonomías la atribución de otorgar y registrar la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen sus actividades en más de un departamento, en cumplimiento a la competencia asignada por la Constitución Política del Estado (cpe) al nivel central del Estado.

Particularidades

Por otro lado, Zeballos manifestó que actualmente se atiende nuevas solicitudes de organizaciones e instituciones civiles que recién están con el propósito de conformar su entidad mediante el marco legal que establece el reconocimiento y registro.

Las organizaciones con trayectoria que trabajaban en el ámbito nacional pero que sus permisos fueron otorgados anteriormente por las prefecturas, hoy gobiernos departamentales, no podrían solicitar –por trabajar en más de dos departamentos– la extensión de copias legalizadas o rectificaciones  ante estas instancias, porque ellas carecen de competencias y estos trámites deberán ser realizados ante el Ministerio de Autonomías.

En el plano normativo, un documento proporcionado por esta repartición gubernamental señala: “aquellas personas colectivas que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades no sean financieras, la aplicación de la Ley permite absolver el vacío jurídico generado con la abrogación de la Ley Nº 1654, realizada con la Ley Nº 031 ‘Marco de Autonomías y Descentralización’, que en su momento generó un paréntesis en las gobernaciones en la atención de nuevas solicitudes de constitución de personas colectivas y, del mismo modo, paralizó las solicitudes de modificación de estatutos y la obtención de copias legalizadas de aquellas que ya contaban con personería jurídica, pero que realizaban actividades en más de un departamento, debido a la competencia que ya era responsabilidad del nivel central del Estado”.

Registro

El registro garantizará la antigüedad de cada organización en el ámbito nacional, siendo que se conservará el nombre con el cual habrían sido registradas, mientras las nuevas solicitudes no gozarán de este reconocimiento de haber sido inscritas con anterioridad, afirmó.

También aquellas organizaciones que al interior de su estructura de composición estuvieran inmersas con otras entidades civiles u ong serán consideradas entes de coordinación o redes institucionales, porque son un grupo de personas colectivas.

Según el abogado Zeballos, estas organizaciones también tendrán que desarrollar sus trámites ante el Ministerio de Autonomías, no por obligación, sino por las modificaciones que podrían hacer a sus estatutos en cualquier momento.

El requisito principal esté en que cada organización haga llegar al Ministerio la fotocopia legalizada de su personería jurídica para que ésta sea incorporada en el sistema de la base de datos, luego vendrán las modificaciones que pudieran hacerse mediante la adecuación a la Ley 351 y su Decreto Reglamentario.

Sin embargo, el jurista aclaró que el proceso de reinscripción no toca el tema de donaciones, inversiones en los proyectos u otras actividades que realizan estas instituciones, siendo éstas de competencia de otra dependencia del Estado, por eso esta cartera ministerial sólo tendría el trabajo de realizar el reconocimiento de las personerías jurídicas.   

“Sólo pedimos de manera general las fuentes de financiamiento que estarán con aportes externos o propios, sin entrar a detalles económicos”, aclaró.

Los datos que sean proporcionados por las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles serán unificados y actualizados en una base de datos de fácil acceso a la ciudadanía, instancias públicas y gobernaciones, ya que no se contaba con un registro actualizado de qué personerías jurídicas habrían otorgado las gobernaciones en estos últimos años, dijo Zeballos.

Plazos

Se establecerá dos fechas para el cumplimiento de la normativa vigente. La ley prevé desde marzo último el plazo de un año para la actualización del registro, mientras el Decreto Reglamentario establece cinco meses para que se modifique y actualice los estatutos.

Sin embargo –recalcó– se toma el plazo de cinco meses para que estas personas colectivas, fundaciones y asociaciones revisen el contenido de la ley y el decreto para adecuarse a la norma actual.

Una vez finalizada esta etapa, el Ministerio de Autonomías contará con un historial de cada organización con el propósito de facilitarles el trámite de fotocopias legalizadas o ayudarles a gestionar la modificación de sus estatutos en cualquier momento y no tropezar con las negativas y obstáculos que se producían en las gobernaciones. 

Por último, afirmó el abogado que este proceso de reinscripción sólo resuelve competencias para otorgar la personaría jurídica a cada organización y no así para verificar montos en donaciones, menos acerca de funcionarios que trabajan en ellas. Recordemos que a partir del 5 de junio del presente, con la publicación del Decreto Supremo Nº 1597, reglamento parcial a la Ley Nº 351, se establece el procedimiento para el registro y la tramitación de la personalidad jurídica; es en este sentido que el nivel central del Estado, en ejercicio de su competencia y contando con la normativa respectiva, comenzó a atender las solicitudes a través del Ministerio de Autonomías.

Es periodista.

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