La Gaceta Jurídica

Perspectiva de la jurisprudencia constitucional

A partir de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 se asume el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. En ese entendido, el desarrollo normativo de la Constitución y, en su caso, la adecuación de la normativa previamente existente, ha resaltado en el marco de los Derechos Sociales, algunos derechos como la estabilidad laboral.

El Derecho del Trabajo genera un ámbito de especial protección del trabajador.

El Derecho del Trabajo genera un ámbito de especial protección del trabajador. Foto: ipsnoticias.net

La Gaceta Jurídica / Francisco Callisaya Aro

00:00 / 02 de julio de 2013

El Derecho del Trabajo genera un ámbito de especial protección del trabajador con la finalidad de compensar las desigualdades materiales y jurídicas. Uno de los principios en que se sustenta es la Estabilidad Laboral reconocida en el artículo 49.III de la Constitución Política del Estado Plurinacional y cuya vulneración activa el instituto de la reincorporación a través de un proceso laboral (artículo 73 numeral 8 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025), pero también a través de la justicia constitucional. El presente trabajo realiza una somera glosa de éste último aspecto.

Normativa aplicada

La jurisprudencia constitucional utiliza como fuente normativa del Derecho Internacional de Derechos Humanos, los artículos 4, 5, 8 y 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), así como la Declaración Universal de Derechos Humanos en referencia al Derecho al Trabajo.

En cuanto al ámbito interno, se funda normativamente en el artículo 49.III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, al igual que en la normativa infra-constitucional a través del ds 28699 (artículos 10 y 11), DS 495 (Artículo único) y la rm 868/2010 que reglamenta el proceso de tramitación para el caso de la solicitud de reincorporación por parte del trabajador despedido injustificadamente.

Complementariamente, se identifica el uso de la Ley contra Racismo y toda forma de Discriminación.

Concepción jurisprudencial respecto de los derechos laborales vinculados a la estabilidad laboral

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado una serie de concepciones respecto a los derechos laborales vinculados a la estabilidad laboral.

El derecho al trabajo ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como: “…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual…” (sc 1132/2010-R).

La jurisprudencia, ha emparentado el derecho al trabajo con el derecho a una remuneración justa, así la scp Nº 0567/2012 y la sc Nº 0102/2003-R entre otras, refiere en sentido de que el derecho al trabajo: “…supone… a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción…”.

La estabilidad laboral ha sido precisada por la jurisprudencia constitucional en la scp Nº 0177/2012: “El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido… encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente, beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros…”

También ha reconocido la pertinencia de una diferencia entre estabilidad absoluta, relativa y reforzada de la siguiente manera: “…entre la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo cuando éste fue objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y, la segunda, como el derecho del trabajador a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral…” (scp Nº 0177/2012; scp Nº 0854/2012).

En tanto que la estabilidad laboral reforzada es reconocida para las personas con capacidades diferentes, o aquellas que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad (scp Nº 0634/2012; scp Nº 0019/2013).

Un reconocimiento importante de la jurisprudencia constitucional fue la integración de los derechos sociales en torno al principio del Vivir Bien reconocido por la Constitución. Es el caso de la scp Nº 1487/2012 que refiere: En este punto es preciso hacer énfasis en el “vivir bien”, al tener directa relación con los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y otros involucrados en la temática de examen en la que se denuncia despido injustificado de parte del demandado (…) Así, el “vivir bien” no debe quedarse como un simple enunciado inserto en la Constitución Política del Estado, sino que debe buscarse su cumplimiento, más aún cuando se trata de derechos fundamentales de significativa importancia, como son la vida, la salud, el trabajo, una remuneración justa y la seguridad social; por cuanto, en casos como en el que se analiza, en el que se involucran sectores de vulnerabilidad como son los trabajadores frente a los empleadores, no puede dejarse en desprotección a los mismos, sino que se debe asegurar la observancia de los derechos que incluye la Ley Fundamental y los tratados y convenios internacionales, con la máxima búsqueda del “vivir bien” al que el Estado se halla obligado….”

También el control constitucional avanza sobre la discrecionalidad en el acto de despido del trabajador cuando se aparta del principio de no discriminación. (scp Nº 1487/2012).

Procedimiento constitucional

El uso de la acción de Amparo Constitucional a efectos de hacer valer el derecho a la estabilidad laboral se encuentra sometido a las mismas exigencias de Admisibilidad y de Procedencia (Subsidiariedad e Inmediatez) que el común de las acciones de defensa.

Subsidiariedad

Por regla general, la acción de amparo constitucional no procede cuando existen otros medios procesales para la restitución del derecho. Es en ese sentido que el lineamiento jurisprudencial anterior reconocía que la jurisdicción constitucional no ejecuta resoluciones administrativas ni judiciales, de modo tal que una “conminatoria de reincorporación”, emitida por la Inspección de Trabajo en aplicación de los ddss 28699 y 495, debía hacerse valer en sede administrativa (sc Nº 1911/2004-R; 2850/2010-R).

Sin embargo, este entendimiento queda superado a partir de la SCP Nº 0177/2012, que establece una excepción a la regla de la subsidiariedad por necesidad de protección inmediata (scp Nº 0017/2013; scp Nº 0185/2013-L) en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, además de la afectación a otros derechos fundamentales (vida, salud, trabajo, estabilidad laboral (scp Nº 0085/2013).

No obstante ello, la propia SCP Nº 0177/2012 modula esta excepción a la regla de la subsidiariedad en el siguiente sentido: 1) Debe existir un incumplimiento de la conminatoria de reincorporación por parte del empleador; 2) La resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria; y 3) No es aplicable el DS 495 en aquellos casos en que la trabajadora o trabajador fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo (lgt) y artículo 9 del Decreto Reglamentario, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno.

Inmediatez

El cumplimiento del principio de inmediatez, que en su aspecto negativo refiere la necesidad de su interposición dentro del plazo de caducidad de los seis meses, ha dado lugar a que varias Sentencias Constitucionales señalen como momento de inicio del cómputo del plazo de caducidad la notificación con la conminatoria.

Es el caso de las SCP Nº 0177/2012; SCP Nº 0110/2013-L; SCP Nº 0128/2010.

No obstante ello, la SCP Nº 0159/2013-L refiere la ejecutoria de la conminatoria como punto de partida del cómputo del plazo de caducidad.

Es abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar; especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Lund, Suecia. Actualmente es vocal de la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El texto es una versión resumida de la ponencia presentada en el XI Congreso Ordinario de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, realizado en junio de 2013 en la ciudad de La Paz.   

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