La Gaceta Jurídica

Perspectivas para el 2016

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 10 de enero de 2016

Intentaremos referirnos a un cúmulo de hechos que, basados en lo sucedido el año anterior, nos permitirán proyectar una imagen más o menos creíble respecto de lo que podría suceder en 2016.

Nos parece mejor comenzar por un detalle que aparece, indiscutiblemente, positivo y que se relaciona con la demanda interpuesta por el país ante la Corte Internacional de Justicia (cij) de La Haya. Sin duda que el reconocimiento que concretó aquélla respecto de su competencia en cuanto a la demanda de Bolivia fue el tema de mayor importancia y más favorable para el país en todo el 2015.

¿Qué es lo que viene? No olvidemos que, en julio de este nuevo año, Chile de- be responder en el fondo a la demanda boliviana y luego podrán venir la dúplica y la réplica. Por lo tanto, queda todavía un buen tiempo hasta que el tema ingrese en la etapa de las definiciones.

Pero, en todo caso, no se puede ne- gar que la demanda marítima ha conseguido apoyo mayoritario (casi unánime, en realidad). Como otro detalle destacable, éste resulta ser un caso único porque se ha logrado tales avances al margen de posturas político partidistas. Este extremo resulta ser poco menos que inédito en Bolivia. Nuestras perspectivas, por lo expuesto, son favorables.

Otro tema en el que se ha mantenido parámetros favorables en su mayoría es el relativo a los detalles económico-financieros. El boliviano ha seguido como una moneda estable y, en comparación con otros países de la región, el nuestro ha seguido mostrando un panorama positivo.

Sin embargo, han comenzado a mostrarse algunas nubes de tormenta. Al respecto, es bien sabido que buena parte de esa bonanza económica en años anteriores se originó en precios favorables de los hidrocarburos a nivel mundial.

El nuestro es un país que tiene basada su economía en la venta de petróleo, gas y minerales, por lo cual resultó muy claramente favorecido, pero, ya se ha dicho que la época de las “vacas gordas” se acabó.

El Gobierno ha sostenido que nuestra economía “está blindada”, que esa rebaja de precios no tendrá el impacto que podría esperarse. Este argumento, a medida que han pasado los meses, pasó a ser una verdad a medias.

Que existe una disminución importante en las recaudaciones es evidente, aunque parece también ser cierto que un impacto mayor no se producirá de inmediato, sino hasta, al menos, el segundo semestres de 2016. En este tema, solo nos resta esperar.

Pero se ha producido un hecho más, es el referido a la llamada Ley de In- centivos que, en la práctica, significará una disminución en las recaudaciones que benefician a los departamentos por su participación en el impuesto directo a los hidrocarburos (idh).

En esta materia se ha anunciado la posible presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tri- bunal Constitucional Plurinacional (tcp). El problema, por lo tanto, está planteado y no estamos precisamente en medio de un mar de rosas.

Y ahora, obligadamente, tenemos que ingresar a dos temas que preferiríamos olvidar. Uno es el referido a lo político-partidista con su expresión en el referendo de febrero y el otro es el ya consabido y reiterado de los casos de corrupción.

En cuando al primero, no cabe duda que se ha apresurado todo lo posible la convocatoria a un referendo constitucional  para el próximo 21 de febrero, a fin de hacer posible la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (cpe). En este caso, la reforma resulta ser tan “parcial” que apenas tiene que ver con un solo artículo del texto constitucional, el 168.

Lo anterior es una demostración inocultable de que al partido oficialista solo le interesa ese único tema: abrir el camino para hacer posible una re-re-reelección de los primeros mandatarios. Ese es el único objetivo cuando es fácil colegir que existían otros temas en los que se podía aprovechar la coyuntura para el planteamiento de más reformas parciales. Por ejemplo, para referirnos a solo un caso más, el referido a la elección popular de magistrados para el Órgano Judicial.

El próximo referendo, desde su mero anuncio, no ha hecho otra cosa que mostrarnos las diferencias abismales entre el oficialismo y la oposición, en esta última no solo a los grupos estrictamente partidistas.

Para el partido de Gobierno el referendo no solo será un objetivo para la reforma parcial de la Constitución, sino que, en los hechos, aquel evento se presenta como una especie de aprobación o rechazo a los actuales gobernantes o una aprobación o desaprobación del Gobierno. Por eso se lo ha llamado “referendo margarita”.

En todo caso, no creemos que el uso de esa figura solucione ninguno de los problemas principales del país en el plano político-partidista.

En cuanto al tema de la corrupción, ésta ha alcanzado caracteres realmente alarmantes y de grandes dimensiones. Y es que, además, su presencia ya no se ha limitado al Órgano Judicial, sino que ha acabado embarrando instituciones como el Ejército y la Policía, pero, sobre todo, al Fondo Indígena.

Lo sucedido en esta última entidad ha alcanzado niveles insospechados. Una dirigente campesina llegó a decir que los culpables fueron “los técnicos” por no haberles aconsejado bien el ma- nejo de los fondos de la institución. Este detalle nos debería servir de alarma.

Nos preguntamos si los que en el futuro aceptan manejar fondos públicos van a requerir de un entrenamiento previo y si la falta de consejos va a constituir un argumento suficientemente sólido para librar a todos de pena y culpa.

*    Es abogado, analista de la constitucionalidad y documentalista.

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