La Gaceta Jurídica

Estado Plurinacional “pluribloqueado”

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 20 de abril de 2012

No pasa prácticamente un día en que desde algún lugar del país nos enteramos que alguna organización o simplemente un grupo de vecinos o de ciudadanos están ejercitando “su derecho” al bloqueo, puede ser de una calle, avenida, plazuela en una determinada ciudad o, más grave, de alguna carretera.

Hay, sobretodo, dos aspectos que hacen aún más preocupante el panorama. El primero que los ciudadanos que se convierten en “bloqueadores” están convencidos de que no hacen nada ilegal con ésa actitud y que, por el contrario, los amparan nuestras leyes. El otro, que, como tales bloqueos se han repetido hasta el cansancio, el común de la ciudadanía que no participa de los mismos ha acabado por considerarlos parte de su vida diaria. O sea, terminó por acostumbrarse, mejor dicho, por resignarse.

Pero, hagamos un análisis para ver hasta qué punto es evidente lo que ahora varios medios de comunicación afirman en sentido de que tanto la huelga como el bloqueo, una de sus expresiones o excesos más comunes, están amparados por disposiciones de la Constitución Política del Estado (cpe).

Se cita el artículo 53 de la Constitución en vigencia, que dice: “Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, DE ACUERDO A LEY”.

O sea, no se trata de ninguna manera, como en tantos otros casos, de un derecho cuyo ejercicio es ilimitado e irrestricto. Por eso mismo, la propia Constitución dice “DE ACUERDO A LEY”. Respecto de este caso, es bueno hacer notar algo que también se pasa de largo porque nadie cumple y es la misma ley.

En el caso concreto, es frecuente escuchar a las autoridades del Gobierno decir “esta huelga es ilegal” y “se ha de proceder a los descuentos por cada día no trabajado”. Nos preguntamos si ¿desde hace muchísimos años ha existido alguna huelga LEGAL? Ninguna organización sindical, antes de declarar la huelga cumple ni por asomo los requisitos que exige la Ley General del Trabajo. Aquellos han sido siempre ignorados y para disponer un paro o una huelga simplemente se necesita la resolución de una asamblea de empleados o de trabajadores, convocada para el efecto. Lo demás, es lo de menos.

Vaya uno a saber por qué se mantienen en vigencia, disposiciones legales que nadie cumple. Es decir, la primera conclusión es que todas las huelgas en este país son ilegales. Otra cosa es que los gobernantes declaran formalmente aquella calidad cuando los huelguistas no están de su lado o cuando la huelga respectiva les resulta particularmente molesta.

El inciso 7 del artículo 21 de la misma Constitución también protege el derecho a la libre circulación (esto en cuanto a las numerosas marchas), pero se supone que mientras aquellas no afecten otros derechos.

Es bueno también analizar el tratamiento que establece nuestra normativa en cuanto a considerar a los repetidos bloqueos y otros casos dentro del campo de los hechos ilícitos. En definitiva, ¿qué indica al respecto el Código Penal? El artículo 213 de este Código establece: “El que por cualquier medio impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los TRANSPORTES PÚBLICOS por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años”.

El artículo 303 dispone: “El que impidiera, obstaculizare o restringiere LA LIBERTAD DE TRABAJO, PROFESIÓN U OFICIO, COMERCIO O INDUSTRIA, incurrirá en reclusión de uno a tres años”.

¿No son estos casos los que resultan claramente identificados por los bloqueos y otros excesos que contemplamos todos los días?No es evidente, por lo tanto, lo que se viene sosteniendo. O sea que la Constitución al “proteger” la huelga se coloca por encima del Código Penal, de tal forma que este último queda prácticamente a un lado.

Sostener semejante herejía es no haber comprendido los alcances ni del texto constitucional ni de la Ley Penal. Ya lo hemos destacado y lo repetimos, la huelga no es ningún derecho irrestricto en su cotidiano ejercicio y, en cuanto a los bloqueos como medidas de fuerza “legítimas” y complementarias de la protesta, nadie podrá creer que éstos forman parte de nuestra normativa, la misma que supuestamente no solo consagraría su vigencia, sino que, además, acabaría estableciendo una especie de reglamentación de los bloqueos.

Éstos, sencillamente, no solo que son ilegales como lo acabamos de demostrar, sino que, al mismo tiempo, forman parte de la tipificación de los DELITOS. ¿Acaso aquellos no IMPIDEN, PERTURBAN O PONEN EN PELIGRO LA SEGURIDAD O LA REGULARIDAD DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS?

La tipificación que hace el Código Penal, no deja lugar a ninguna duda, es absolutamente clara y contundente.

Luego de estas observaciones, cabe preguntarse en consecuencia, ¿por qué nadie reprime los delitos que se cometen todos los días? ¿Por qué no intervienen los organismos gubernamentales para combatir aquellos y erradicarlos?

La respuesta a esta interrogante no es tan fácil y nos podría llevar a otro trabajo, al menos similar al presente, no obstante, adelantemos algunos criterios. Fundamentalmente el gobierno no interviene porque es débil (éste y los anteriores). Teme comprometerse, teme perder apoyo de los sectores (o movimientos, como se llaman ahora). Y, a partir del ejemplo de la marcha del Tipnis, añadimos que cuando se decide intervenir, se lo hace por razones políticas.

En consecuencia, se interviene cuando no se debía y con una fuerza irracional. O sea, se mete la pata. Con tal “modelo” de intervención, ¿qué otras autoridades van a animarse a acabar con un bloqueo? En consecuencia, solo nos queda sumarnos al muy numeroso grupo de ciudadanos que conforman la legión de “acostumbrados” o “resignados”. Amén.

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